La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en una fase en la que la diplomacia cotidiana puede ser tan determinante como los grandes anuncios políticos. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, defendió la estrategia mexicana con una idea central: el país está utilizando una presencia constante en Washington para intentar modificar decisiones arancelarias que considera desproporcionadas y preservar las ventajas de su relación comercial con Estados Unidos.
El funcionario afirmó que la delegación mexicana es “persistente, perseverante, paciente e insistente” y explicó que viaja cada semana a Estados Unidos para estar cerca del lugar donde se toman las decisiones. La imagen de un secretario que ya es reconocido en la entrada de los edificios oficiales resume una apuesta concreta: mantener abiertas las conversaciones mientras se negocia la revisión del tratado y evitar que nuevas medidas punitivas alteren el entorno comercial antes de que concluya el proceso.
La posición mexicana se articula alrededor de tres frentes. El primero es la reducción de los aranceles aplicados a los automóviles mexicanos, que Ebrard situó en 25 por ciento, frente a una tarifa de 15 por ciento para exportaciones automotrices de Japón, Corea del Sur, Alemania y Marruecos. El segundo es el gravamen de 50 por ciento sobre el acero. El tercero es la defensa de exportaciones agropecuarias y ganaderas, como el aguacate y el ganado, cuya continuidad ha quedado expuesta a decisiones administrativas, sanitarias y de seguridad.
La ventaja comercial que México intenta convertir en argumento
El dato más relevante presentado por Ebrard es que México mantiene, según sus cálculos, un arancel efectivo de 3.4 por ciento, inferior al que enfrentan otros grandes exportadores hacia Estados Unidos. Ese promedio puede funcionar como una herramienta política, pero no debe confundirse con la experiencia concreta de cada sector. Una cifra agregada oculta diferencias importantes entre productos, empresas y regiones: mientras algunas operaciones cumplen con las reglas de origen y reciben un trato preferencial, otras quedan expuestas a medidas sectoriales, investigaciones comerciales o decisiones presidenciales.
La comparación tiene, sin embargo, una lógica negociadora. México no está solicitando únicamente una excepción basada en la cercanía geográfica, sino un reconocimiento a la profundidad de la integración productiva norteamericana. Las plantas automotrices de los tres países comparten proveedores, plataformas, componentes y procesos logísticos. Un vehículo ensamblado en México puede incorporar piezas fabricadas en Estados Unidos y Canadá, cruzar varias veces la frontera y depender de insumos que no pueden sustituirse rápidamente sin elevar costos.
Desde esta perspectiva, gravar las exportaciones mexicanas no afecta solo al productor ubicado al sur de la frontera. También encarece componentes para fabricantes estadounidenses, presiona los precios al consumidor y reduce la competitividad de una cadena regional frente a Asia y Europa. La defensa mexicana busca convertir esa interdependencia en un argumento de reciprocidad: si Estados Unidos se beneficia de la red productiva norteamericana, la política arancelaria no debería tratar a México como un proveedor externo cualquiera.
La principal limitación de esta estrategia es que la racionalidad económica no siempre domina la política comercial estadounidense. Los aranceles pueden utilizarse para proteger empleos específicos, responder a presiones de congresistas o enviar señales a otros socios. Por ello, la existencia de una cadena integrada no garantiza por sí sola una reducción de tarifas. México necesita demostrar que el costo de mantenerlas supera el beneficio político de aplicarlas.
El automóvil concentra el conflicto más sensible
La industria automotriz es el punto donde la discusión arancelaria puede adquirir mayor impacto económico. México es una plataforma exportadora integrada a compañías estadounidenses, europeas y asiáticas. Una tarifa de 25 por ciento modifica los costos de los vehículos, afecta los márgenes de las empresas y puede alterar decisiones de inversión sobre nuevos modelos, motores, baterías y componentes eléctricos.
El reclamo de un descuento por parte de México se apoya en un argumento comercial específico: el país compra más mercancías automotrices de Estados Unidos que los países comparados por la Secretaría de Economía. La tesis es que el tratamiento arancelario debería considerar no solo el valor de las exportaciones mexicanas, sino también el tamaño del mercado bilateral y los beneficios que las empresas estadounidenses obtienen de las ventas al mercado mexicano.
Ese planteamiento puede ser persuasivo, aunque abre una discusión incómoda. La política comercial rara vez se define únicamente con base en el déficit o superávit de un sector. Estados Unidos puede evaluar la balanza total, el contenido nacional, el origen de los componentes, la competencia tecnológica y el impacto sobre sus trabajadores. Además, si Washington concede una reducción específica a México, otros países podrían exigir un trato similar, lo que complica la administración política del sistema.
