El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Rodolfo Acuña, advirtió este martes que el Congreso debe actuar con mayor prudencia respecto a las leyes de gasto fiscal aprobadas recientemente. Estas normas representan casi el 3 % del producto interno bruto y, sin una aplicación gradual, podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, Acuña señaló que los legisladores exigen al Ejecutivo atender incrementos de pensiones para docentes por 10.000 millones de soles, además del pago de gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicios a trabajadores bajo el régimen CAS por 3.500 millones de soles. Ambas medidas, según el ministro, colocan al Gobierno en una situación complicada porque no existe margen presupuestario inmediato para cubrirlas.
Presión presupuestaria y prioridades urgentes
El Ejecutivo interino de José María Balcázar, que concluye su mandato el 28 de julio, ha priorizado la preparación ante el fenómeno de El Niño. Hasta la fecha se han asignado 300 millones de soles para obras de prevención, aunque Acuña admitió que podrían requerirse recursos adicionales en los próximos meses, cuando se intensifiquen las lluvias e inundaciones. El Ministerio de Economía gestiona además un crédito contingente de 500 millones de dólares para reforzar la respuesta a desastres naturales.
Posición del Congreso y disponibilidad de fondos
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, informó que el Ejecutivo ha propuesto un crédito suplementario de 4.160 millones de soles, financiado con ingresos tributarios, para cubrir las gratificaciones de los trabajadores CAS y las acciones contra El Niño. Soto añadió que el Gobierno cuenta con más de 8.000 millones de soles disponibles para contingencias y que la ley aprobada obliga al pago completo de las gratificaciones.
Contexto fiscal y advertencias previas
Las declaraciones de Acuña se inscriben en un panorama más amplio. En mayo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, reveló que entre 2021 y 2026 el Congreso aprobó 268 normas con impacto fiscal negativo, generando compromisos permanentes superiores a 36.700 millones de soles anuales. Esta cifra equivale aproximadamente al 3 % del PIB y refleja una tendencia de gasto estructural que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo ante emergencias.
La tensión entre el Parlamento y el Ministerio de Economía evidencia un dilema clásico de política fiscal: la necesidad de atender demandas sociales legítimas frente a la obligación de preservar la estabilidad macroeconómica. La ausencia de gradualidad en la ejecución de estos gastos podría obligar al Gobierno a recurrir a endeudamiento adicional o a recortes en otras áreas prioritarias, como infraestructura o programas sociales ya existentes.
Analistas consultados coinciden en que el verdadero desafío radica en la capacidad del próximo Gobierno, que asumirá el 28 de julio, para renegociar con el Congreso un calendario realista de pagos que evite presiones inflacionarias o deterioro de la calificación crediticia del país. Mientras tanto, la atención inmediata sigue centrada en la preparación ante El Niño, un fenómeno que amenaza con generar costos humanos y económicos significativos en los próximos meses.
