La acusación formulada por Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), desplaza el centro de la controversia sobre el convenio de colaboración con la empresa israelí Mekorot. La discusión ya no se limita a determinar qué implicaba el acuerdo para el agua de Chihuahua, sino que incorpora una disputa por la autoría política de las pintas realizadas principalmente en Palacio de Gobierno, el alcance de la protesta y la responsabilidad de las instituciones que administran los acuíferos.
Mata sostuvo que Morena estuvo detrás de los daños y calificó la movilización como “100 por ciento partidista”. También afirmó que los manifestantes debieron dirigir sus reclamos contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo federal que controla los acuíferos de los que depende el abastecimiento estatal, o contra los senadores oficialistas, a quienes correspondería promover una eventual ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. La imputación, sin embargo, fue presentada como una valoración política, no acompañada en la información disponible por pruebas públicas que identifiquen a los responsables materiales de las pintas.
El convenio que concentra una disputa más amplia
El funcionario aseguró que el acuerdo con Mekorot no comprometió el agua de Chihuahua, no produjo un solo contrato y no derivó en obras ejecutadas por empresas israelíes. Añadió que la JCAS no mantiene actualmente trabajos con compañías de ese país y que existen más de 60 convenios semejantes suscritos por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, municipios y la propia Conagua.
Estos datos son relevantes, pero no resuelven por sí mismos la desconfianza social. La ausencia de contratos o de obras concretas puede demostrar que el convenio no se tradujo, hasta ahora, en una transferencia operativa del control del agua. No elimina, en cambio, las preguntas sobre su objeto, duración, compromisos institucionales, costos, intercambio de información, mecanismos de supervisión y eventuales efectos futuros. En asuntos hídricos, un acuerdo preliminar puede ser políticamente sensible incluso antes de producir una obra, porque establece una relación, orienta decisiones técnicas y puede abrir la puerta a contrataciones posteriores.
La comparación con otros 60 acuerdos también requiere precisión. Que existan convenios similares no significa que todos tengan el mismo contenido, las mismas obligaciones ni el mismo nivel de transparencia. Un acuerdo académico para intercambiar conocimientos no equivale necesariamente a una consultoría para planificar infraestructura, administrar datos sobre acuíferos o diseñar políticas de abastecimiento. La analogía puede servir para contextualizar, pero no sustituye la publicación íntegra de los documentos y su revisión independiente.
La controversia revela una primera conclusión: el problema central no es únicamente la empresa involucrada, sino el déficit de confianza que rodea la toma de decisiones sobre un recurso estratégico. Cuando una autoridad responde principalmente con argumentos de pertenencia partidista, corre el riesgo de confirmar la percepción de que el convenio se defiende desde la confrontación política y no desde la rendición de cuentas técnica.
El mapa real de responsabilidades está fragmentado
La explicación de Mata sobre las atribuciones de Conagua introduce un elemento que puede mejorar el debate. El suministro de agua de Chihuahua no depende de una sola oficina. La Federación interviene en la administración de las aguas nacionales y los acuíferos; el estado coordina políticas y organismos; los municipios participan en la prestación de servicios; y las juntas operadoras enfrentan la tarea cotidiana de extraer, conducir, potabilizar y distribuir el agua.
Esa arquitectura institucional genera una paradoja. La autoridad que tiene mayor visibilidad ante los usuarios no siempre controla las decisiones estructurales que condicionan la disponibilidad del recurso. Una familia que recibe agua de manera irregular identifica el problema con la junta local, aunque la sobreexplotación de un acuífero, la asignación de derechos, la falta de inversión o la contaminación puedan tener causas federales, estatales y municipales combinadas.
Por eso, trasladar toda la responsabilidad hacia Conagua tampoco basta. La JCAS puede no controlar directamente los acuíferos, pero sí participa en la planeación, la gestión de servicios, la selección de asesorías y la comunicación pública. Si la población cuestiona un convenio firmado o impulsado por una institución estatal, tiene derecho a pedir explicaciones a esa institución, incluso cuando la decisión se relacione con competencias federales.
La exigencia de que los manifestantes reclamen a los senadores oficialistas una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel lleva la discusión a otro terreno. Una protesta local contra un convenio de cooperación hídrica no necesariamente plantea una ruptura de relaciones entre Estados. Mezclar ambas escalas puede convertir un reclamo sobre transparencia, soberanía o gestión del agua en una disputa geopolítica difícil de resolver. El argumento de Mata identifica una dimensión internacional del caso, pero no responde a la pregunta inmediata: qué información recibió la ciudadanía y bajo qué condiciones se aprobó el acuerdo.
