El informe Desaparecer Otra Vez, presentado por Amnistía Internacional México tras entrevistar a más de 600 mujeres, coloca en el centro una consecuencia que suele quedar oculta detrás de cada registro de desaparición: la búsqueda no termina en la denuncia, sino que se convierte en una responsabilidad prolongada para las familias. En México, donde la Comisión Nacional de Búsqueda reporta más de 132 mil personas desaparecidas, una cifra equivalente implica también a decenas de miles de familiares que intentan localizar, identificar o esclarecer el destino de sus seres queridos. La mayoría de quienes asumen esa tarea son mujeres.
La relevancia del señalamiento no se limita a la falta de acompañamiento institucional. También muestra una transferencia de responsabilidades: las buscadoras terminan desarrollando conocimientos de antropología forense, peritaje y derecho porque las respuestas oficiales son insuficientes o demasiado lentas. Ese aprendizaje puede fortalecer su capacidad para documentar hallazgos y exigir resultados, pero al mismo tiempo revela una falla estructural. La sociedad civil está cubriendo funciones que corresponden al Estado, con recursos propios y bajo condiciones de exposición que pueden tener consecuencias físicas, emocionales, legales y de seguridad.
Una ciudadanía que adquiere capacidades por necesidad
El conocimiento acumulado por los colectivos de Tijuana puede producir efectos positivos en varios niveles. Una familiar que conoce los procedimientos de búsqueda, preservación de indicios y seguimiento jurídico tiene mayores posibilidades de detectar omisiones, cuestionar inconsistencias y participar de manera informada en las investigaciones. La organización colectiva también permite compartir información, distribuir tareas y generar una memoria documental que puede ser decisiva cuando las administraciones cambian o los expedientes permanecen estancados.
La experiencia de las buscadoras puede contribuir, además, a mejorar las políticas públicas. Sus recorridos permiten identificar zonas de riesgo, patrones de desaparición y obstáculos que no siempre aparecen en los registros administrativos. Al poner en contacto a familias, organizaciones, universidades y autoridades, los colectivos pueden impulsar una discusión más precisa sobre la búsqueda en vida, la localización de restos y la atención a las víctimas indirectas. La presentación del informe ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California amplía ese debate y puede favorecer que nuevas generaciones de profesionales comprendan que la desaparición tiene dimensiones jurídicas, forenses, sociales y humanitarias.
Sin embargo, convertir a las víctimas en especialistas por obligación no debe confundirse con una solución. La preparación adquirida durante expediciones puede mejorar la calidad de algunas búsquedas, pero no sustituye a las fiscalías, las comisiones de búsqueda, los servicios periciales ni los mecanismos de protección. Tampoco elimina la desigualdad entre colectivos con diferente acceso a asesoría, transporte, equipo o redes de apoyo. El hecho de que algunas mujeres logren desarrollar capacidades avanzadas no significa que el sistema esté funcionando; puede ser, precisamente, una señal de que la respuesta institucional ha dejado vacíos demasiado amplios.
Tijuana: buscar en territorios donde persiste el peligro
El caso de Tijuana presenta una complejidad particular porque, de acuerdo con Amnistía Internacional México, las buscadoras realizan su labor en terrenos o zonas disputadas por el crimen organizado. Esa condición modifica por completo el cálculo de una expedición. No se trata únicamente de localizar indicios, acceder a un sitio y preservar información: también es necesario valorar quién controla el área, qué riesgos puede generar la presencia del grupo y cómo proteger a las familias que participan.
La exposición es mayor cuando las posibles víctimas pertenecen a sectores de bajos recursos o son migrantes nacionales y extranjeros. La vulnerabilidad económica puede limitar la capacidad de denunciar, contratar asesoría o mantener una búsqueda durante meses y años. En el caso de las personas migrantes, la falta de redes familiares cercanas, los cambios de residencia y las dificultades para confirmar identidades pueden complicar la reconstrucción de rutas y la comunicación con las autoridades. La desaparición deja así de ser un problema individual y se relaciona con movilidad humana, exclusión social y control territorial.
Las amenazas directas tienen un efecto que va más allá de la persona que las recibe. Pueden disuadir a otras familias de integrarse a las búsquedas, reducir la denuncia de nuevos casos y fragmentar a los colectivos. Si una líder abandona su actividad por temor, se pierde conocimiento organizativo y capacidad de interlocución. Si el grupo decide suspender una expedición, también puede retrasarse la localización de restos o la identificación de una víctima. El riesgo, por tanto, no solo afecta la seguridad de las mujeres: puede debilitar todo el proceso de verdad y justicia.
El costo invisible para las familias y las instituciones
La falta de apoyo gubernamental produce una carga económica difícil de sostener. Traslados, herramientas, alimentos, asesoría jurídica y atención médica pueden recaer en familias que ya enfrentan pérdida de ingresos o endeudamiento. Cuando las buscadoras deben financiar su propia capacitación y sus expediciones, la continuidad de la búsqueda depende de donaciones, redes comunitarias o de la capacidad individual de cada colectivo. Esa dependencia crea una respuesta desigual: algunos casos pueden recibir mayor visibilidad y acompañamiento, mientras otros quedan relegados.
