Morena difundió en redes sociales un video en el que cuestiona la trayectoria política de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en medio de la solicitud de desafuero que enfrenta para ser investigado por el presunto desfalco en Campeche. La pieza retoma declaraciones de un exsenador priista que asegura que Moreno construyó su fortuna mediante tráfico de influencias, y reaviva un choque político que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre poder partidista, recursos públicos y redes de negocio.
El material, compartido por Morena, sostiene que el comportamiento atribuido a Moreno no es un episodio aislado, sino una forma de operar arraigada en el PRI. La crítica se apoya en el testimonio de un exlegislador que dice conocerlo desde la década de 1990 y que lo presenta como un político que, aun con cargos menores en Ciudad del Carmen, ya se desplazaba con vehículos de lujo y escoltas. Según esa versión, su ascenso habría estado vinculado a la obtención de contratos de Pemex para empresas interesadas en trabajar con la petrolera.
De acuerdo con el video, esas prácticas se habrían intensificado cuando Moreno llegó al Senado, aunque en una escala mayor. El exsenador incluido en la grabación también asegura que el priista habría presionado a José Narro para impedir que buscara la dirigencia del partido. Morena utilizó esas afirmaciones para insistir en que el PRI conserva mecanismos de poder asociados a la corrupción y al tráfico de influencias, una acusación que forma parte de su discurso recurrente contra la oposición.
El contexto político da peso adicional a la difusión del video. La solicitud de desafuero contra Moreno implica que, si prospera, podría quedar en condiciones de ser investigado por la presunta malversación en Campeche, un caso que ya había deteriorado su imagen pública. En ese escenario, la estrategia de Morena no sólo busca desacreditar al dirigente priista, sino también conectar su figura con un patrón más amplio de impugnación al PRI, al que presenta como un partido cuyas formas de operación no han cambiado sustancialmente pese a su renovación retórica.
La controversia también revela la utilidad política de los testimonios internos en disputas entre partidos. Al recurrir a un exsenador priista, Morena intenta dar a sus señalamientos una apariencia de validación desde dentro de la propia estructura partidista adversaria. Sin embargo, el contenido difundido en redes no sustituye una resolución judicial ni establece responsabilidades penales; por ahora, funciona como un instrumento de presión pública en una batalla en la que la percepción pesa tanto como los expedientes.
