La columna publicada el 20 de agosto de 2026 bajo el título “La lista persecutoria” utiliza el humor sexual, la digresión literaria y la referencia cinematográfica para llegar a un asunto político concreto: la decisión de la llamada 4T de exhibir una relación de críticos, presentada por el autor como una herramienta de hostigamiento semejante a las listas impulsadas durante el macartismo. El texto no ofrece nombres, documentos, fechas precisas ni una descripción verificable del mecanismo institucional utilizado. Su valor informativo, por tanto, no reside en una denuncia documental exhaustiva, sino en señalar un cambio de clima público: la crítica política deja de ser respondida únicamente con argumentos y comienza a ser tratada como una identidad que puede ser señalada.
La estructura del artículo es deliberadamente oblicua. Comienza con dos chistes sobre insinuaciones sexuales, continúa con una traducción libre de William Wordsworth, recuerda la película Esplendor en la hierba, menciona la conducta de Elia Kazan ante el Comité de Actividades Antiamericanas y evoca la fama erótica de Warren Beatty y John Barrymore. Después de ese recorrido, el autor explica el origen de la expresión “viejo verde” y termina con una anécdota sexual protagonizada por un personaje identificado como don Algón. El procedimiento puede parecer caprichoso, pero cumple una función: la columna presenta la persecución política como una forma de degradación del debate, comparable al desplazamiento del lenguaje racional hacia la burla, la insinuación y el señalamiento personal.
El núcleo político merece separarse de la envoltura satírica. Una lista de críticos puede tener efectos muy distintos según quién la elabore, con qué propósito, qué información contenga y qué consecuencias produzca. No es equivalente un registro periodístico de actores públicos, una relación de autores que han difundido una opinión, un inventario partidista o una base de datos utilizada para presionar a funcionarios, empresas y anunciantes. La frontera decisiva está entre la identificación legítima de posiciones públicas y la exposición intimidatoria de personas por sus ideas. El artículo sugiere que esa frontera fue cruzada, pero la ausencia de detalles impide medir con exactitud la dimensión del caso.
El problema no es la lista, sino el poder que la acompaña
La primera conclusión relevante es que el riesgo no depende únicamente del contenido de una lista, sino de la asimetría de poder entre quien señala y quien aparece señalado. Un listado publicado por un ciudadano puede ser desagradable, pero su alcance suele ser limitado. Una relación difundida por funcionarios, dirigentes partidistas o plataformas vinculadas con el Gobierno adquiere otra naturaleza: puede afectar contratos, acceso a fuentes, acreditaciones, campañas publicitarias, reputación profesional y seguridad personal. La misma frase cambia de significado cuando procede de una autoridad con capacidad de premiar y castigar.
En democracias con instituciones sólidas, la crítica a un Gobierno forma parte del funcionamiento ordinario del sistema. La autoridad puede responder con datos, aclaraciones, debates o acciones legales cuando exista una imputación concreta. Lo que no debería hacer es convertir la discrepancia en una categoría sospechosa. Cuando se presenta a periodistas, académicos, empresarios o ciudadanos como enemigos coordinados sin pruebas suficientes, se modifica el incentivo de todos los demás: muchos comienzan a autocensurarse, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque el costo de expresarla se vuelve incierto.
La lógica es acumulativa. Una mención aislada puede producir una molestia temporal. Una lista repetida por funcionarios, cuentas partidistas y medios afines crea, en cambio, una etiqueta persistente. Las plataformas digitales amplifican ese efecto: el nombre de una persona puede quedar asociado durante años a términos como “traidor”, “corrupto” o “opositor”, aunque la acusación original nunca haya sido probada. La permanencia de los buscadores y la velocidad de las redes convierten una acción política de pocos minutos en un daño reputacional de larga duración.
La comparación con McCarthy exige precisión
La referencia a Joseph McCarthy y al “tiempo de canallas” tiene fuerza retórica porque recuerda un episodio en el que la acusación de simpatizar con el comunismo podía desencadenar investigaciones, despidos y exclusión social. Sin embargo, la analogía no debe utilizarse como atajo. El macartismo tuvo instituciones, audiencias, interrogatorios y consecuencias laborales concretas; no toda denuncia pública contemporánea posee esa misma escala. Comparar no significa equiparar. La utilidad de la referencia está en identificar un patrón: la construcción de un enemigo interno mediante listas, sospechas y presión pública.