El riesgo inmediato para las compañías es la incertidumbre. Incluso cuando el arancel efectivo promedio parece manejable, una empresa debe decidir con anticipación dónde localizar una planta que operará durante décadas. Si las reglas cambian con frecuencia, el costo financiero de invertir en México aumenta, porque los proyectos deben incorporar escenarios de tarifas, retrasos aduaneros y posibles restricciones de contenido. La incertidumbre puede frenar nuevas inversiones sin necesidad de que una sola planta cierre.
El primer punto de análisis es, por tanto, que la persistencia diplomática tiene un valor defensivo, pero no sustituye una arquitectura industrial más resistente. México puede obtener una concesión temporal y aun así conservar una vulnerabilidad estructural si su sector automotriz depende de decisiones estadounidenses sobre tecnología, baterías, minerales críticos o reglas de origen. La negociación arancelaria debe vincularse con una estrategia de mayor contenido regional, proveedores nacionales más sólidos y capacidad para participar en la transición hacia vehículos eléctricos.
Acero: la contradicción entre el déficit y el arancel
En el caso del acero, Ebrard cuestionó la aplicación de un arancel de 50 por ciento argumentando que México mantiene un déficit comercial con Estados Unidos. El razonamiento es directo: si México compra más acero y productos estadounidenses de los que vende en ese rubro, resulta difícil justificar que sus exportaciones sean tratadas como una amenaza para la industria norteamericana.
La controversia revela una diferencia entre la lógica bilateral y la lógica de seguridad económica que suele emplear Washington. Un déficit comercial no impide que un país sea considerado un riesgo para determinadas cadenas productivas. Las autoridades estadounidenses pueden alegar exceso de capacidad mundial, triangulación de mercancías, dependencia de insumos extranjeros o necesidad de proteger sectores estratégicos. En ese marco, la relación comercial total deja de ser el único criterio.
Para la siderurgia mexicana, un arancel de esa magnitud puede provocar una caída abrupta de competitividad. Las empresas exportadoras enfrentan la disyuntiva de absorber el costo, trasladarlo al comprador estadounidense o redirigir mercancías a otros mercados. Las tres opciones tienen consecuencias: la primera reduce rentabilidad, la segunda puede disminuir la demanda y la tercera suele exigir descuentos logísticos y comerciales.
También existe un efecto sobre industrias consumidoras de acero, como la construcción, la fabricación de maquinaria, los electrodomésticos y el transporte. Si el acero mexicano deja de entrar en condiciones competitivas, los compradores estadounidenses deberán buscar alternativas, pero no necesariamente más baratas. México, por su parte, podría terminar con capacidad instalada ociosa, menor inversión y presión sobre regiones industriales donde la siderurgia sostiene empleos directos e indirectos.
La segunda conclusión es que el conflicto del acero no se resolverá solamente con una comparación de aranceles. México tendrá que ofrecer trazabilidad verificable sobre el origen de los insumos, información precisa de capacidad productiva y mecanismos que permitan a Estados Unidos distinguir entre producción mexicana y mercancías que solo transitan por el territorio nacional. La cooperación aduanera y estadística puede ser tan importante como la argumentación diplomática.
La negociación también se libra en el aguacate y el ganado
La intervención de la Secretaría de Economía para reanudar las exportaciones de aguacate y normalizar el comercio de ganado muestra que la agenda del T-MEC no se limita a las tarifas formales. Las cadenas agroalimentarias dependen de autorizaciones sanitarias, inspecciones, seguridad de los funcionarios y decisiones operativas que pueden detener el comercio en cuestión de horas.
Una pausa en las exportaciones de aguacate puede afectar a productores, empacadores, transportistas, jornaleros y distribuidores. La mercancía es perecedera, de modo que el costo de una interrupción no se parece al de un retraso en bienes industriales almacenables. Cada día sin embarques puede traducirse en pérdidas, saturación de inventarios y deterioro de relaciones con compradores. Para los consumidores estadounidenses, una restricción prolongada puede elevar precios y reducir la disponibilidad, especialmente cuando el producto mexicano domina buena parte del abastecimiento.
