El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón ya decidió cómo utilizará los 100 millones de pesos que el Municipio devolverá al organismo por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El paquete contempla la perforación de dos pozos en el oriente de la ciudad, mantenimiento preventivo y correctivo de bombas, la adquisición de aproximadamente 25 vehículos, herramientas, materiales, uniformes y equipo de protección para las cuadrillas.
La cifra es relevante porque llega a un organismo que enfrenta simultáneamente una emergencia operativa y un problema estructural. El gerente general, Xavier Herrera Arroyo, afirmó que seis pozos fueron rehabilitados durante sus primeros diez días al frente del Simas, con una inversión cercana a 15 millones de pesos. En algunos casos se sustituyeron motores y tuberías; en otros, se interconectaron líneas para mejorar el suministro en colonias afectadas por la escasez.
El anuncio no representa solamente una inyección de recursos. También funciona como radiografía de la situación financiera y técnica del sistema de agua potable: la institución necesita perforar nuevas fuentes, pero al mismo tiempo debe reparar las existentes; requiere aumentar la capacidad de respuesta, aunque su parque vehicular se encuentra, según la propia gerencia, en pésimas condiciones; y pretende resolver obstrucciones sanitarias con herramientas básicas mientras todavía depende de vehículos vactor rentados a particulares.
El dinero llega, pero revela una deuda acumulada
La devolución del ISR tiene una característica que merece atención: no se trata necesariamente de ingresos ordinarios generados por una mejor recaudación del Simas, sino de recursos que el Municipio no había entregado al organismo. Desde la perspectiva institucional, la transferencia puede corregir una retención previa y fortalecer al sistema. Desde la perspectiva de la planeación pública, también evidencia una dependencia peligrosa: la continuidad de servicios esenciales queda vinculada a decisiones financieras y administrativas externas al organismo operador.
La primera lectura del plan es positiva. Destinar parte del monto a dos pozos nuevos puede aliviar la presión en zonas con desabasto, mientras que la compra de vehículos y herramientas puede reducir los tiempos de atención de fugas, cortes, inspecciones y trabajos de desazolve. Sin embargo, la eficacia no dependerá únicamente de gastar los 100 millones, sino de que cada peso se traduzca en más horas de operación, menor número de fallas y un suministro más estable para los usuarios.
El caso de los seis pozos rehabilitados ofrece una referencia concreta. Si 15 millones de pesos fueron utilizados para recuperar seis fuentes, el promedio simple sería de 2.5 millones por pozo, aunque los costos reales pueden variar significativamente según la profundidad, el estado del motor, la tubería y las obras de interconexión. Ese dato permite dimensionar la decisión: los 100 millones equivalen a varias intervenciones de rehabilitación, pero también deben cubrir vehículos, equipo, materiales y perforaciones nuevas. La bolsa parece amplia, aunque no ilimitada frente a un rezago que abarca infraestructura, mantenimiento y operación diaria.
La primera prioridad no debería ser perforar, sino sostener
El plan contiene una tensión central. Las nuevas perforaciones son visibles y políticamente atractivas porque permiten anunciar mayor capacidad de abastecimiento. Pero una fuente adicional no resuelve por sí misma las fallas de distribución, las interrupciones eléctricas, los equipos deteriorados ni las pérdidas en la red. Si el organismo no puede mantener adecuadamente los seis pozos que acaba de rehabilitar, dos pozos más podrían convertirse en activos costosos con una vida útil menor a la esperada.
La experiencia descrita por Herrera Arroyo apunta a una conclusión importante: el mantenimiento preventivo puede ser más decisivo que la expansión acelerada. El funcionario aseguró que se está trabajando directamente en las bombas para evitar fallas durante un periodo prolongado. Esa estrategia tiene lógica operativa. Sustituir un motor antes de que colapse, revisar una tubería y mejorar una interconexión puede evitar que una colonia entera quede sin agua y que el organismo tenga que responder bajo presión, con compras de emergencia y reparaciones más caras.
