La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, precisó que la deuda estatal de 64 mil millones de pesos corresponde a administraciones anteriores y no a la actual gestión. La obligación surgió hace tres o cuatro sexenios, cuando el Gobierno estatal asumió el pago de nóminas de maestros federalizados, una carga que se arrastró sin ajustes presupuestarios suficientes.
Además de esa herencia estructural, Campos señaló que los dos últimos periodos gubernamentales incurrieron en omisiones y uso indebido de recursos, lo que agravó el desequilibrio fiscal. Esta combinación de factores revela un patrón de inercia administrativa que compromete la capacidad de respuesta actual ante necesidades prioritarias como infraestructura y servicios básicos.
Implicaciones para la gestión actual
El reconocimiento explícito de la deuda heredada permite enfocar el debate en soluciones de mediano plazo, como renegociaciones con la federación y auditorías exhaustivas. Sin embargo, persiste el riesgo de que la falta de corresponsabilidad histórica limite la credibilidad de cualquier plan de saneamiento si no se acompaña de mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
En términos prácticos, la situación obliga al Ejecutivo estatal a priorizar el control del gasto corriente y a negociar con mayor firmeza recursos extraordinarios, evitando que el peso de decisiones pasadas restrinja el margen de maniobra para atender demandas ciudadanas urgentes.
