La decisión del Ayuntamiento de Puebla de reducir el número de permisos para el comercio ambulante mientras se registra un incremento del 12 por ciento en la recaudación municipal refleja un cambio en la estrategia de gestión del espacio público. Los datos oficiales muestran que los ingresos pasaron de 7.4 millones de pesos en 2024 a 9.1 millones en 2025, a pesar de que las autorizaciones bajaron de 25 mil a 22 mil. Este resultado no surge de manera aislada, sino que se inserta en una trayectoria de varias décadas marcada por la expansión descontrolada del sector informal en las principales ciudades mexicanas.
Raíces históricas del comercio en vía pública
El crecimiento del ambulantaje en Puebla tiene antecedentes que se remontan a la segunda mitad del siglo XX, cuando la migración rural y la falta de empleo formal empujaron a miles de personas hacia actividades de subsistencia en las calles. Durante los años ochenta y noventa, la apertura comercial y las crisis económicas recurrentes reforzaron esta tendencia. Gobiernos municipales sucesivos optaron por tolerar la ocupación de aceras y plazas con la esperanza de contener tensiones sociales, lo que derivó en padrones desactualizados y escasa supervisión. La administración anterior llegó a emitir 25 mil permisos anuales sin mecanismos efectivos de control, lo que generó saturación en zonas como el Centro Histórico y dificultó la identificación de giros comerciales reales.
La actual Dirección de Vía Pública heredó un registro con información fragmentada. Al revisar el universo mensual de 2 mil 139 comerciantes activos, se detectó que el 78 por ciento se dedica a la venta de alimentos preparados. Esta concentración explica tanto la presión sobre el espacio público como la relativa facilidad para aplicar controles sanitarios y fiscales una vez depurado el padrón. La reducción de autorizaciones a 22 mil en 2025 respondió a la eliminación de duplicidades y permisos vencidos, no a una prohibición general.
Actualización del padrón y control operativo
El proceso de depuración permitió identificar con mayor precisión los giros dominantes: tacos, antojitos, gorditas, tamales y productos similares representan la mayoría de los casos. Esta información resultó útil para diseñar operativos de supervisión más focalizados y para actualizar los montos de las cuotas de recuperación. El director de la dependencia, César Bermúdez Oliver, señaló que la estrategia se basa en mantener actualizado el registro en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación, sin otorgar nuevas licencias. Hasta julio de 2026 se habían renovado 9 mil 405 permisos, con una proyección de entre 15 mil y 19 mil al cierre del año.
La experiencia de otras ciudades mexicanas ilustra que la mera reducción de permisos no garantiza resultados sostenibles si no va acompañada de alternativas laborales. En Guadalajara, por ejemplo, la reubicación parcial de vendedores de alimentos en mercados públicos redujo conflictos en el primer cuadro de la ciudad, pero también generó desplazamientos hacia zonas periféricas donde la fiscalización es menor. Puebla parece seguir un camino intermedio: depurar el padrón existente sin crear nuevas autorizaciones, lo que limita el crecimiento del sector informal pero deja pendiente la definición de espacios alternativos para quienes pierden su permiso.
Repercusiones en la economía local y el tejido social
El aumento de la recaudación representa un ingreso adicional para las arcas municipales que podría destinarse a mantenimiento de espacios públicos o programas de apoyo al comercio formal. Sin embargo, el sector de alimentos ambulantes cumple una función de acceso a productos a bajo costo para sectores de bajos ingresos. Una contracción sostenida de este segmento podría elevar los precios en zonas donde no existen suficientes establecimientos fijos, afectando principalmente a trabajadores informales y estudiantes. Datos del INEGI indican que el comercio informal representa cerca del 23 por ciento del empleo en México, por lo que cualquier ajuste en su regulación tiene efectos multiplicadores sobre el consumo local.
Desde la perspectiva del comercio establecido, la mayor presencia de inspectores y la reducción de permisos podrían disminuir la competencia desleal en el Centro Histórico. Comerciantes formales han señalado durante años que la saturación de puestos ambulantes reduce el flujo peatonal hacia locales y dificulta el acceso de clientes. No obstante, la experiencia de Monterrey muestra que la eliminación abrupta de vendedores puede provocar la aparición de nuevos puntos de venta en calles secundarias, donde la supervisión municipal es más débil y los riesgos sanitarios aumentan.
Tendencias a largo plazo y desafíos pendientes
La depuración del padrón abre la posibilidad de cruzar información con bases del SAT y el IMSS para detectar irregularidades fiscales, aunque esta integración aún no se ha implementado de manera sistemática. A nivel estatal, la escasa información pública sobre comercio informal complica la comparación entre municipios. Puebla ha comenzado a realizar ejercicios de benchmarking con ciudades de tamaño similar, lo que podría servir como referencia para futuras políticas. El reto principal radica en evitar que la reducción de permisos se traduzca en un aumento de la informalidad encubierta o en la proliferación de ventas en horarios nocturnos, donde la fiscalización es más costosa.
En términos de planeación urbana, el control más estricto del ambulantaje favorece proyectos de peatonalización y mejoramiento del Centro Histórico, pero exige simultáneamente políticas de reubicación o reconversión laboral para los comerciantes afectados. Sin mecanismos de acompañamiento, el incremento en la recaudación podría conseguirse a costa de mayor precariedad para un sector que históricamente ha absorbido mano de obra excluida del mercado formal. La administración actual ha optado por renovar registros existentes sin crear nuevas autorizaciones, una postura que mantiene el equilibrio fiscal a corto plazo pero deja abierta la pregunta sobre cómo evolucionará el empleo informal en los próximos años si la economía local no genera alternativas suficientes.
