Un artículo de opinión publicado este viernes reabrió la discusión sobre el desarrollo minero en la Argentina y, en particular, sobre el lugar que ocupará el cobre en la próxima etapa del sector. El texto sostiene que Mina Alumbrera, en Catamarca, será el primer proyecto en producir cobre en el país y lo presenta como una pieza inicial de una cartera más amplia de iniciativas en distintas fases de avance, desde exploración avanzada hasta prefactibilidad.
Según el planteo difundido por el Grupo Sarmiento a comienzos de este año, el cobre tiene para la minería un peso equivalente al de la soja en la agricultura, por su capacidad para articular inversión, exportaciones y encadenamientos productivos. En ese marco, se menciona que existen otros ocho proyectos y que el caso de Alumbrera merece atención por su escala intermedia y por el efecto que podría tener sobre la economía regional y nacional.
El proyecto, que comenzaría a operar en 2027, tendría un RIGI aprobado por USD 250 millones y una producción estimada de 85.000 toneladas anuales de cobre fino. El cálculo difundido también prevé más de 2.000 empleos directos e indirectos y una vida útil, en principio, hasta 2037. La logística incluiría el uso de un mineraloducto de 320 kilómetros hasta Tucumán y luego otros 900 kilómetros por camión o ferrocarril hasta el puerto de Rosario, un punto que vuelve a poner en foco el costo y la complejidad del transporte en la minería argentina.
Con los precios actuales del metal, el proyecto proyecta ingresos por exportaciones cercanos a USD 1.200 millones por año. El texto cita además un estudio reciente de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, según el cual por cada dólar de PBI generado por la minería se crean cerca de 80 centavos adicionales en el resto de la economía. Bajo ese supuesto, el impacto total equivale a 1,8 veces el PBI directo, lo que llevaría el aporte anual estimado de Alumbrera a unos USD 2.160 millones.
La nota compara esas proyecciones con trabajos sobre el impacto del oro en San Juan, particularmente el análisis de los primeros diez años de Veladero. Allí, el efecto de demanda intermedia, construcción y consumo habría sumado 10,2% del PBG provincial, por encima de la participación directa de “Minas y Canteras”, estimada en 7,8%. El estudio citado concluyó que el aporte total, directo e indirecto, llegó al 18% del PBG sanjuanino en 2015, en un contexto de precios internacionales menos favorables que los actuales.
El debate no se limita a las cifras. El artículo insiste en que la minería podría convertirse en un motor de diversificación para las provincias cordilleranas, en contraste con la histórica concentración económica de la Argentina en la pampa húmeda. También subraya que el RIGI funciona como puente para inversiones de gran escala en un país con infraestructura vial y energética insuficiente, y con fuertes necesidades previas para mover concentrados hasta los puertos.
La comparación con Chile ocupa un lugar central en la argumentación. En el desierto de Atacama opera Escondida, considerada la mina de cobre más grande del mundo, a más de 3.000 metros de altura y a poca distancia de la frontera argentina. El texto destaca que el aeropuerto de Antofagasta pasó de cuatro a 30 vuelos diarios desde la puesta en marcha del complejo y que el 44% de la fuerza laboral directa es femenina, con presencia incluso en cargos ejecutivos. La referencia busca mostrar cómo un enclave minero de gran escala puede reordenar actividad, empleo e infraestructura en su entorno.
En paralelo, el artículo interpela a dirigentes políticos y periodistas que relativizan la oportunidad de desarrollar la minería. Les atribuye desconocimiento o una resistencia mayor frente al potencial del sector, y sostiene que quienes hoy critican esas inversiones no impulsaron antes políticas para aprovechar la riqueza geológica del país. Más allá de la polémica, el fondo del planteo es claro: la discusión sobre la minería argentina ya no gira solo en torno a la viabilidad técnica de los proyectos, sino también a la capacidad del sistema político para convertirlos en desarrollo concreto y sostenible.
