México llega a la discusión del Paquete Económico 2027 con una advertencia que trasciende las cifras anuales de crecimiento: el país no puede limitarse a administrar recursos insuficientes mientras posterga las condiciones para expandir su capacidad productiva. El grupo de economistas convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea elevar la inversión pública y privada, mejorar la calidad del gasto y reconstruir la certidumbre para quienes toman decisiones de largo plazo. Su diagnóstico parte de una realidad persistente: la economía mexicana ha mostrado resistencia ante choques externos, pero esa estabilidad no se ha traducido de manera sostenida en una expansión vigorosa de productividad, ingreso per cápita y oportunidades regionales.
Las propuestas, que serán entregadas el 17 de agosto a la Secretaría de Hacienda y a comisiones del Congreso, entran en un momento decisivo. El Ejecutivo debe presentar el Paquete Económico 2027 antes del 8 de septiembre, y la discusión presupuestal definirá si el llamado a una estrategia de largo alcance se convierte en prioridades financieras concretas o queda como un diagnóstico compartido. La diferencia no es menor: una política de crecimiento requiere continuidad entre presupuestos, regulación, infraestructura, formación de capital humano y reglas fiscales; no puede descansar únicamente en programas dispersos ni en el comportamiento favorable de la economía estadounidense.
Una década marcada por crecimiento insuficiente
El problema señalado por los especialistas tiene raíces anteriores al actual gobierno. Desde mediados de la década de 2010, México ha alternado periodos de expansión moderada con episodios de debilidad, mientras la inversión fija bruta ha enfrentado altibajos y la productividad laboral ha avanzado con lentitud. La pandemia agravó rezagos ya presentes en salud, educación, conectividad e infraestructura. Después vino la oportunidad del nearshoring, impulsada por la disputa comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, atraer plantas manufactureras no garantiza por sí mismo un salto de desarrollo: una fábrica puede instalarse, importar gran parte de sus insumos y dejar beneficios limitados en su entorno si no existen proveedores nacionales, energía suficiente, agua, transporte y trabajadores capacitados.
La experiencia del norte industrial ilustra esa tensión. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Coahuila han captado inversión vinculada con exportaciones, automóviles, dispositivos médicos y electrónica. Pero la concentración territorial también ha expuesto cuellos de botella: presión sobre vivienda, redes eléctricas, disponibilidad hídrica y movilidad urbana. Al mismo tiempo, regiones del sur y del centro del país conservan potencial logístico, agroindustrial y turístico, aunque enfrentan menores niveles de conectividad, capacidades empresariales y acceso al financiamiento. La política de crecimiento, por tanto, no puede medirse sólo por anuncios de inversión: debe evaluar cuánto valor agregado mexicano se integra a las nuevas cadenas y qué regiones adquieren condiciones reales para participar.
El planteamiento de las mesas coordinadas por Gabriela Dutrénit, Ana María Aguilar, Mariana Rangel, Fausto Hernández, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal y Gerardo Esquivel reconoce que el crecimiento no es un asunto exclusivamente empresarial. La productividad depende de la interacción entre empresas, Estado, universidades, sistema financiero y hogares. Una pequeña empresa con potencial para proveer componentes a una armadora requiere estándares de calidad, certificaciones, crédito, personal técnico y contratos previsibles. Si cualquiera de esas piezas falla, la compañía seguirá operando en mercados locales de bajo margen o en la informalidad, aun cuando una gran inversión internacional se encuentre a pocos kilómetros.
La certidumbre como infraestructura invisible
La demanda de certidumbre jurídica, fiscal y regulatoria ocupa un lugar central porque la inversión responde a expectativas, no sólo a incentivos. Como señaló Moreno Brid, el Estado puede recaudar por mandato legal, pero no puede obligar a empresas y familias a comprometer capital en proyectos de largo plazo. Una compañía decide ampliar una planta cuando puede estimar costos energéticos, reglas laborales, cargas tributarias, permisos ambientales, protección contractual y mecanismos de resolución de controversias. Cuando esas variables cambian con frecuencia o se perciben inciertas, la reacción racional suele ser esperar, aun si existe demanda potencial.
Este punto adquiere relevancia frente a la reforma judicial y a una etapa de cambios institucionales. Los economistas no proponen revertirla, sino construir garantías hacia adelante para que la nueva arquitectura funcione con previsibilidad. El reto será demostrar en la práctica que los tribunales, autoridades administrativas y mecanismos fiscales resuelven conflictos con criterios consistentes y tiempos razonables. Para una gran corporación, la incertidumbre puede retrasar una inversión multimillonaria; para una pyme, un litigio largo o un permiso detenido puede significar el cierre. Por ello, la seguridad jurídica tiene una dimensión de competencia económica, pero también de supervivencia para negocios de menor escala.
La certidumbre tampoco debe confundirse con inmovilidad. México necesita actualizar sus reglas para incorporar tecnologías, transitar hacia una economía menos intensiva en carbono y ampliar la base tributaria. La clave está en que los cambios tengan calendarios claros, interlocución con los sectores afectados y capacidad administrativa para aplicarse de manera homogénea. Una regulación ambiental ambiciosa, por ejemplo, puede abrir mercados para proveedores de energías limpias y eficiencia industrial; aplicada sin redes eléctricas, financiamiento ni criterios definidos, puede convertirse en un costo que desaliente nuevas inversiones.
