La cifra es llamativa por sí sola: México ya suma 333 mil millonarios en dólares, 8 mil 724 más que en 2025, según el Global Wealth Report 2026 de UBS. Pero el dato que realmente interesa a Hacienda no es la foto de riqueza, sino su composición. En el país, apenas 44.3 por ciento de la riqueza bruta está en activos financieros, muy por debajo de Estados Unidos, Brasil, Israel o Taiwán. El resto se apoya sobre patrimonio inmobiliario y empresarial, una base más visible, menos líquida y políticamente más sensible. Ahí reside la verdadera discusión fiscal: no si existe riqueza suficiente, sino si el Estado tendría capacidad real para capturar una parte sin frenar inversión ni provocar una disputa abierta con el capital privado.
La conversación llega en un momento incómodo para el gobierno federal. La economía no ha respondido al ritmo esperado en la primera mitad del año, y el margen para cerrar 2026 con mejor pulso depende de que despeguen proyectos detenidos, de que el Plan México tome tracción y de que el último trimestre compense la debilidad previa. En ese contexto, el Paquete Económico 2027 no sólo será una pieza técnica, sino una señal política. Si Hacienda incorpora una ruta más agresiva sobre contribuyentes de alto patrimonio, enviaría un mensaje de búsqueda de ingresos sin tocar el discurso de no crear nuevos impuestos. Si, por el contrario, se limita a mejorar eficiencia del gasto y a reforzar el cumplimiento de tributos existentes, confirmará que el gobierno prefiere evitar una batalla con los grandes patrimonios justo cuando necesita certidumbre para sostener la inversión.
Hay una idea que merece subrayarse: en México, gravar la riqueza sería más una discusión de diseño institucional que de voluntad recaudatoria. El propio reporte de UBS muestra que el apalancamiento es bajo: la deuda representa sólo 5.2 por ciento de la riqueza bruta, frente a 10.9 por ciento en Estados Unidos, 11 por ciento en Alemania y 23.4 por ciento en Brasil. Eso sugiere patrimonio robusto, pero también una masa de activos que no necesariamente se convierten en efectivo. Un impuesto patrimonial mal calibrado podría castigar valor contable y no flujo real, obligando a liquidar activos productivos o inmuebles para cubrir una obligación fiscal. En una economía donde buena parte de la riqueza está atada a empresas familiares, tierra, inmuebles y participaciones privadas, el riesgo de distorsión es alto.
La segunda lectura es política. Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá nuevos impuestos, una promesa que encuadra con la necesidad de sostener una relación más funcional con el empresariado que en el sexenio anterior. Eso no impide, sin embargo, que el gobierno siga elevando la carga de gravámenes ya existentes, sobre todo mediante IEPS. El mensaje es doble: no se tocará la arquitectura fiscal de fondo, pero sí se exprime con mayor eficacia lo ya instalado. En términos de gobernabilidad, esa ruta reduce conflicto inmediato; en términos de recaudación estructural, pospone la discusión de fondo sobre quién financia realmente al Estado en un país con alta informalidad y una base tributaria estrecha.
La tercera arista es distributiva. Que México tenga 333 mil millonarios no significa automáticamente que exista una cantera fácil de recaudar. Muchos de esos patrimonios están concentrados en vivienda propia, negocios de escala media y activos cuyo valor subió por mercado, no por liquidez generada. Ahí está la paradoja que varios países han enfrentado con impuestos a la riqueza: el contribuyente puede ser “rico” en papel y no tener caja disponible. Francia, Noruega, España, Suiza o Colombia han ensayado fórmulas distintas, pero la evidencia internacional muestra que los gravámenes patrimoniales amplios suelen ser políticamente frágiles y administrativamente costosos. Cuando el registro de activos es incompleto o la valuación es disputable, la litigiosidad crece y la eficiencia recaudatoria se erosiona.
Para la iniciativa privada, el riesgo no es sólo un impuesto nuevo, sino la señal que se mande sobre seguridad jurídica. Un esquema que castigue valoraciones poco claras o que se perciba como discrecional podría enfriar proyectos, especialmente en sectores intensivos en capital donde el patrimonio inmobiliario y empresarial es parte central del balance. Para Hacienda, en cambio, la oportunidad está en otra parte: ampliar el cumplimiento, cerrar vacíos, mejorar catastro, fortalecer trazabilidad de activos y revisar exenciones que hoy favorecen la concentración sin generar productividad adicional. Esa vía recauda menos titulares, pero probablemente más recursos. En un país con crecimiento débil, esa diferencia importa.
En paralelo, la respuesta de la JUFED a favor de Margarita Ríos Farjat abre un debate distinto, pero conectado con la misma noción de certidumbre. La defensa del derecho al trabajo de exministros de la Suprema Corte es jurídicamente sólida: la Constitución protege la libertad profesional y limitarla sin base legal clara sería problemático. También hay una lectura de mercado: excluir de facto a perfiles con experiencia judicial de alto nivel reduce el capital técnico disponible para despachos, empresas y academia. Pero el debate no es inocuo. Para una parte de la opinión pública, el tránsito inmediato de exjuzgadores al sector privado alimenta la percepción de puertas giratorias y posible captura de conocimiento privilegiado. La tensión entre libertad profesional e integridad institucional no desaparecerá con comunicados; exige reglas más precisas y transparentes.
El caso Santander México, por su parte, muestra que la equidad de género ya dejó de ser un asunto reputacional para convertirse en ventaja competitiva medible. Con 56 por ciento de su plantilla integrada por mujeres y 34 por ciento de ellas en posiciones directivas, el banco no sólo mejora indicadores internos, también construye una narrativa de gobierno corporativo que hoy pesa en premios, atracción de talento y evaluación de riesgo. Que el consejo esté encabezado por Ana Botín a nivel global y por Laura Diez Barroso en México, con una alta dirección donde aparecen varias ejecutivas en áreas críticas, sugiere algo más profundo: la diversidad deja de ser discurso cuando modifica la arquitectura real del poder. En un mercado financiero donde la competencia por talento es intensa, esa ventaja puede ser más duradera que una campaña de marca.
El movimiento de Laura Itzel Castillo hacia la Secretaría de la Mujer también revela una transición política relevante. Su salida del Senado y su arribo a una dependencia que ha operado con bajo perfil desde abril ocurren justo al inicio del segundo año del gobierno de Sheinbaum. El nombramiento será interpretado por colectivos feministas como una prueba de voluntad institucional: no basta con tener una secretaría, importa si hay presupuesto, ejecución y capacidad de incidencia. Aquí el riesgo es claro: una cartera creada para articular política pública de género puede convertirse en un símbolo vacío si no logra traducirse en protección, prevención y coordinación real con otras dependencias. La expectativa social es alta y la tolerancia al inmovilismo, baja.
Lo que une todos estos temas es una misma pregunta sobre el tipo de Estado que se está construyendo: uno que busque más recursos mirando hacia arriba, hacia las fortunas acumuladas; o uno que prefiera ganar eficacia antes de pedir más. La primera opción puede sonar atractiva en tiempos de necesidad fiscal, pero exige capacidades de registro, valuación y cobro que México todavía no exhibe con solidez. La segunda es menos vistosa, pero quizá más realista en el corto plazo. El dilema no desaparecerá con el paquete económico de 2027. Apenas empezará a dibujar hasta dónde quiere llegar Hacienda cuando mira a los 333 mil millonarios mexicanos y decide si los observa como símbolo estadístico o como posible fuente de ingresos.
