La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la prórroga de la medida cautelar que impide avanzar, durante seis meses, con la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. El tribunal rechazó los recursos presentados por el Estado Nacional y por la propia entidad bancaria, y ratificó así la decisión adoptada en primera instancia por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
La resolución mantiene vigente una protección judicial cuyo objetivo es preservar la situación actual del banco mientras continúa el trámite de la causa principal. La Cámara consideró que no se modificaron las circunstancias que habían justificado el dictado de la cautelar y sostuvo que, por el momento, no existen elementos suficientes para dejarla sin efecto.
Una suspensión que se extiende desde marzo de 2025
La medida cautelar original fue concedida el 13 de marzo de 2025. Posteriormente, el 10 de marzo de este año, Ramos Padilla resolvió extender su vigencia por otros seis meses. Tanto el Estado como el Banco Nación apelaron esa decisión, pero sus planteos fueron desestimados por la Cámara Federal de La Plata.
Los recurrentes argumentaron que la normativa aplicable solo habilitaría una única prórroga y cuestionaron la existencia de los requisitos necesarios para sostener una medida de este tipo. En particular, señalaron que no estaría acreditada la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora ni un peligro concreto derivado de la demora judicial.
También sostuvieron que la cautelar paraliza una política institucional de modernización del banco. Desde esa perspectiva, la suspensión impediría implementar una modificación jurídica que el Poder Ejecutivo considera necesaria para ampliar las herramientas de gestión, mejorar la capacidad de financiamiento y adaptar la estructura del BNA a las condiciones de competencia del sistema financiero.
El tribunal avaló la continuidad de la protección
Al rechazar las apelaciones, la Cámara señaló que la jurisprudencia vigente no establece un límite rígido a la cantidad de prórrogas posibles. Según el criterio adoptado, una medida cautelar puede extenderse sucesivamente cuando persista la necesidad de garantizar la finalidad para la que fue concedida, siempre que la decisión se encuentre debidamente fundamentada.
Los jueces citaron como respaldo un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y doctrina jurídica que admite la prolongación de medidas provisionales cuando el proceso principal aún no ha concluido y subsisten las condiciones que motivaron su dictado.
La resolución descartó, además, que la parte actora hubiera utilizado la cautelar para obtener anticipadamente el mismo resultado que podría alcanzar mediante una sentencia definitiva. “En la medida en que no se advierte una demora que exceda lo razonable en el trámite de la causa principal, no es posible concluir que la conducta de la parte actora haya sido negligente o dilatoria”, afirmó el tribunal.
La Cámara añadió que el Estado y el BNA no presentaron argumentos o circunstancias de suficiente entidad para modificar el mandato cautelar. También consideró que varios de los cuestionamientos formulados ya habían sido analizados en pronunciamientos anteriores, cuando se rechazaron las apelaciones contra el otorgamiento inicial de la medida y contra su primera prórroga.
Qué busca modificar el decreto 116/2025
La conversión impulsada por el Gobierno se encuentra prevista en el decreto 116/2025. La iniciativa no supone, según sus fundamentos, que el Banco Nación deje de ser una entidad pública. La modificación apunta a cambiar su régimen jurídico, actualmente asociado al esquema de Sociedad del Estado, para otorgarle una estructura de sociedad anónima.
El decreto sostiene que el régimen de entidad autárquica limita la capacidad del banco para competir en igualdad de condiciones con otras instituciones financieras. Entre las restricciones mencionadas figuran el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, la posibilidad de diseñar estrategias comerciales más dinámicas y la adopción de mecanismos de gobierno corporativo considerados más ágiles.
El Poder Ejecutivo afirma que la transformación permitiría profesionalizar la administración, incorporar prácticas internacionales de transparencia, eficiencia y control, y mejorar la asignación de recursos. También plantea que una estructura societaria distinta ampliaría la capacidad de capitalización y fortalecería la posición competitiva del banco, con eventuales beneficios para sus clientes y para la actividad económica.
La norma, sin embargo, no elimina por sí misma el carácter público de la entidad. La diferencia central radica en el régimen legal aplicable y en las herramientas disponibles para su gestión. Esa distinción resulta relevante en el debate judicial y político, porque la conversión jurídica es presentada por el Gobierno como una reforma operativa, mientras que sus críticos la vinculan con un posible cambio futuro en la composición o en el control del banco.
El argumento oficial sobre capitalización y riesgos
Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la figura de Sociedad del Estado puede generar distorsiones en el funcionamiento del banco. Según esa posición, el régimen permitiría atravesar procesos de descapitalización con una exposición al riesgo de incumplimiento que no sería equivalente a la de otras entidades, lo que podría derivar en la necesidad de que el Estado continúe aportando fondos incluso frente a situaciones de ineficiencia.
La administración nacional vincula, por esa razón, la reforma jurídica con una mayor disciplina financiera y con la posibilidad de ordenar la estructura de capital del BNA. La cautelar impide avanzar por ahora con ese proceso, pero la decisión de la Cámara no resuelve el fondo de la controversia ni determina si la transformación es constitucional o legalmente válida.
La causa continuará en trámite ante la Justicia Federal, mientras permanece vigente la suspensión por el plazo establecido. El próximo debate estará concentrado en la resolución definitiva sobre la procedencia de la conversión y en el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de una institución financiera pública de alcance nacional.