El T-MEC entra en una fase más exigente
La reorganización del comercio mundial vuelve más urgente esta agenda. México conserva una ventaja geográfica excepcional: comparte frontera con el mayor mercado de consumo del mundo y está profundamente integrado a la manufactura norteamericana. Pero esa posición enfrenta una revisión anual del T-MEC y una competencia internacional cada vez más condicionada por subsidios, seguridad nacional, trazabilidad de insumos y transición tecnológica. Estados Unidos busca reducir dependencias estratégicas respecto de China, pero también exige mayor contenido regional, cumplimiento laboral y capacidad de respuesta en sectores sensibles.
La industria automotriz muestra el alcance de ese cambio. La transición hacia vehículos eléctricos redefine proveedores, demanda minerales críticos, software, semiconductores y capacidad de generación eléctrica confiable. México puede beneficiarse por su plataforma manufacturera, pero no basta con ensamblar vehículos diseñados fuera del país. El valor creciente está en baterías, electrónica de potencia, diseño, datos y servicios especializados. Sin una política que conecte universidades, centros tecnológicos y empresas mexicanas con esas actividades, el país corre el riesgo de conservar empleos industriales importantes, aunque con una participación limitada en los segmentos que concentran conocimiento y márgenes.
La propuesta de fortalecer la integración de pymes a cadenas de valor responde precisamente a esa brecha. No se trata de imponer compras nacionales sin considerar calidad y competitividad, sino de reducir las barreras que impiden a proveedores mexicanos cumplir con requisitos globales. Programas de desarrollo de proveedores, garantías de crédito, laboratorios de certificación y compras públicas bien diseñadas pueden acelerar ese proceso. Un ejemplo posible está en la industria de dispositivos médicos de Baja California: proveedores locales de empaque, moldes, esterilización, logística o mantenimiento pueden escalar si tienen acceso a estándares y financiamiento; sin esas condiciones, los insumos seguirán llegando desde el exterior.
Salud y educación dejan de ser gasto pasivo
La insistencia en salud y educación como motores de productividad corrige una separación frecuente en el debate presupuestal. Durante años, estos rubros suelen presentarse como gasto social frente a la inversión productiva. Esa oposición es engañosa. Un trabajador con acceso irregular a servicios médicos enfrenta ausentismo, gastos de bolsillo y menor estabilidad laboral; una empresa instalada en una región con escuelas técnicas insuficientes tiene que importar talento o limitar procesos de mayor complejidad. Los sistemas de salud eficientes y la formación educativa pertinente no producen resultados instantáneos, pero determinan la capacidad de una economía para absorber tecnología y aumentar salarios sin perder competitividad.
El efecto es particularmente relevante en un país donde la informalidad mantiene a una parte considerable de los trabajadores fuera de mecanismos estables de capacitación, seguridad social y financiamiento. Mejorar la productividad no significa exigir más horas o reducir costos laborales; implica que el trabajo incorpore mejores herramientas, procesos y conocimientos. Cuando una microempresa digitaliza inventarios, formaliza a su personal y accede a crédito para adquirir maquinaria, puede elevar producción y pagar mejores remuneraciones. Pero esa transición requiere servicios públicos funcionales y reglas que hagan viable crecer dentro de la formalidad.
La inversión en investigación, desarrollo e innovación enfrenta además un problema de horizonte temporal. Sus beneficios rara vez caben en un ciclo presupuestal o político. Un fondo de inteligencia artificial aplicada, como el sugerido por Dutrénit, tendría sentido si se orienta a necesidades nacionales concretas: detección temprana de enfermedades, eficiencia energética, agricultura de precisión, gestión del agua, logística y modernización de trámites. Financiar proyectos aislados o adquirir tecnología sin capacidades locales tendría un efecto limitado. La meta debe ser formar investigadores, generar datos confiables, proteger usos responsables y convertir conocimiento en soluciones que empresas y gobiernos puedan adoptar.
La disputa fiscal detrás de la estrategia
El mayor obstáculo para una agenda de inversión es fiscal. México recauda menos de lo que requieren sus necesidades de infraestructura, salud, educación y transición energética, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida por pensiones, participaciones a estados, deuda y programas permanentes. En ese contexto, la discusión suele reducirse a recortes, reasignaciones o ahorros administrativos. Esas medidas pueden mejorar eficiencia, pero difícilmente financiarán por sí solas una transformación productiva de gran escala. La observación de Héctor Villarreal es crucial: sin crecimiento sostenido e incluyente, también será difícil elevar los ingresos públicos; pero sin ingresos suficientes, el Estado tendrá poco margen para crear las condiciones de ese crecimiento.
Una eventual reforma hacendaria tendría que resolver esa circularidad con una combinación de mejor fiscalización, reducción de privilegios injustificados, simplificación para pequeños contribuyentes y evaluación rigurosa del gasto. El riesgo de aumentar cargas sin ofrecer servicios, infraestructura y certidumbre es desalentar la formalización. El riesgo de evitar toda discusión tributaria es perpetuar una capacidad estatal insuficiente. La legitimidad de cualquier cambio dependerá de que los ciudadanos perciban un vínculo verificable entre los recursos recaudados y resultados concretos: clínicas con abasto, carreteras mantenidas, escuelas equipadas, seguridad y trámites menos costosos.
La entrega de propuestas al Congreso abre una ventana, pero no sustituye la decisión política. El Paquete Económico 2027 puede incorporar metas de inversión, criterios para priorizar proyectos y mecanismos de seguimiento que sobrevivan a la coyuntura. También puede limitarse a atender presiones inmediatas. La diferencia definirá si México aprovecha la reconfiguración de América del Norte para diversificar su estructura productiva o si mantiene un modelo capaz de resistir crisis, pero insuficiente para elevar de forma duradera los ingresos y reducir las brechas territoriales. El desafío no es elegir entre estabilidad e inversión: es construir una estabilidad que permita invertir, innovar y distribuir mejor los frutos del crecimiento.
