Tres décadas después de las reformas al artículo 27 y a la Ley de Aguas Nacionales impulsadas en 1992, México enfrenta la conversión de mil 500 ejidos en parques industriales, complejos habitacionales y desarrollos turísticos. Estas tierras, antes dedicadas a la agricultura, ahora concentran concesiones de agua transferidas a inversionistas privados, según datos de la Procuraduría Agraria.
El proceso se concentra en zonas metropolitanas, costas y corredores industriales donde operan grupos denominados mafias agrarias. Estas operaciones irregulares transformaron la propiedad social en un mercado especulativo, desplazando economías rurales que dependían de la producción agrícola. Entre 7% y 8% de la superficie ejidal ya pasó a manos privadas.
En Nayarit, la recuperación de 960 hectáreas valoradas en 50 mil millones de pesos ilustra el alcance del acaparamiento. El titular de la Procuraduría Agraria vinculó estas prácticas a las reformas de Carlos Salinas de Gortari, que facilitaron la concentración de recursos estratégicos en manos privadas sin mecanismos de control efectivos. Con más de 32 mil 500 ejidos que resguardan 75% de los recursos naturales del país, la falta de defensa institucional amenaza la sostenibilidad de las economías rurales.
Consecuencias estructurales
La creación de un mercado de agua y tierra sin regulaciones adecuadas derivó en la pérdida de actividades productivas históricas. Las comunidades afectadas ya no controlan los títulos que antes garantizaban su acceso a recursos vitales, lo que consolida un modelo de desarrollo orientado a la especulación inmobiliaria en lugar de la producción agropecuaria.
