El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha presentado una demanda civil contra el economista Marco Vinelli, actual jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, exigiendo una indemnización de 340.547 soles por presuntos daños ocasionados durante su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La acción judicial también involucra a otros siete exfuncionarios de la entidad y se basa en un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la aprobación de ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac.
Según el expediente, las seis ampliaciones carecían de sustento técnico y fueron concedidas por la falta de respuesta oportuna de la institución. Vinelli, en particular, no notificó a tiempo una resolución que declaraba improcedente una prestación adicional, lo que generó un perjuicio estimado en 82.936 soles solo por ese retraso de 35 días.
Responsabilidades individuales y falta de diligencia
El informe de Contraloría no solo señala la demora en la notificación, sino que identifica a Vinelli como uno de los funcionarios cuya falta de atención oportuna a consultas técnicas del contratista permitió la aprobación automática de otras tres ampliaciones. Este patrón de inacción institucional generó sobrecostos que ahora el Estado busca recuperar a través de la vía civil.
La demanda presentada en 2023 buscaba una responsabilidad solidaria entre todos los demandados, pero el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima la declaró improcedente en noviembre de 2025. El juzgado argumentó que no todos los exfuncionarios participaron en los mismos hechos y que resulta jurídicamente inviable aplicar solidaridad cuando las conductas imputadas corresponden a eventos independientes.
Decisión del tribunal y cambio de competencia
Agro Rural apeló la resolución de primera instancia. Sin embargo, la Primera Sala Laboral Permanente anuló de oficio todo lo actuado al determinar que la justicia laboral carece de competencia material para conocer este tipo de reclamos. El tribunal precisó que, al derivar el caso de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde que un juez civil asuma el expediente.
La notificación de esta decisión se produjo el 22 de junio pasado. Una vez que el expediente regrese al juzgado de origen, será derivado al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que se asigne a un magistrado de esa especialidad.
Impacto en la rendición de cuentas estatal
Este proceso pone de relieve las dificultades que enfrentan las entidades públicas para traducir observaciones de control en sanciones efectivas. La separación entre responsabilidad administrativa y civil complica la recuperación de recursos y extiende los plazos de resolución, lo que puede desincentivar la exigencia de resultados en la gestión de obras públicas.
Además, el caso ilustra cómo decisiones operativas tomadas hace casi una década siguen generando consecuencias jurídicas y financieras. La falta de respuesta oportuna ante solicitudes de contratistas no solo encarece las obras, sino que traslada el costo al erario y obliga a procesos judiciales prolongados para intentar mitigar el daño.
La remisión al fuero civil abre la posibilidad de que el juez evalúe de manera individualizada la conducta de cada exfuncionario y determine si existe nexo causal suficiente entre las omisiones y el perjuicio cuantificado. Este enfoque podría establecer precedentes sobre cómo las entidades públicas deben documentar y perseguir responsabilidades derivadas de informes de control.
