La reunión de Javier Lamarque Cano con alcaldes y dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en Sonora no fue un acto protocolario más dentro de una agenda partidista. Ocurrió en un momento particularmente sensible: el exalcalde con licencia de Cajeme participa en el proceso interno para definir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado, una posición que funcionará como plataforma política de cara a la elección de la gubernatura en 2027.
El encuentro reunió a presidentes y presidentas municipales emanados del PT, a integrantes de la dirigencia estatal y a dos figuras con peso propio dentro de la coalición oficialista: el senador morenista Heriberto Aguilar Castillo y Ramón Ángel Flores, diputado federal y dirigente estatal petista. La fotografía política es clara: Lamarque intenta mostrar que su aspiración no depende únicamente de Morena, sino que puede articular interlocución con otra fuerza relevante de la llamada Cuarta Transformación.
La pregunta central: ¿unidad real o negociación anticipada?
El discurso de Lamarque se apoyó en tres conceptos: unidad, organización territorial y diálogo entre partidos. En apariencia, son términos habituales en cualquier proceso interno. Sin embargo, adquieren un significado concreto en Sonora, donde la competencia de 2027 obligará a las fuerzas de la transformación a resolver, con anticipación, quién controla las estructuras municipales, cómo se distribuyen las candidaturas y qué liderazgo puede traducir una ventaja partidista en movilización electoral.
El aspirante sostuvo que las coincidencias políticas están por encima de las siglas y que el proyecto compartido coloca a la población en el centro de las decisiones. También llamó a continuar los recorridos por municipios, colonias y zonas rurales. Esa insistencia no es retórica menor. En elecciones estatales, la presencia territorial puede determinar la diferencia entre una candidatura con respaldo institucional y una candidatura capaz de movilizar votantes, representantes de casilla y redes comunitarias el día de la elección.
Pero la unidad no equivale automáticamente a consenso. Morena y el PT comparten alianzas electorales en distintos contextos, aunque también compiten por espacios, recursos políticos y capacidad de decisión. Los alcaldes petistas tienen incentivos para mantener una relación funcional con quien pueda encabezar el proyecto estatal, pero al mismo tiempo deben preservar su autonomía local y evitar quedar subordinados a una estructura morenista. La reunión, por tanto, puede leerse como una señal de cooperación, pero también como el inicio de una negociación sobre el poder territorial.
El dato político que cambia la lectura del encuentro
Lamarque no llegó a esta etapa como un dirigente externo al movimiento. Durante la reunión recordó su participación junto a Andrés Manuel López Obrador desde 2003, cuando ambos recorrieron distintas entidades para construir estructuras, promover la participación ciudadana y organizar una alternativa política desde las comunidades. También mencionó los recorridos posteriores a la elección de 2006, un periodo en el que el movimiento buscó sostenerse mediante actos públicos, colonias y comunidades antes de convertirse en Morena.
Ese antecedente cumple una doble función. Por un lado, presenta a Lamarque como un político con antigüedad dentro del proyecto, capaz de reivindicar una identidad política previa a los cargos actuales. Por otro, intenta diferenciarlo de perfiles cuya influencia se haya construido principalmente a partir de posiciones recientes en el gobierno o en el Congreso. En un proceso interno, la trayectoria puede convertirse en un argumento de legitimidad, especialmente si la competencia se define entre experiencia organizativa, popularidad y control de grupos locales.
La referencia histórica también contiene una apuesta estratégica: asociar la organización territorial con la autenticidad del movimiento. El mensaje implícito es que la transformación no debe reducirse a una marca electoral ni a acuerdos entre dirigencias. Debe sostenerse, según esta visión, en una red de comunidades y militantes. Esa narrativa puede ser atractiva para las bases, pero será evaluada por sus resultados: cuántos comités funcionan, qué capacidad de convocatoria tienen y si pueden operar más allá de los periodos de campaña.
Tres conclusiones que van más allá de la fotografía
La primera es que el PT aparece como un actor de negociación, no como un acompañante ornamental. La presencia de sus alcaldes y de su dirigente estatal indica que Lamarque busca construir una relación directa con quienes tienen capacidad de influencia en municipios. En los sistemas de coalición, los partidos pequeños o medianos pueden no controlar la mayoría del electorado, pero sí aportar candidaturas competitivas, operadores locales y votos decisivos en regiones específicas. Para Morena, mantener esa alianza puede ser importante; para el PT, participar en la definición del liderazgo puede aumentar su margen para negociar posiciones.