El episodio del ganado, relacionado con la plaga del gusano barrenador, expone otro problema: las medidas sanitarias legítimas pueden transformarse en barreras comerciales si no existen protocolos transparentes para determinar cuándo se suspenden y cuándo se levantan. Estados Unidos tiene el derecho de proteger su sanidad animal; México, al mismo tiempo, necesita procedimientos previsibles, basados en evidencia y aplicados de forma proporcional.
La posición de los productores mexicanos es comprensible: necesitan continuidad, plazos claros y canales de respuesta rápidos. Las autoridades estadounidenses, en cambio, priorizan la bioseguridad y la capacidad de controlar riesgos antes de autorizar el ingreso de mercancías. Los consumidores y distribuidores quedan atrapados entre ambos intereses, porque absorben el impacto de la escasez o de los costos adicionales.
Persistencia diplomática frente a presión política
La estrategia de Ebrard tiene una ventaja que no debe subestimarse. La presencia semanal permite explicar matices, corregir información y reaccionar antes de que una propuesta se convierta en una decisión definitiva. En una relación donde intervienen la Casa Blanca, el Congreso, agencias regulatorias, gobiernos estatales y empresas privadas, la negociación no ocurre en una sola mesa. La diplomacia constante ayuda a identificar qué actor puede destrabar cada problema.
Pero la misma estrategia tiene límites institucionales. Si la defensa comercial depende demasiado de la intervención personal de un funcionario, el proceso puede perder continuidad ante un cambio de gabinete, una crisis política o una modificación de prioridades en Washington. La persistencia debe convertirse en capacidad permanente: equipos técnicos, mecanismos de consulta, datos compartidos y coordinación con el sector privado.
Las empresas también tienen una responsabilidad. Durante años, muchas compañías aprovecharon la proximidad con Estados Unidos sin desarrollar suficiente diversificación de mercados ni proveedores alternativos. La presión arancelaria obliga a revisar esa dependencia. Las grandes multinacionales pueden redistribuir producción, pero las pequeñas y medianas empresas tienen menos capital para absorber cambios, certificar procesos o abrir nuevos canales de exportación.
La tercera idea es que la revisión del T-MEC funcionará como una prueba de madurez para la política industrial mexicana. Si el país solo busca conservar el acceso actual, quedará expuesto a futuras medidas unilaterales. Si utiliza la negociación para elevar estándares, ampliar proveedores nacionales, fortalecer infraestructura fronteriza y desarrollar sectores estratégicos, la presión externa puede convertirse en un incentivo para mejorar la posición productiva.
El escenario que se abre hacia la revisión
El escenario más favorable consiste en acuerdos sectoriales que reduzcan la presión sobre automóviles y acero, mantengan abiertos los canales agropecuarios y eviten una escalada de represalias. En ese caso, México conservaría una ventaja frente a exportadores no integrados en América del Norte y las empresas obtendrían mayor certidumbre para invertir.
Un escenario intermedio contempla la permanencia de aranceles elevados en sectores específicos, pero con excepciones para empresas que cumplan reglas estrictas de origen, trazabilidad y contenido regional. Esta fórmula daría alivio a los productores más integrados, aunque aumentaría los costos administrativos y dejaría en desventaja a compañías pequeñas que no puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos.
El escenario adverso aparecería si la revisión se mezcla con disputas sobre migración, seguridad, energía o cumplimiento regulatorio. En ese caso, los aranceles podrían convertirse en instrumentos de presión ajenos al desempeño comercial de cada sector. Una respuesta mexicana basada exclusivamente en represalias podría perjudicar a consumidores y exportadores de ambos países, especialmente si se interrumpen cadenas de suministro que no tienen sustitutos inmediatos.
La incertidumbre constituye el riesgo transversal. Las decisiones de inversión, contratación y abastecimiento se toman con horizontes más largos que los ciclos políticos. Si las compañías perciben que el acceso al mercado estadounidense depende de negociaciones semanales y no de reglas estables, pueden retrasar proyectos, trasladar parte de la producción o exigir mayores garantías. El costo acumulado podría ser superior al de cualquier arancel puntual.
México todavía conserva cartas importantes: su cercanía logística, la integración manufacturera, el peso de sus importaciones estadounidenses y la capacidad de sus trabajadores y empresas para operar cadenas complejas. Sin embargo, esas ventajas requieren una estrategia que combine diplomacia, transparencia y transformación productiva. La insistencia de la Secretaría de Economía puede abrir puertas, pero el resultado dependerá de que el país logre demostrar que una relación comercial estable no es una concesión para México, sino una condición de competitividad para toda Norteamérica.
