Panamá refuerza su apuesta por las zonas francas en un momento en que el sector ya opera con 19 áreas activas y seis en desarrollo. El mensaje del MICI es claro: el crecimiento no dependerá solo de nuevos proyectos, sino de la capacidad del país para blindar la seguridad jurídica y sostener reglas estables para los inversionistas.
Según Rodrigo Jaén, director de Zonas Francas del MICI, la competitividad del régimen descansa en la eficiencia administrativa, el cumplimiento normativo y beneficios fiscales, migratorios y laborales que siguen atrayendo capital extranjero. En 2025, el sector aportó 203,2 millones de dólares e impulsó empleo directo para más de 1.000 panameños, una señal de impacto real pero todavía limitada frente a su potencial regional. La advertencia de fondo es que la expansión solo será sostenible si la actualización legal acompaña la velocidad de la inversión y evita zonas grises regulatorias.
La conferencia “Zonas Francas en Panamá 2026: Marco Legal y Responsabilidad Penal” dejó otra lectura: el país compite no solo por ubicación logística, sino por previsibilidad institucional. En un entorno regional más agresivo, la ventaja de Panamá dependerá de convertir su régimen especial en un marco más claro, más ágil y menos vulnerable a cambios arbitrarios.
