La morosidad de los hogares argentinos alcanzó en mayo un nuevo máximo desde el fin de la Convertibilidad. Según datos procesados por la consultora a partir de la Central de Deudores del BCRA, la irregularidad de las familias subió de 12,1 % en abril a 12,7 % en mayo, mientras que el total del sector privado pasó de 7,3 % a 7,7 %. Entre los menores de 35 años con préstamos vigentes, casi cuatro de cada diez registran al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras. Esta cifra representa la decimonovena suba consecutiva mensual y multiplica por más de cinco el nivel observado en octubre de 2024.
El deterioro no se limita a los bancos. Las entidades no financieras, que concentran cerca del 17 % del financiamiento a familias, elevaron su mora al 32,2 %, frente a menos del 10 % de hace año y medio. Más del 27 % de quienes tomaron créditos perdieron la condición de sujetos de crédito, lo que cierra el acceso a nueva financiación formal y comprime el consumo futuro.
Impacto diferenciado por edad y tipo de entidad
El fenómeno golpea con mayor intensidad a los jóvenes. Entre los deudores de 18 a 25 años la irregularidad llega al 42,8 %; entre 26 y 35 años alcanza el 39,3 %. A partir de los 36 años la proporción desciende de forma sostenida: 31 % entre 36-45 años y 23,5 % entre 46-55. Esta brecha generacional no solo refleja mayor vulnerabilidad laboral de los más jóvenes, sino también el rápido crecimiento del crédito al consumo en los dos últimos años, cuando las condiciones de acceso eran más laxas.
Las entidades financieras también muestran comportamientos disímiles. De las 30 más grandes en préstamos a familias, 26 registraron suba de mora entre abril y mayo. La banca pública mantuvo el stock de créditos en términos reales, mientras que los bancos privados redujeron de forma marcada la originación durante el primer semestre. Esta divergencia sugiere que el sector público está absorbiendo parte del riesgo que los privados prefieren evitar, creando un desequilibrio que podría volverse insostenible si la recuperación del empleo formal sigue demorada.
Tres dinámicas que explican la persistencia de la mora
La primera dinámica es la pérdida estructural de sujetos de crédito. Cuando más del 27 % de los deudores ya no puede acceder a nuevo financiamiento formal, el efecto no es solo contable: se genera un círculo vicioso donde la falta de liquidez reduce el consumo y, con ello, la capacidad de pago futura. Esta situación afecta especialmente a los menores de 35 años, que concentran la mayor proporción de créditos de consumo y tarjetas.
La segunda dinámica radica en el contraste entre banca pública y privada. Mientras las entidades estatales sostuvieron el nivel de préstamos, los bancos privados recortaron exposición. El resultado es que el crecimiento del stock total de crédito sigue siendo insuficiente para diluir la mora. Históricamente, la reducción del ratio de irregularidad requiere que las financiaciones crezcan más rápido que los saldos en mora; esa condición no se cumple hoy.
La tercera dinámica es el régimen de tasas y el control cambiario. Con tasas de referencia cercanas al 20 % durante cuatro meses y prioridad oficial en la estabilidad del tipo de cambio, el costo del crédito sigue siendo elevado para los hogares de ingresos medios y bajos. La baja volatilidad observada desde marzo no ha sido suficiente para reactivar la demanda de préstamos, porque la percepción de riesgo de los bancos permanece alta.
Perspectivas y riesgos hacia adelante
El BCRA considera que la mora podría haber tocado techo en el segundo trimestre, aunque admite que el indicador depende de la evolución del empleo y los ingresos reales. Los próximos datos de junio y julio permitirán verificar si el pago del aguinaldo genera una mejora temporal. Sin embargo, el diagnóstico de la consultora es más cauteloso: el crédito a familias difícilmente vuelva a actuar como motor de la actividad antes de las elecciones de 2027.
Entre los riesgos principales se encuentra la profundización de la desigualdad de acceso al financiamiento. Los jóvenes que hoy pierden la condición de sujetos de crédito enfrentan un horizonte de varios años sin posibilidad de reconstruir historial positivo. Esto puede traducirse en menor formación de hogares, menor inversión en educación y un consumo más dependiente de ingresos corrientes. Otro riesgo es que la banca pública termine concentrando una porción excesiva del riesgo crediticio, lo que podría generar presiones fiscales futuras si la recuperación del empleo no se materializa con la fuerza esperada.
Por último, la elevada morosidad en entidades no financieras añade un factor de opacidad. Estas operaciones, que representan casi una quinta parte del financiamiento familiar, suelen estar menos reguladas y su deterioro puede propagarse con mayor rapidez al sistema formal cuando los deudores intentan reestructurar sus pasivos. La combinación de estos elementos sugiere que la normalización del crédito requerirá más que una mejora coyuntural del ingreso: demandará cambios en las condiciones de empleo y una recomposición gradual de la confianza tanto de prestatarios como de prestamistas.