La cifra de cobertura no mide por sí sola el servicio
Mata afirmó que entre 9.4 y 9.5 de cada diez habitantes de Chihuahua cuentan con agua potable en sus viviendas. La cifra equivale aproximadamente a una cobertura de entre 94 y 95 por ciento, un indicador importante para dimensionar el acceso, pero insuficiente para evaluar la calidad integral del servicio. Tener una conexión domiciliaria no garantiza que el agua llegue todos los días, que sea segura, que tenga presión adecuada o que el costo sea accesible.
Los indicadores de cobertura suelen ocultar diferencias territoriales. Las zonas urbanas consolidadas pueden presentar porcentajes altos mientras comunidades rurales, asentamientos periféricos o colonias con infraestructura envejecida enfrentan tandeos y suministro mediante pipas. También pueden esconder una brecha entre conexión formal y continuidad efectiva. Para el usuario, la pregunta no es sólo si existe una tubería, sino cuántas horas recibe agua, qué calidad tiene y cuánto debe gastar para complementar el suministro.
La cifra ofrecida por la JCAS puede ser útil si se acompaña de datos verificables: metodología, año de medición, municipios incluidos, continuidad promedio, calidad bacteriológica y fisicoquímica, pérdidas en la red y porcentaje de agua no contabilizada. Sin esa información, el indicador funciona más como argumento político de defensa institucional que como diagnóstico completo.
Esta diferencia tiene consecuencias prácticas. Si la autoridad responde a una protesta por un convenio internacional con el porcentaje de viviendas conectadas, puede estar utilizando un dato correcto para contestar una pregunta distinta. La cobertura permite valorar el alcance del servicio, pero no prueba que el modelo de gestión sea sostenible ni que la cooperación con Mekorot carezca de riesgos o beneficios. El debate necesita conectar la estadística de acceso con el estado de los acuíferos, la eficiencia de las redes y la capacidad financiera de los organismos operadores.
Dos lecturas enfrentadas sobre las pintas
Para la JCAS, los daños en Palacio de Gobierno desacreditan una movilización que, a su juicio, fue utilizada con fines partidistas. La decisión de reparar las superficies y no presentar una denuncia busca evitar una escalada judicial, pero deja abierta una tensión: el Estado debe proteger los edificios públicos y documentar los daños, al mismo tiempo que debe garantizar que la investigación de posibles responsabilidades no se convierta en una acusación política sin sustento.
Desde la perspectiva de los manifestantes, las pintas pueden ser interpretadas como una forma de visibilizar un rechazo que consideran ignorado por las vías institucionales. Esa lectura no elimina la obligación de respetar el patrimonio público ni justifica actos que afecten a trabajadores o terceros, pero ayuda a entender por qué una protesta hídrica adquiere un componente simbólico tan fuerte cuando se realiza en la sede del poder estatal. Palacio de Gobierno representa para los inconformes al gobierno que suscribió o defendió el convenio, aunque las competencias legales estén repartidas entre varios niveles.
La atribución directa a Morena añade un riesgo democrático. Si existen evidencias, deberían hacerse públicas y ser sometidas a una investigación imparcial. Si no existen, la acusación puede profundizar la polarización y desviar la atención del contenido del convenio. Las protestas pueden tener respaldo partidista sin que cada participante actúe por instrucciones de un partido; de la misma manera, una movilización con presencia de militantes no pierde automáticamente legitimidad ciudadana. La cuestión relevante es distinguir organización política, participación social y responsabilidad individual por daños.
También hay una dimensión económica. Reparar pintas en un edificio público representa un costo menor frente a una obra hidráulica, pero su importancia institucional no es trivial. Si los daños se normalizan, aumentan los costos de mantenimiento y se deteriora la relación entre autoridades y ciudadanía. Si la respuesta oficial estigmatiza toda protesta, se reduce el espacio para expresar desacuerdos sobre políticas públicas antes de que se conviertan en conflictos mayores.
