El presidente José Raúl Mulino presentó el 1 de julio ante la Asamblea Nacional el comienzo de una segunda fase de su mandato, centrada en la generación de empleo y el crecimiento económico tras dos años dedicados al saneamiento de las finanzas públicas. En su informe de gestión, el mandatario describió el período inicial como un proceso de “limpieza” necesario para sentar bases sólidas antes de avanzar hacia resultados tangibles para la población.
Mulino explicó que al asumir el cargo encontró un déficit fiscal elevado, obras paralizadas y una credibilidad internacional erosionada. Su administración optó por reducir el déficit, contener el endeudamiento y evitar medidas drásticas como recortes masivos de personal o aumentos impositivos. Esta estrategia, según el presidente, buscó preservar la estabilidad macroeconómica sin trasladar el costo directamente a los hogares panameños.
La nueva etapa se articula en torno al programa “Panamá Pa’ Ti”, que prioriza cuatro áreas: empleo, salud, canasta básica y agua. El mandatario reconoció que los ajustes fiscales aún no se perciben plenamente en la vida cotidiana y afirmó que “ningún panameño vive del déficit fiscal”, señalando la necesidad de pasar a la fase de generación de oportunidades concretas.
El primer pilar de esta estrategia es la creación de 80.000 empleos privados. Mulino anunció una alianza con el sector productivo que colocará a la construcción como motor principal, impulsando un programa de viviendas accesibles, especialmente en el interior del país. Cada vivienda generaría, según el presidente, un efecto multiplicador en el comercio local y la demanda de mano de obra.
En infraestructura, Mulino destacó avances en proyectos emblemáticos como la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal —que pasó de menos del 1 % a 38 % de ejecución con 2.000 trabajadores activos— y corredores viales en el Caribe y el interior. Estas obras, junto con más de 700 proyectos públicos en marcha, forman parte del esfuerzo por dinamizar la actividad económica sin recurrir a endeudamiento excesivo.
Diversificación sectorial y alianzas estratégicas
Además de la construcción, el gobierno anunció incentivos turísticos y un programa de formación con prácticas remuneradas en ese sector. La iniciativa Talent Up Panamá, en colaboración con Google, capacitará gratuitamente a 10.000 personas en inteligencia artificial, computación en la nube y ciberseguridad. Estas medidas buscan ampliar la base productiva más allá de la infraestructura física.
Una alianza con BID Invest por 1.000 millones de dólares canalizará recursos directamente al sector privado, con énfasis en pequeñas y medianas empresas. En Colón, la expansión de la Zona Libre por 250 millones comenzará en noviembre, mientras que el programa Primer Empleo Agro beneficiará a unos 2.000 jóvenes en cuatro provincias. Estas iniciativas reflejan un enfoque que combina inversión pública con estímulos al sector privado.
Temas pendientes y contexto político
Sobre la mina, Mulino indicó que el informe técnico internacional ya está disponible y será analizado por un equipo ministerial sin adelantar posiciones extremas. El presidente rechazó tanto el apoyo automático como la oposición cerrada, enfatizando la necesidad de un debate basado en evidencia técnica.
Respecto al tren Panamá-David, el mandatario aclaró que el proyecto se concibe ahora como una obra de integración nacional. Un estudio internacional lo considera viable, aunque requerirá validación independiente. Mulino reconoció que la obra superará su período de gobierno, pero la presentó como un compromiso de Estado comparable al Metro.
El discurso coincidió con la instalación del nuevo período legislativo y la elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea con 42 votos. Esta votación confirmó el control de las bancadas oficialistas y tradicionales, en medio de tensiones con sectores independientes. Mulino pidió una relación de independencia institucional pero también de unidad para ejecutar las medidas anunciadas.
El reto inmediato radica en traducir las promesas en resultados medibles dentro de plazos y presupuestos definidos. La transición desde la estabilización fiscal hacia una fase de expansión económica requerirá coordinación efectiva entre el Ejecutivo, el sector privado y el Legislativo, en un contexto donde la credibilidad de las políticas dependerá de su ejecución concreta.