El caso de Elia Kazan, mencionado en la columna, también introduce una tensión importante. Kazan cooperó con el Comité de Actividades Antiamericanas y proporcionó nombres de antiguos compañeros. Décadas después, su conducta continuó generando controversia. La lección no es que todo testimonio ante una autoridad sea ilegítimo, sino que las decisiones tomadas bajo presión política pueden producir daños que sobreviven al contexto inmediato. El debate público suele juzgar no sólo la veracidad de la información entregada, sino también la intención, el procedimiento y la relación de poder que la hizo posible.
En México, cualquier comparación histórica debe considerar las diferencias institucionales y sociales del presente. La polarización se desarrolla en un ecosistema híbrido: conferencias oficiales, noticiarios, redes sociales, cuentas anónimas, campañas de publicidad y grupos de simpatizantes operan simultáneamente. La presión no necesita adoptar la forma de una investigación formal. Puede manifestarse como una campaña coordinada de descrédito, una exclusión de entrevistas, una reducción de publicidad o amenazas dirigidas contra familiares. El daño se vuelve menos visible precisamente porque no siempre deja un expediente administrativo.
El humor como arma y como límite
La estrategia literaria de la columna plantea otra cuestión: ¿puede el humor denunciar una práctica intimidatoria sin reproducir la misma degradación que critica? El autor emplea chistes sexuales, alusiones explícitas y una anécdota protagonizada por un hombre mayor para ridiculizar la impotencia física y política. Ese recurso pertenece a una tradición satírica reconocible, pero también tiene costos. La exageración puede facilitar la lectura y atraer atención hacia el argumento central; al mismo tiempo, puede desplazar la discusión hacia el tono, la edad o la vida sexual de los personajes.
La sátira cumple una función periodística cuando revela una contradicción que el lenguaje oficial pretende ocultar. En este caso, la secuencia sobre el “viejo verde” busca presentar a un poder que presume vigor, pero evidencia debilidad cuando enfrenta la crítica. La metáfora es clara: quien necesita perseguir a sus adversarios quizá no controle completamente el debate que afirma dominar. No obstante, la sátira no sustituye la documentación. Si no se identifican la lista, sus autores, el canal de difusión y sus efectos, el lector puede entender la atmósfera de intimidación sin conocer el alcance real de los hechos.
Ahí aparece el primer límite profesional del texto. La libertad de opinión protege tanto la crítica mordaz como la defensa del Gobierno, pero el periodismo de investigación requiere distinguir hechos comprobados, interpretaciones y recursos retóricos. Una denuncia sobre hostigamiento debe responder preguntas básicas: ¿quién elaboró la relación?, ¿qué criterios se utilizaron?, ¿dónde se difundió?, ¿qué datos personales incluyó?, ¿hubo consecuencias verificables?, ¿qué funcionarios participaron?, ¿qué dijeron las personas señaladas? Sin esas respuestas, el artículo funciona mejor como advertencia editorial que como investigación concluida.
Periodistas, funcionarios y ciudadanos enfrentan costos distintos
Para los periodistas, una lista de críticos puede alterar la relación con sus fuentes y con sus propias redacciones. El profesional señalado puede recibir más atención pública, pero también quedar expuesto a campañas de hostigamiento. Los medios pequeños suelen estar en una posición más vulnerable que las grandes empresas: dependen de pocos anunciantes, tienen menos respaldo jurídico y cuentan con equipos reducidos para moderar ataques digitales. El efecto indirecto puede ser más importante que cualquier sanción formal: abandonar una investigación, suavizar un titular o evitar ciertos temas para no convertirse en el siguiente objetivo.
Los funcionarios enfrentan una tensión distinta. Tienen derecho a defender su reputación y a responder a acusaciones falsas, pero disponen de recursos institucionales que no están al alcance de un ciudadano común. Una réplica oficial puede convertirse en una campaña de señalamiento si utiliza datos personales, fotografías, archivos laborales o información fiscal fuera de contexto. La autoridad debe demostrar que su respuesta busca corregir una falsedad específica, no disciplinar a quien mantiene una postura incómoda.
La ciudadanía tampoco es un observador neutral. Las listas políticas ofrecen una sensación inmediata de claridad: dividen el escenario entre leales y adversarios, reducen discusiones complejas a identidades y permiten que los seguidores reconozcan rápidamente a los “propios” y a los “ajenos”. Esa simplificación es políticamente rentable, pero empobrece la deliberación. Además, convierte a los usuarios comunes en amplificadores de acusaciones que rara vez verifican. La responsabilidad no puede recaer únicamente en las autoridades; las plataformas, los medios y las audiencias también participan en la velocidad con que una etiqueta se transforma en castigo.