El pozo 27R de la colonia Fidel Velázquez ilustra la magnitud de algunas intervenciones. Allí se introdujeron 82 tramos de tubería hasta casi 300 metros de profundidad. No se trata de una reparación menor ni de una acción que pueda resolverse con una compra aislada de materiales. Estas obras requieren diagnóstico técnico, supervisión especializada y seguimiento posterior del caudal. El riesgo es que la administración mida el éxito por el número de pozos atendidos y no por la estabilidad efectiva del suministro durante los meses siguientes.
La segunda idea que se desprende de los datos es que el Simas necesita cambiar de una cultura de reacción a una gestión de activos. Un inventario actualizado de bombas, motores, tuberías, vehículos y líneas sanitarias permitiría establecer ciclos de mantenimiento, costos de reposición y niveles de criticidad. Sin esa información, los recursos pueden dispersarse en urgencias sucesivas y dejar sin resolver los puntos que generan las interrupciones más frecuentes.
Veinticinco vehículos para recuperar capacidad de respuesta
La compra de alrededor de 25 unidades, entre camiones y camionetas para servicio, corte e inspección, puede tener un impacto inmediato en la atención al usuario. Un vehículo fuera de servicio no solo representa un problema logístico; significa cuadrillas que no llegan, fugas que permanecen abiertas, inspecciones aplazadas y órdenes de trabajo acumuladas. En un organismo de agua, la movilidad es parte de la infraestructura operativa, aunque no sea visible para el consumidor.
El deterioro del parque vehicular también encarece la operación. Las unidades viejas suelen requerir reparaciones frecuentes, consumir más combustible y generar interrupciones impredecibles. Además, si una cuadrilla carece de transporte confiable, el organismo puede terminar contratando servicios externos para tareas que debería realizar con recursos propios. La compra, por tanto, puede reducir costos indirectos y mejorar el tiempo de respuesta.
Pero la licitación deberá ser vigilada con especial cuidado. La adquisición de 25 unidades concentra un volumen significativo de dinero público y abre preguntas sobre especificaciones técnicas, garantías, costos de mantenimiento, consumo de combustible y criterios de asignación. Comprar vehículos baratos que no soporten las condiciones de trabajo del sistema sería una falsa economía. La evaluación debería considerar el costo total de propiedad y no solo el precio inicial.
La compra tampoco puede confundirse con la solución al problema del desazolve. El Simas no cuenta actualmente con camiones vactor y renta cuatro o cinco a particulares para atender obstrucciones complejas. Las cuadrillas reciben herramientas para realizar trabajos manuales —picos, palas y varillas—, una medida comprensible para resolver lo urgente, pero insuficiente frente a redes extensas, taponamientos profundos o emergencias sanitarias. La dependencia de proveedores privados puede ser más cara en periodos de alta demanda y dejar al organismo vulnerable si los equipos no están disponibles.
Los usuarios esperan agua, no solo obras
Para las familias de Torreón, el indicador decisivo no será cuánto se invirtió ni cuántos vehículos se compraron. Será la regularidad del servicio, la presión en las tuberías, la calidad del agua y la rapidez con que se atiendan las fallas. En colonias afectadas por el desabasto, una nueva fuente de abastecimiento puede representar una mejora sustancial, pero solo si el agua llega efectivamente a los hogares y no se pierde en una red deteriorada.
El anuncio de que los dos pozos del oriente podrían estar listos en unos 45 días debe interpretarse con prudencia. Ese plazo puede referirse a una fase específica de perforación o equipamiento, pero la puesta en operación completa suele depender de estudios, permisos, pruebas de calidad, conexión eléctrica, tubería de conducción y capacidad de distribución. Presentar el plazo como una solución inmediata puede elevar expectativas que después choquen con retrasos técnicos o administrativos.
También existe un interés legítimo de los trabajadores. La entrega de uniformes, cascos y herramientas no es un gasto accesorio: mejora las condiciones de seguridad y puede reducir accidentes. No obstante, el equipo debe acompañarse de capacitación, protocolos y supervisión. Una cuadrilla equipada con materiales, pero sin procedimientos claros para intervenir redes de agua potable y drenaje, seguirá expuesta a riesgos físicos y sanitarios.
