Cada 28 de julio el presidente de Perú entrega ante el Congreso el Mensaje a la Nación, obligación constitucional que data de 1832 y constituye el acto central de las Fiestas Patrias. El discurso presenta el balance de la gestión, los resultados económicos y las reformas que el Ejecutivo propone para el período siguiente, según establece el artículo 118 de la Constitución.
Desde la Ley 1100 de 1909 el Congreso no emite respuesta formal, lo que refuerza su carácter de informe unilateral. Solo en 1881, durante la Guerra del Pacífico, el acto se trasladó a Ayacucho. Los mensajes han acortado su extensión: el de Manuel Prado en 1957 alcanzó 212 páginas, mientras que los actuales rara vez superan las 50. Esta reducción no ha restado peso al contenido, que define prioridades en economía, salud y seguridad, y orienta las expectativas de mercados y sectores productivos.
En un contexto de polarización, el mensaje funciona como termómetro de gobernabilidad. Los analistas observan que sus anuncios pueden alterar la percepción sobre la estabilidad del gabinete y la viabilidad de reformas, influyendo directamente en la confianza institucional y el clima de negocios.
