La advertencia de especialistas sobre la necesidad de profundizar la consolidación fiscal llega en un momento delicado para las finanzas públicas: la deuda bruta del sector público cerró 2025 en 55.8 por ciento del PIB y, aunque bajó a 54.5 por ciento en junio, sigue en un nivel que limita el margen de maniobra del Gobierno. El dato no es menor. En economías con crecimiento moderado y tasas de interés aún relevantes, cada punto de deuda adicional encarece el servicio financiero, reduce espacio para inversión pública y vuelve más frágil la respuesta ante choques externos.
La lectura más favorable de este ajuste es que la autoridad fiscal todavía tiene margen para evitar una trayectoria de deuda más pesada si logra estabilizar el balance primario y sostenerlo durante varios años. La estimación de Moody’s Analytics, que plantea un superávit primario anual de entre 0.5 y 0.8 por ciento del PIB para mantener la deuda alrededor del nivel de 2026, ofrece una referencia concreta para la discusión pública. Aun si ese objetivo parece técnico, en la práctica implica disciplina en el gasto, mayor capacidad recaudatoria y una administración más estricta de los pasivos contingentes.
El problema es que el ajuste no ocurre en el vacío. El balance primario se contrajo 51.3 por ciento real en los primeros seis meses de 2026, hasta 124 mil 826 millones de pesos, lo que sugiere que la presión sobre las cuentas públicas no se está aliviando con la velocidad necesaria. Si el Gobierno intenta corregir esa tendencia con recortes apresurados, puede terminar afectando programas de inversión, mantenimiento de infraestructura, salud o seguridad, justo en áreas que sostienen el crecimiento y la estabilidad social.
Ese es el principal riesgo de una consolidación fiscal mal calibrada: convertir un problema de deuda en un problema de actividad económica. Una reducción demasiado agresiva del gasto puede enfriar aún más la demanda interna, debilitar la creación de empleo y afectar la recaudación futura, lo que obligaría a nuevos ajustes. En ese escenario, el esfuerzo fiscal deja de ser una vía de estabilización y se vuelve un ciclo de correcciones que erosiona la confianza de empresas y hogares. La experiencia internacional muestra que la credibilidad fiscal importa, pero también importa el ritmo con el que se corrigen los desequilibrios.
La otra cara del análisis es la calidad del ajuste. No todos los recortes ni todos los incrementos de ingreso tienen el mismo efecto. Un superávit primario logrado mediante contención del gasto corriente improductivo es muy distinto de uno que se alcance debilitando la inversión pública o recurriendo a medidas extraordinarias de corto plazo. La sostenibilidad no depende solo de cumplir una meta numérica, sino de si el ajuste mejora la estructura del presupuesto y fortalece la capacidad del Estado para crecer sin depender de más deuda.
También hay un componente de incertidumbre que no conviene subestimar. Los cálculos de requerimiento fiscal descansan en supuestos de crecimiento hacia una tasa potencial de 2.2 por ciento en 2030, inflación convergente a 3 por ciento y una tasa real de interés acercándose a la neutralidad. Si cualquiera de esas variables cambia, la senda de la deuda se altera. Un crecimiento menor al esperado, una inflación persistente o un entorno de tasas más altas pueden elevar de inmediato la necesidad de superávit y volver insuficiente el esfuerzo hoy considerado razonable.
Para los mercados, una señal de disciplina consistente puede traducirse en menor prima de riesgo y en mejores condiciones de financiamiento para el sector público y privado. Para los hogares, en cambio, los beneficios no serían automáticos ni rápidos. La estabilidad fiscal solo se convierte en bienestar si libera recursos para inversión eficiente, protege el gasto social prioritario y reduce la probabilidad de ajustes abruptos en el futuro. De lo contrario, el ciudadano percibe solo la restricción, no el dividendo de estabilidad que debería acompañarla.
El debate que abre este escenario no es si conviene o no ordenar las finanzas públicas, sino cómo hacerlo sin sacrificar crecimiento ni cohesión social. La próxima prueba para la política fiscal será demostrar que puede sostener deuda estable, mantener credibilidad y preservar capacidad de inversión al mismo tiempo. Ese equilibrio es exigente, pero también es el único que puede convertir la consolidación fiscal en una base duradera de estabilidad y no en una pausa frágil antes de un nuevo deterioro.