La segunda conclusión es que el territorio se está convirtiendo en el principal lenguaje de la competencia interna. No se habló únicamente de encuestas, posicionamiento público o acuerdos cupulares. Se habló de recorrer colonias, comunidades rurales y municipios. Esa elección discursiva sugiere que la disputa busca medirse también por la capacidad de presencia cotidiana. La lógica es sencilla: una estructura local permite detectar demandas, ordenar apoyos y responder con rapidez a conflictos; una candidatura visible pero sin organización puede tener dificultades para convertir reconocimiento en votos.
La tercera conclusión es que la sucesión de 2027 ya está afectando la administración política del presente. Lamarque participa como alcalde con licencia de Cajeme y ahora realiza actividades vinculadas con un proceso interno estatal. Aunque el encuentro fue presentado como diálogo político, cada aparición pública alimenta percepciones sobre el uso de redes institucionales, la continuidad de los equipos y la relación entre responsabilidades de gobierno y aspiraciones partidistas. La separación formal de funciones no elimina el escrutinio político sobre la forma en que se construye la candidatura.
Esta última tensión es especialmente relevante para la ciudadanía de Cajeme. La licencia abre espacio para que el aspirante se concentre en la competencia estatal, pero también coloca el desempeño del gobierno municipal bajo una lupa distinta. Si la población percibe que la agenda partidista desplaza los problemas locales, el costo puede recaer sobre Lamarque y sobre la coalición que pretende representar. En cambio, si la transición municipal mantiene estabilidad y resultados visibles, el proceso puede ser interpretado como una evolución ordenada de liderazgo.
El efecto sobre municipios y estructuras locales
Para los presidentes municipales del PT, la coordinación propuesta por Lamarque puede ofrecer ventajas prácticas. Una relación estrecha con el eventual liderazgo estatal permitiría canalizar demandas de infraestructura, seguridad, servicios públicos y gestión presupuestaria. También podría facilitar una defensa conjunta frente a decisiones del centro político. Sin embargo, esa cercanía implica riesgos: los alcaldes pueden quedar identificados con una corriente antes de que el proceso interno concluya y perder capacidad de maniobra si el resultado favorece a otro aspirante.
En las comunidades, la organización territorial tiene un valor adicional. Permite que los partidos conozcan problemas que no siempre aparecen en los informes oficiales: deficiencias de transporte, falta de agua, inseguridad en caminos rurales, dificultades para acceder a programas sociales o conflictos por servicios municipales. Si el diálogo anunciado produce mecanismos para registrar y resolver esas demandas, la cooperación partidista podría fortalecer la representación política. Si se limita a reuniones de apoyo, el concepto de “trabajo territorial” corre el riesgo de convertirse en una etiqueta electoral.
El caso de Sonora también muestra una característica frecuente de las coaliciones: la competencia no termina cuando los partidos acuerdan una alianza. Continúa dentro de los gobiernos municipales, en la selección de operadores, en el reparto de candidaturas y en la capacidad de cada organización para movilizar a sus bases. La coordinación entre Morena y PT puede mejorar la eficiencia electoral, pero también generar fricciones cuando dos estructuras reclamen representar a la misma comunidad o cuando sus prioridades locales no coincidan.
Lo que dicen las dirigencias y lo que queda pendiente
Desde la perspectiva de Morena, la participación de Heriberto Aguilar Castillo refuerza la idea de que Lamarque cuenta con interlocución dentro del partido y no está actuando únicamente como figura municipal. Para el PT, la presencia de Ramón Ángel Flores y de alcaldes emanados de sus filas permite mostrar que el partido conserva capacidad de decisión en el escenario estatal. Para Lamarque, ambas presencias ayudan a proyectar una imagen de amplitud y coordinación.
