Panamá cuenta con 75.797 empresas y 49.693 de ellas son microempresas, definidas como las que facturan hasta 150.000 dólares al año. Aunque representan cerca de dos tercios del parque empresarial, su contribución a los ingresos y al empleo formal es reducida: concentran apenas el 1,3% de los ingresos empresariales y ocupan al 12,3% de los trabajadores del sector, según el Directorio de Empresas y Locales del Instituto Nacional de Estadística y Censo y datos citados por la publicación Nexo.
La diferencia también aparece en las remuneraciones. En agosto de 2022, una microempresa pagaba en promedio 641 dólares mensuales por trabajador, mientras que una empresa grande destinaba 1.293 dólares, más del doble. Las pequeñas empresas registraban una remuneración media de 806 dólares y las medianas de 983 dólares. La secuencia muestra un aumento gradual de los salarios conforme crece el tamaño de la compañía, sin saltos bruscos entre las categorías intermedias.
Un tejido empresarial de escala reducida
La concentración de negocios de muy baja dimensión es aún más visible al observar el número de empleados. Unas 59.082 empresas, equivalentes al 78% del total, tienen cuatro trabajadores o menos. Nexo señala que esta estructura se inscribe en un patrón observado en América Latina, donde muchas microempresas tienen baja probabilidad de transformarse en pequeñas y una probabilidad aún menor de llegar a ser medianas. La dinámica predominante, según los estudios citados, es mantenerse operativas sin una expansión relevante.
A este universo se suma el trabajo por cuenta propia, que no forma parte de las categorías empresariales tradicionales. En septiembre de 2025, 618.190 panameños realizaban actividades independientes, cifra equivalente al 31,4% de los ocupados del país. La presencia simultánea de numerosos micronegocios y trabajadores independientes perfila un mercado laboral en el que una parte considerable de la actividad económica se desarrolla en unidades de escala limitada.
Formalización, crédito y facturación
La formalización de las microempresas dispone de un marco específico a través del Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La inscripción es gratuita y contempla exoneración del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años, además de la exención del 1% del Fondo Especial de Compensación de Intereses. También amplía el acceso a garantías crediticias: un emprendedor informal puede aspirar a una garantía de 2.000 dólares, una microempresa formalizada a 25.000 dólares y una pequeña empresa a 50.000 dólares, cuando supera los 150.000 dólares de facturación anual.
La discusión actual se concentra también en el uso del facturador electrónico gratuito de la Dirección General de Ingresos. Desde enero, el sistema gratuito está limitado a contribuyentes que facturen hasta 36.000 dólares anuales y emitan un máximo de 100 documentos mensuales. Quienes excedan cualquiera de esos límites deben contratar a un proveedor autorizado. Fedecámaras propuso elevar el tope anual a 150.000 dólares, para hacerlo coincidir con la definición legal de microempresa establecida en la Ley 33 de 2000. Con la regla vigente, solo el 24% del rango de facturación reconocido por esa ley puede usar gratuitamente la herramienta.
La ampliación del acceso al facturador electrónico gratuito fue una de las solicitudes aprobadas en el Manifiesto para el Impulso de las MiPyME, durante el Primer Congreso MiPyME 360 celebrado en Santiago de Veraguas. El perfil empresarial podrá actualizarse con los resultados del VII Censo Nacional Económico, basado en información de 2024 y levantado entre junio y diciembre de 2025 sobre 39.168 empresas privadas no financieras. Por ahora, el acuerdo anunciado entre Ampyme y Fedecámaras sobre crédito y asistencia técnica no ha sido formalizado por ninguna de las dos partes.