Los usuarios, por su parte, deberían tener acceso a información verificable. El organismo tendría que publicar el avance físico y financiero de cada proyecto, el caudal incorporado por pozo, las colonias beneficiadas, los tiempos promedio de atención y el estado de la flota. Esa transparencia permitiría distinguir entre una inversión con resultados medibles y una sucesión de anuncios sin evaluación posterior.
El subsuelo puede imponer límites al optimismo
La perforación de nuevos pozos plantea una discusión ambiental que no puede quedar fuera del análisis. Torreón forma parte de una región con presión histórica sobre sus acuíferos. Encontrar agua no equivale necesariamente a garantizar un abastecimiento sostenible. Antes de perforar, el organismo necesita conocer la disponibilidad del acuífero, la calidad del agua, el costo energético de extracción y el impacto que tendrá la nueva fuente sobre el balance hídrico.
Un pozo puede aumentar el suministro en el corto plazo, pero también elevar el consumo de electricidad y acelerar el abatimiento del subsuelo si no forma parte de una estrategia integral. Además, la calidad del agua puede exigir tratamientos adicionales. La inversión inicial de perforación sería solo una parte del costo: después vienen la operación, el mantenimiento, la energía, los análisis y la eventual reposición de equipos.
El hecho de que se realicen estudios para determinar la factibilidad de nuevas perforaciones es una señal correcta, siempre que esos estudios sean independientes, técnicamente sólidos y publicados. La presión por responder al desabasto no debería eliminar la evaluación de alternativas como la reducción de fugas, la sectorización de la red, la medición precisa, la recuperación de caudales y el uso eficiente del agua por parte de grandes consumidores.
El reto será convertir la emergencia en sistema
La administración actual cuenta con una oportunidad para ordenar la operación del Simas, pero también enfrenta un riesgo de corto plazo: que los 100 millones se consuman en acciones dispersas y que, al terminar el presupuesto extraordinario, regresen las mismas fallas. La rehabilitación de seis pozos en diez días muestra capacidad de movilización; todavía falta demostrar que existe un programa permanente para conservarlos y medir su rendimiento.
Una ruta razonable tendría tres niveles. El primero sería estabilizar las fuentes existentes y atender los puntos críticos de la red. El segundo consistiría en mejorar la capacidad logística mediante vehículos, herramientas y equipos propios. El tercero abarcaría las nuevas perforaciones, siempre respaldadas por estudios hidrogeológicos y una evaluación de costos de operación. Invertir en ese orden reduciría la posibilidad de expandir una infraestructura que el organismo no pueda sostener.
Entre los riesgos más relevantes está la contratación acelerada. La urgencia puede convertirse en argumento para relajar controles, dividir compras o seleccionar proveedores sin suficiente competencia. También existe el riesgo de que las nuevas unidades aumenten el gasto de operación si no se reservan recursos para combustible, seguros, refacciones y mantenimiento. En el caso de los pozos, un cálculo insuficiente del consumo energético podría comprometer las finanzas futuras.
El desempeño debería medirse con indicadores públicos y comparables: horas promedio de suministro por colonia, número de pozos operativos, caudal producido, incidencias por cada kilómetro de red, tiempo de respuesta a reportes, proporción de vehículos disponibles y costo por metro cúbico producido. Sin esa medición, la discusión quedará atrapada entre el discurso oficial de la recuperación y la experiencia cotidiana de los usuarios.
Los 100 millones pueden convertirse en una plataforma para modernizar el Simas Torreón, pero también pueden funcionar como un alivio temporal si no se acompañan de disciplina técnica, transparencia y planeación hídrica. La prioridad anunciada —estabilizar el suministro— exige algo más que perforar y comprar: obliga a construir un organismo capaz de mantener sus activos, anticipar fallas y explicar con precisión qué resultados obtiene cada inversión.