La ciudadanía, sin embargo, puede formular preguntas distintas. ¿Qué compromisos concretos surgieron de la reunión? ¿Habrá una agenda pública para los municipios gobernados por el PT? ¿Cómo se evitará que la estructura territorial se utilice sólo para promover una aspiración? ¿Qué criterios definirán la candidatura o coordinación estatal? La ausencia de respuestas precisas deja abierta la posibilidad de que el discurso de unidad sea interpretado como una etapa temprana de la competencia por el control político.
También existe una diferencia entre unidad partidista y unidad social. Un acuerdo entre dirigentes puede ordenar las estructuras electorales, pero no garantiza que los votantes compartan las prioridades de los partidos. Sonora enfrenta realidades regionales distintas entre Hermosillo, Cajeme, las zonas fronterizas, la sierra y las comunidades rurales. Una estrategia uniforme podría ser insuficiente. La organización que ignore esas diferencias puede producir una estructura formalmente amplia, pero políticamente débil.
El horizonte de 2027: más territorio, más escrutinio
El proceso interno en el que participa Lamarque se desarrolla con la gubernatura de 2027 como telón de fondo. A medida que avance, es probable que aumente la importancia de tres variables: la capacidad de mantener un frente unido entre Morena y PT, la evaluación pública de los gobiernos municipales asociados con la transformación y el método que se utilice para resolver la candidatura. Cada una puede modificar el equilibrio entre los aspirantes.
Un primer escenario sería la consolidación de una coalición territorial coordinada, con reglas claras y presencia compartida en municipios. En ese caso, el PT podría aportar estructura y candidaturas locales, mientras Morena conservaría la mayor capacidad de convocatoria partidista. Un segundo escenario sería una alianza formal acompañada de conflictos internos por candidaturas y espacios de gobierno. La unidad se mantendría en el discurso, pero la competencia se trasladaría a los comités municipales y a la selección de representantes.
El tercer escenario, menos visible pero relevante, es el desgaste por adelantamiento electoral. Si la ciudadanía percibe que los funcionarios y partidos están más concentrados en la sucesión que en resolver problemas inmediatos, la ventaja de la estructura puede transformarse en rechazo. La experiencia política de Lamarque y su vínculo histórico con López Obrador pueden fortalecer su perfil entre militantes, pero no sustituyen la necesidad de demostrar resultados administrativos y capacidad para responder a las demandas actuales.
Los riesgos de convertir la organización en maquinaria
El principal riesgo es que el trabajo territorial sea entendido exclusivamente como movilización electoral. Cuando las comunidades son visitadas sólo para obtener respaldo, la relación se vuelve transaccional y pierde credibilidad. El segundo riesgo es la concentración de decisiones en las dirigencias. Una coordinación excesivamente vertical puede facilitar mensajes uniformes, pero también silenciar conflictos locales y provocar que los alcaldes o liderazgos comunitarios se retiren discretamente de la operación política.
El tercer riesgo está relacionado con la legalidad y la percepción pública. El proceso interno debe distinguir con claridad entre actividades partidistas, gestión gubernamental y promoción personal. La participación de un alcalde con licencia reduce una parte de esa tensión, pero no elimina la obligación de transparentar recursos, equipos y tiempos. En un ambiente de competencia anticipada, cualquier confusión entre estructura pública y estructura partidista puede convertirse en un problema de legitimidad para el aspirante y para la coalición.
La reunión con el PT, en ese sentido, es menos una conclusión que una prueba inicial. Lamarque consiguió colocar la unidad política y el territorio en el centro de la conversación, y logró reunir a actores municipales, estatales y legislativos de dos partidos aliados. El desafío consiste ahora en convertir esa convergencia en coordinación verificable, con resultados para las comunidades y reglas aceptables para quienes compiten dentro del mismo movimiento.
La sucesión sonorense empezará a definirse antes de que aparezcan las boletas. Se definirá en la manera de resolver desacuerdos, en la capacidad de los partidos para escuchar regiones distintas y en la relación que establezcan con los gobiernos municipales. Si el diálogo anunciado produce acuerdos transparentes y una agenda territorial medible, Lamarque podrá presentarse como un articulador con capacidad estatal. Si se reduce a una suma de fotografías y respaldos coyunturales, la promesa de unidad puede revelar justamente lo contrario: una competencia interna que todavía no encuentra reglas compartidas.