También existe un costo emocional. La búsqueda mantiene a las familias en contacto constante con la incertidumbre, la violencia y la posibilidad de encontrar restos. La exposición repetida a escenas traumáticas puede agravar el duelo y generar agotamiento. Si la atención psicológica no está disponible de manera sostenida y culturalmente adecuada, las mujeres pueden terminar asumiendo simultáneamente funciones de investigadoras, representantes legales, cuidadoras y proveedoras económicas. El impacto alcanza a sus hijos, parejas y comunidades, aunque con frecuencia no aparece en las estadísticas oficiales.
Para el Gobierno mexicano, la participación de los colectivos puede ofrecer información y colaboración valiosas, pero también plantea una cuestión de legitimidad. Si las autoridades se limitan a recibir datos obtenidos por las familias sin fortalecer sus propias capacidades, la cooperación puede transformarse en una forma de externalización de obligaciones. Además, cuando existen diferencias entre los registros, las fiscalías y los colectivos, aumenta la desconfianza y se dificulta establecer qué ocurrió con cada persona. La coordinación exige protocolos claros, comunicación verificable y responsabilidades definidas, no solo reuniones o llamados públicos.
Protección sin participación puede quedarse corta
El desafío central consiste en diseñar medidas de protección que respondan a la realidad de cada colectivo. Una amenaza en una zona controlada por grupos criminales no puede atenderse únicamente con recomendaciones generales o acompañamiento ocasional. Se requieren evaluaciones de riesgo actualizadas, canales de emergencia, transporte seguro, protocolos de suspensión de búsquedas y garantías para que las familias puedan acceder a información sin quedar expuestas. Al mismo tiempo, cualquier mecanismo debe respetar la autonomía de las buscadoras y evitar que la protección se convierta en una restricción que les impida continuar con su labor.
La respuesta institucional también tendría que incorporar una perspectiva de género. Las mujeres no solo participan en mayor proporción; en muchos casos se convierten en la cara pública del reclamo y enfrentan cargas domésticas, laborales y comunitarias que no se distribuyen de manera equitativa. Una política que entregue apoyo únicamente al expediente de la persona desaparecida puede dejar sin atender a quienes sostienen la búsqueda. La asistencia legal, psicológica, médica y económica debe entenderse como parte de la reparación y de la garantía de acceso a la justicia, no como una ayuda discrecional.
Las universidades y organizaciones civiles pueden desempeñar un papel útil en la formación técnica, la documentación y la evaluación de políticas. No obstante, su intervención debe evitar que la experiencia de las buscadoras sea utilizada únicamente como material académico o testimonial. La colaboración debe traducirse en herramientas concretas, acompañamiento profesional y resultados medibles. También es necesario proteger los datos personales, las rutas de búsqueda y la información sobre posibles hallazgos, porque una divulgación imprudente puede poner en riesgo a las familias o afectar investigaciones en curso.
Entre una mayor visibilidad y nuevos riesgos
La difusión del informe puede incrementar la presión pública para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y reconocer a las mujeres buscadoras como sujetas de derechos. La visibilidad ayuda a combatir la normalización de la desaparición, facilita que más familias conozcan sus opciones y puede impulsar presupuestos, protocolos y controles institucionales. La conversación universitaria también abre la posibilidad de que el tema se aborde con mayor rigor y menos estigmas.
Pero la visibilidad no es automáticamente protección. La exposición mediática de líderes, nombres de colectivos, lugares de búsqueda o detalles de expediciones puede convertirlas en objetivos más identificables. Existe además el riesgo de que el interés público se concentre en casos emblemáticos y deje fuera a familias sin capacidad para atraer cobertura. La presión social puede producir anuncios rápidos, aunque no necesariamente investigaciones sólidas. Para evaluar avances será indispensable observar indicadores verificables: denuncias atendidas, personas localizadas, restos identificados, medidas de seguridad cumplidas y sanciones por negligencia o encubrimiento.
El futuro de esta crisis dependerá de si las instituciones reconocen el conocimiento de las buscadoras como una fuente de colaboración y, al mismo tiempo, asumen plenamente sus obligaciones. Mientras la búsqueda recaiga en mujeres que trabajan con recursos propios en territorios inseguros, cualquier avance seguirá siendo frágil. El informe de Amnistía Internacional ofrece una advertencia concreta: cada nueva capacidad adquirida por un colectivo puede representar una victoria de organización, pero también el registro de una responsabilidad pública que no fue atendida a tiempo. La respuesta más eficaz deberá proteger a quienes buscan, mejorar la investigación oficial y garantizar que ninguna familia tenga que elegir entre la seguridad y el derecho a saber qué ocurrió.
