La promulgación de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México representa el primer intento sistemático en el país por redefinir el trabajo de cuidados como una responsabilidad colectiva y no exclusiva de las mujeres. Esta medida se inscribe en una secuencia de reformas que comenzaron con la inclusión del derecho al cuidado en la Constitución capitalina en 2023 y culminaron con la aprobación legislativa de junio de 2026.
Durante décadas, México mantuvo un modelo en el que el 75 % del tiempo dedicado a cuidados recaía sobre mujeres, según datos del INEGI de 2022. Esa distribución se tradujo en menores tasas de participación laboral femenina y en brechas salariales persistentes. La nueva ley busca alterar esa ecuación al establecer obligaciones concretas de infraestructura y servicios públicos.
Antecedentes regionales y constitucionales
El reconocimiento constitucional del cuidado como derecho humano en la CDMX no surgió de manera aislada. En América Latina, Uruguay implementó desde 2015 un Sistema Nacional de Cuidados que combinó transferencias monetarias con centros de atención infantil y para adultos mayores. Los resultados mostraron un aumento del 8 % en la inserción laboral de mujeres de bajos ingresos en los primeros cinco años, según evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo. La experiencia uruguaya sirvió de referencia para los equipos técnicos capitalinos que redactaron la ley mexicana.
A nivel local, la reforma se apoyó en consultas con más de seis mil personas y organizaciones. Ese proceso reveló que el 62 % de las mujeres encuestadas había renunciado o reducido su jornada laboral por responsabilidades de cuidado. Esta cifra coincide con patrones observados en otras entidades como el Estado de México y Jalisco, donde la ausencia de servicios públicos mantiene la misma estructura de sobrecarga.
Efectos esperados en el mercado laboral
La obligación de construir infraestructura de cuidados de forma transexenal genera un mandato presupuestario que trasciende administraciones. Si se replica el modelo de centros comunitarios ya existentes en Iztapalapa y Álvaro Obregón, la CDMX podría crear entre 12 000 y 15 000 empleos formales en el sector en un plazo de ocho años. Estos puestos, mayoritariamente ocupados por mujeres, pasarían de la economía informal al régimen de seguridad social.
Un segundo efecto se observa en la oferta de trabajo. Al reducir la carga de cuidados no remunerados, aumenta la disponibilidad de horas laborales femeninas. Estudios del Banco Mundial sobre programas similares en Colombia indican que cada punto porcentual de reducción en el tiempo dedicado a cuidados eleva la participación laboral femenina entre 0.6 y 0.9 puntos. Aplicado a la CDMX, esto podría significar 45 000 nuevas incorporaciones al mercado formal para 2032.
Transformaciones demográficas y de largo plazo
México atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional acelerado. Para 2040, el porcentaje de personas mayores de 65 años en la capital superará el 18 %, según proyecciones del CONAPO. La Ley de Cuidados establece el derecho al autocuidado y al cuidado de dependientes como dimensiones de un mismo derecho humano, lo que permite diseñar servicios integrados que atiendan tanto a niños como a adultos mayores en un mismo espacio.
Esta integración tiene implicaciones fiscales. Los sistemas fragmentados elevan costos administrativos. Al unificar la provisión, la CDMX podría reducir hasta un 22 % el gasto por beneficiario, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales y del Desarrollo. El ahorro se destinaría a ampliar cobertura en zonas periféricas donde actualmente predomina el cuidado familiar no remunerado.
Desafíos de implementación y gobernanza
El éxito de la ley depende de la capacidad de coordinación entre el gobierno central, las alcaldías y organizaciones de la sociedad civil. El mandato de universalidad progresiva exige definir metas anuales verificables y mecanismos de rendición de cuentas. Sin indicadores públicos claros, existe el riesgo de que la infraestructura se concentre en zonas de mayor densidad poblacional y deje rezagadas a las demarcaciones con menor capacidad fiscal.
Otro punto crítico radica en la formación de personal. El trabajo de cuidados requiere competencias específicas en geriatría, primera infancia y atención a personas con discapacidad. La ausencia de programas de capacitación masivos podría derivar en servicios de calidad desigual. Países como España enfrentaron este mismo problema durante la expansión de su Ley de Dependencia en 2006, y tardaron casi una década en estabilizar los estándares de formación.
Finalmente, la reforma modifica la narrativa cultural sobre el cuidado. Al establecer que “no hay trabajo de mujeres ni trabajo de hombres”, la ley introduce un lenguaje que puede acelerar cambios en las prácticas domésticas. Sin embargo, la transformación de normas sociales suele requerir más tiempo que la creación de infraestructura. Las evaluaciones de impacto deberán medir no solo el acceso a servicios, sino también la redistribución efectiva del tiempo de cuidados dentro de los hogares.