La disputa por la atención ya es parte del conflicto
El segundo punto de análisis es que estas listas funcionan como dispositivos de agenda. Aunque no generen una sanción jurídica, obligan a los críticos a responder sobre su pertenencia a un grupo, su financiamiento o sus vínculos personales. Cada minuto dedicado a desmentir una etiqueta es un minuto que no se dedica a discutir la política pública original. La controversia se desplaza del contenido de la crítica a la supuesta identidad moral de quien la formula.
Ese desplazamiento beneficia especialmente a los actores que controlan canales de comunicación masiva. Una acusación breve, repetida desde cuentas con gran alcance, puede superar en visibilidad a una investigación documentada. La economía de la atención premia la indignación y castiga la precisión. Por ello, el impacto de una lista no debe medirse sólo por el número de nombres publicados, sino por la cantidad de conversaciones que logra desviar y por la capacidad de sus promotores para imponer el marco interpretativo.
El tercer hallazgo es que la polarización convierte una herramienta excepcional en una rutina de gobierno o de oposición. Una vez que el señalamiento produce beneficios políticos, se vuelve tentador ampliarlo: primero se identifica a críticos profesionales; después, a organizaciones civiles, empresas, académicos o ciudadanos que compartieron una publicación. El criterio se vuelve elástico porque la finalidad no es establecer una responsabilidad concreta, sino reforzar la frontera entre el grupo gobernante y sus adversarios.
Qué debería ocurrir después de la denuncia
La respuesta institucional debería comenzar por la transparencia. Si existió una lista oficial o promovida por una autoridad, debe publicarse su origen, fundamento legal, finalidad, responsables y reglas de corrección. También debe aclararse si contiene datos personales y bajo qué justificación fueron difundidos. Los afectados deberían contar con un mecanismo rápido para solicitar rectificaciones, retirar información sensible y denunciar amenazas. Sin esos controles, la defensa de la libertad de expresión queda reducida a una declaración política.
Los medios tienen una obligación complementaria: verificar la existencia del documento, conservar copias para auditoría, entrevistar a quienes aparecen en él y distinguir entre una lista de opiniones y una acusación de conducta ilegal. Reproducir un señalamiento sin contexto puede ampliar el daño. La cobertura responsable no exige neutralidad artificial entre una autoridad y un individuo, pero sí exige describir con precisión qué se sabe, qué se infiere y qué permanece sin comprobar.
Las organizaciones de periodistas y universidades pueden contribuir mediante observatorios de hostigamiento que registren menciones oficiales, campañas coordinadas, amenazas y consecuencias laborales. Estos registros permitirían pasar de la percepción de un ambiente intimidatorio a una evaluación con indicadores: frecuencia de los ataques, duración de las campañas, alcance estimado, número de denuncias y casos de autocensura documentada. Sin medición, el debate queda atrapado entre la minimización de los defensores del Gobierno y la alarma de sus críticos.
El próximo escenario: más señalamiento, menos debate
La tendencia más probable es que las listas evolucionen hacia formatos digitales más difíciles de atribuir. En lugar de un documento único, podrían aparecer hilos, infografías, bases de datos informales y campañas de etiquetas coordinadas. Esa fragmentación complica la responsabilidad jurídica y facilita que cada actor niegue haber participado en el conjunto. También aumentará el uso de archivos antiguos, fotografías descontextualizadas y relaciones financieras presentadas como prueba de conspiración, aunque no demuestren una conducta ilícita.
El riesgo principal no es una censura directa y visible, sino la normalización de un entorno en el que criticar al poder exige asumir un costo personal impredecible. El silencio resultante puede confundirse con consenso. Una sociedad en la que nadie aparece públicamente para cuestionar una decisión no es necesariamente una sociedad convencida; puede ser una sociedad que ha aprendido a calcular el precio de hablar.
La columna de “La lista persecutoria” acierta al advertir que el señalamiento político tiene antecedentes históricos y consecuencias que exceden la coyuntura. Su debilidad está en que la denuncia queda envuelta en una cadena de humor y referencias que no aporta por sí misma las pruebas necesarias. La discusión pública debería conservar ambas dimensiones: la sátira puede revelar el abuso del poder, pero sólo la verificación permite establecer su alcance. El desafío inmediato consiste en impedir que una lista de adversarios se convierta en una forma habitual de administrar la discrepancia. Allí se decide si la crítica seguirá siendo un componente normal de la vida democrática o una actividad reservada para quienes puedan soportar el costo de ser marcados.
