La imposición de una multa por 46 millones de pesos a Campo Marte por su ocupación durante el Mundial 2026 obliga a examinar cómo se gestionan los espacios bajo control militar cuando se abren a actividades comerciales. La Secretaría de Hacienda determinó que el uso de 40 mil metros cuadrados durante 39 días generó un adeudo calculado en función de tarifas por metro cuadrado aplicadas a zonas gastronómicas, recreativas y deportivas. Este cálculo no surgió de una auditoría interna, sino de la presión de vecinos organizados en La Voz de Polanco que documentaron afectaciones viales y acústicas sin que existiera contraprestación previa.
Orígenes del conflicto por el espacio militar
Campo Marte, administrado históricamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha funcionado como zona de entrenamiento y sede de ceremonias oficiales. Su cesión temporal a la empresa The Mates Contents para montar zonas de gastronomía, música y exposiciones durante el Mundial 2026 se autorizó mediante convenios entre la Secretaría de Turismo y la propia Defensa Nacional. Ninguno de esos documentos estableció el pago de una cuota por el uso del suelo federal, lo que contrasta con los procedimientos habituales para concesiones de bienes nacionales. La ausencia de esa cláusula permitió que el espacio se explotara sin que el erario recibiera compensación directa, hasta que la intervención de Hacienda corrigió el vacío.
El desglose de la multa revela que las áreas gastronómicas representan más de la mitad del monto, seguidas por los espacios recreativos musicales. Estas cifras se obtuvieron cruzando el número de asistentes estimado con el precio promedio de las entradas, que oscilaba entre 400 y 24 mil pesos. El método empleado por Hacienda muestra que la valuación no se basa en un arancel fijo, sino en el beneficio económico obtenido por el operador privado.
Presión vecinal y rendición de cuentas
Los residentes de Polanco argumentaron que la ocupación generó congestión vehicular prolongada y niveles de ruido superiores a los permitidos en zonas habitacionales. La asociación vecinal solicitó formalmente la revisión del acuerdo y la aplicación de las tarifas correspondientes al uso de suelo federal. Esta acción activó el mecanismo de fiscalización de Hacienda, que concluyó que el Estado dejó de percibir recursos equivalentes a los 46 millones de pesos. El caso ilustra cómo la participación ciudadana puede activar controles que las dependencias involucradas no ejercieron de manera preventiva.
La falta de claridad sobre quién debe cubrir el monto mantiene abierta la discusión institucional. Hacienda aún no define si la responsabilidad recae en The Mates Contents por haber operado sin contrato oneroso, o en la Secretaría de la Defensa Nacional por autorizar el uso sin establecer las condiciones económicas. Esta indefinición expone una debilidad recurrente en los convenios interinstitucionales: la omisión de cláusulas de responsabilidad patrimonial cuando intervienen varias secretarías.
Consecuencias para la gestión de activos federales
El precedente afecta directamente la forma en que se planifican eventos masivos que requieren espacios de gran extensión. En adelante, cualquier cesión de terrenos militares o federales para fines recreativos o comerciales deberá incluir valuaciones previas y contratos que especifiquen el pago de contraprestaciones. La omisión de estos requisitos ya ha generado litigios similares en otros estados donde terrenos del Ejército se utilizaron para ferias o conciertos sin que el erario recuperara el valor de mercado.
Además, la multa pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de autorización entre dependencias civiles y militares. Cuando la Secretaría de Turismo promueve el uso de espacios sin coordinar con Hacienda el impacto fiscal, se genera un desfase entre la promoción turística y la protección del patrimonio público. Este desajuste puede repetirse en futuras ediciones de eventos internacionales si no se establece un mecanismo de revisión intersecretarial obligatorio.
Repercusiones en la relación entre Estado y comunidades
El caso de Polanco muestra que las decisiones sobre espacios públicos cercanos a zonas residenciales requieren mayor consulta previa. La movilización vecinal no solo logró la recuperación de recursos, sino que también estableció un estándar de transparencia para futuros proyectos. Las organizaciones ciudadanas ahora cuentan con un precedente que pueden invocar cuando se autoricen eventos sin estudios de impacto vial o acústico.
En el plano más amplio, la resolución de Hacienda refuerza la idea de que los bienes nacionales deben generar ingresos cuando se explotan comercialmente, incluso si el operador es una empresa vinculada a programas oficiales. Esta postura reduce el margen para interpretaciones discrecionales y obliga a las dependencias a documentar cada cesión con criterios económicos claros. La medida, aunque correctiva, también plantea preguntas sobre cómo equilibrar el impulso a eventos de gran escala con la protección del erario y los derechos de los vecinos.