La verdadera prueba será la transparencia operativa
La primera propuesta de fondo que surge de este episodio es separar el debate ideológico de la evaluación técnica. La JCAS y las autoridades estatales deberían publicar el convenio completo, sus anexos, actas de aprobación, obligaciones para cada parte, vigencia, fuentes de financiamiento, cláusulas de confidencialidad y cualquier informe producido a partir de la cooperación. También sería conveniente precisar si se entregaron bases de datos sobre acuíferos, infraestructura, consumo o usuarios, y bajo qué reglas de protección y uso.
La segunda consiste en someter cualquier proyecto derivado del acuerdo a una evaluación independiente. Si no existe ningún contrato, la autoridad puede demostrarlo mediante registros de adquisiciones, cuentas públicas y plataformas de transparencia. Si en el futuro se plantea una obra o consultoría, debería publicarse la justificación técnica, el proceso de contratación, los indicadores de desempeño y los mecanismos para evitar dependencia tecnológica o financiera. La referencia a los 60 acuerdos existentes puede convertirse en una oportunidad para crear un inventario nacional comparable, no sólo en una defensa discursiva.
La tercera es establecer una mesa pública de seguimiento con participación de universidades, especialistas en agua, organizaciones comunitarias, municipios y usuarios. Su función no debería ser aprobar decisiones partidistas, sino revisar información, evaluar resultados y advertir sobre impactos. Un órgano de ese tipo permitiría abordar preguntas que una conferencia de prensa no puede resolver: cuánto cuesta cada acción, qué problema del sistema atiende, qué alternativas fueron descartadas y quién asume la responsabilidad si el proyecto falla.
Estas medidas no implican aceptar las acusaciones contra la JCAS ni asumir que toda cooperación con una empresa extranjera amenaza la soberanía. La tecnología y la experiencia internacional pueden aportar soluciones, especialmente en regiones con estrés hídrico. Pero la cooperación sólo gana legitimidad cuando se comprueba que mejora la eficiencia, reduce pérdidas, protege los acuíferos y no sustituye la capacidad pública de decidir.
Chihuahua enfrenta una disputa que puede repetirse
El episodio probablemente no terminará con la reparación de las pintas. El agua seguirá siendo un tema de alta rentabilidad política porque combina escasez, desigualdad territorial, costos crecientes y una fuerte carga identitaria. En Chihuahua, cualquier acuerdo con una empresa extranjera vinculada a la gestión hídrica puede ser leído como una amenaza a la autonomía, aunque formalmente no transfiera derechos sobre el recurso. Esa percepción se intensificará si los documentos se conocen tarde o si la autoridad sólo responde después de una protesta.
En el corto plazo, es previsible que la oposición insista en solicitar información y que la JCAS trate de demostrar que el convenio fue inocuo y no generó obligaciones financieras. La discusión podría desplazarse hacia los archivos administrativos: fechas de firma, responsables, informes técnicos y posibles contactos con proveedores. Si aparecen contratos posteriores, la exigencia de trazabilidad será mayor; si no aparecen, la autoridad tendrá un argumento sólido para sostener que se trató de una cooperación sin efectos comerciales.
El principal riesgo es que el tema se reduzca a una batalla entre Morena y el gobierno estatal. Esa polarización puede impedir acuerdos mínimos sobre mantenimiento de redes, medición de consumos, recuperación de costos, protección de acuíferos y atención a comunidades con servicio irregular. Otro riesgo es la pérdida de confianza en la información oficial: cuando una cifra de cobertura se usa para cerrar una discusión más amplia, los usuarios pueden interpretar que sus experiencias cotidianas no son reconocidas.
Existe además un riesgo operativo de largo plazo. Si las autoridades buscan soluciones externas sin fortalecer simultáneamente a los organismos locales, pueden crear dependencia de consultores, sistemas o proveedores. Si, por reacción política, rechazan toda colaboración internacional, podrían desaprovechar conocimiento útil para reducir fugas, mejorar el tratamiento o administrar la demanda. El criterio no debería ser el origen nacional de la empresa, sino la evidencia de resultados, la protección del interés público y la capacidad del Estado para supervisar.
La controversia por Mekorot pone a prueba algo más profundo que un convenio: la capacidad de las instituciones para explicar cómo se toman decisiones sobre el agua y quién puede exigir cuentas. Las pintas deben repararse, y cualquier responsabilidad por daños debe determinarse con pruebas. Pero la respuesta institucional no puede detenerse allí. La salida sostenible pasa por abrir los documentos, distinguir competencias, verificar las cifras y construir una evaluación pública que permita saber si la cooperación mejora realmente el servicio o sólo alimenta una nueva disputa partidista.
