La definición de candidaturas de Morena para las próximas elecciones abrió una nueva discusión sobre los límites entre la actividad partidista y los actos anticipados de campaña. En su columna publicada el 4 de agosto de 2026, el periodista cuestionó el método utilizado por el partido para seleccionar a sus aspirantes y puso el foco, además, en la manera en que el movimiento presenta públicamente la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una crítica al calendario de Morena
El autor explicó que mantiene una relación cordial desde hace años con Citlalli Hernández, dirigente cuya militancia partidista, dijo, nunca ha impedido el diálogo entre ambos. Precisamente por esa relación, señaló, buscó conversar con ella en Radio Fórmula acerca del proceso interno de Morena para designar a sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa.
La objeción central de la columna se refiere al momento en que se realizan esas actividades. De acuerdo con el texto, el periodo electoral comenzaría dentro de un mes y las campañas formales se desarrollarían hacia finales de febrero, mientras que Morena prevé definir durante el mes en curso a sus 17 representantes para las gubernaturas. El partido también resolvería la selección de 300 candidaturas distritales para la Cámara de Diputados.
El señalamiento no sostiene que Morena haya pedido directamente el voto, sino que considera que la organización de recorridos, posicionamientos y procesos de selección puede tener efectos equivalentes a una campaña. La diferencia es relevante: la legislación electoral establece reglas específicas sobre los tiempos, los actos proselitistas y la promoción de aspirantes, pero la aplicación de esas normas depende de las características concretas de cada actividad y de la valoración de las autoridades electorales.
El argumento de los procesos internos
Según la conversación citada por el columnista, Hernández defendió la idea de que se trata de procesos internos de Morena y no de campañas, precisamente porque no se solicita el voto ciudadano. La respuesta refleja una disputa recurrente en la política mexicana: los partidos suelen presentar sus actividades como ejercicios de organización interna, mientras que sus críticos advierten que la exposición pública de los aspirantes puede producir ventajas electorales antes del periodo autorizado.
La controversia no se resuelve únicamente con la denominación del acto. Para determinar si existe una infracción, normalmente deben considerarse elementos como el contenido de los mensajes, la identificación de una persona como futura candidata, el llamado explícito o implícito al voto, la publicidad empleada, el alcance territorial y la fecha en que se realizan las actividades. Por ello, la discusión planteada por el autor apunta a una posible revisión jurídica, aunque la columna no informa de una resolución de las autoridades electorales sobre este caso específico.
Los carteles y la continuidad del movimiento
Más allá del calendario, el periodista describió la escenografía utilizada durante el enlace radiofónico con Hernández. Afirmó que la dirigente apareció frente a dos carteles: uno con la imagen de Sheinbaum y la frase “Con la presidenta siempre”, y otro, de mayor tamaño, con el retrato de López Obrador acompañado por el mensaje “Gracias siempre presidente”.
El autor interpretó el diseño gráfico como una evocación de la propaganda política de regímenes autoritarios del siglo XX. Esa valoración pertenece al terreno de la opinión y no constituye, por sí misma, una conclusión sobre el carácter legal de los materiales. Sin embargo, el episodio sirve para ilustrar una tensión política de fondo: Morena gobierna con una presidenta en funciones, pero conserva una identidad partidista fuertemente vinculada con el liderazgo y el legado de López Obrador.
La frase “Con la presidenta siempre” puede leerse como una expresión de respaldo al gobierno en turno. En cambio, “Gracias siempre presidente” coloca al exmandatario en una posición simbólica permanente dentro del movimiento. Para el columnista, esa coexistencia revela la dificultad de separar las estructuras de gobierno de la organización política. La cuestión adquiere importancia institucional porque, en un sistema presidencial, la autoridad formal corresponde a quien ocupa el cargo, mientras que el liderazgo partidista puede mantener influencia aun después de dejar la Presidencia.
Las advertencias sobre el poder político
El texto plantea que la concentración simbólica de ambas figuras podría ser un indicio de la relación que Morena pretende mantener entre gobierno y movimiento. El autor advierte que, si el poder político se comparte entre la presidenta y el expresidente, la autoridad institucional podría quedar sujeta a una conducción paralela. Se trata de una interpretación crítica, no de una prueba de que exista formalmente una estructura de poder compartido, pero pone sobre la mesa el debate sobre la autonomía del gobierno frente al partido gobernante.
La selección anticipada de candidaturas también puede tener efectos internos. Al definir con mucha antelación a quienes competirán por las gubernaturas y por los distritos legislativos, Morena puede ordenar sus estructuras territoriales y reducir la incertidumbre entre sus grupos. Al mismo tiempo, esa estrategia puede intensificar las impugnaciones de sus adversarios y aumentar el riesgo de que los actos partidistas sean cuestionados por presunta promoción anticipada.
Los otros asuntos señalados en la columna
En un apartado dedicado a Baja California, el autor sostuvo que el Partido Acción Nacional podría recuperar fácilmente el gobierno estatal si conservara la fuerza que tuvo en el pasado. Relacionó esa posibilidad con la crisis de la gobernadora, unas grabaciones, la ofensiva del exgobernador Jaime Bonilla —a quien identificó como exmilitante de Morena— y una eventual alianza con Julieta Ramírez. También mencionó el llamado caso Ruffo. La columna no aporta detalles documentales sobre esos episodios ni confirma una candidatura, por lo que sus referencias deben entenderse como una valoración política.
El segundo comentario se refiere al coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, a quien el autor identifica como doctor en Derecho y maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según la columna, Monreal propuso que los legisladores que busquen la reelección no abandonen sus cargos, con el argumento de proteger la mayoría calificada. El periodista cuestionó que esa postura anteponga la conveniencia política a las disposiciones constitucionales, aunque el texto no cita el contenido exacto de la propuesta ni detalla el procedimiento legislativo correspondiente.
Finalmente, informó que una corte federal del Distrito Sur de Nueva York aplazó la comparecencia de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad del gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa. El columnista señaló que Mérida se entregó tras estallar un caso relacionado con extradiciones y anticipó que su declaración podría aportar elementos sobre el expediente, especialmente ante la exigencia presidencial de que se presenten pruebas para sustentar las acusaciones. La audiencia pendiente mantiene abierta esa línea del caso, pero no permite anticipar qué información será presentada ni cuál será su alcance judicial.
