La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prevé definir a finales de agosto si regulará el uso de teléfonos celulares en las escuelas, en medio de un debate nacional sobre la atención, la convivencia y la exposición de niñas, niños y adolescentes a las plataformas digitales. La decisión se conocería antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, aunque el Ejecutivo todavía no ha confirmado que una eventual restricción entre en vigor desde el primer día de clases.
Durante la conferencia presidencial del lunes 3 de agosto, la mandataria explicó que las autoridades continúan recabando opiniones de estudiantes, docentes y familias. La información fue difundida originalmente por Vanguardia, con base en esas declaraciones. Sheinbaum señaló que la intención es alcanzar una definición durante este mes y precisó: “La idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes y a finales de agosto para el inicio del ciclo escolar”.
El anuncio establece un plazo político para resolver el tema, pero no equivale todavía a una prohibición nacional. El Gobierno federal no ha presentado lineamientos sobre los niveles educativos incluidos, los horarios de aplicación, la custodia de los aparatos o las sanciones por incumplimiento. Mientras no se publiquen disposiciones federales, seguirán vigentes los reglamentos internos y las medidas adoptadas por las autoridades educativas de cada entidad o plantel.
Una consulta todavía abierta
La discusión gubernamental contempla determinar si los celulares podrán utilizarse durante la jornada escolar, si deberán permanecer apagados o resguardados y en qué circunstancias se autorizaría su uso. También está pendiente decidir si las reglas se aplicarían durante toda la jornada, únicamente en las clases, durante los recreos o en actividades específicas.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, las asambleas se han concentrado principalmente en estudiantes de tercero de secundaria y de educación media superior, aunque el análisis podría ampliarse a primaria y a otros grados de secundaria. En el proceso participan, o se prevé que participen, estudiantes, madres y padres de familia, docentes, directivos, especialistas e instituciones educativas.
La Presidencia también había informado sobre la organización de foros para elaborar una propuesta relacionada con la regulación de plataformas digitales y redes sociales entre menores de edad. Ese proceso busca incorporar las opiniones de las comunidades escolares y de especialistas antes de transformar las preocupaciones públicas en una política concreta.
El respaldo familiar y sus límites
Sheinbaum afirmó que 70% de las madres y los padres consultados está de acuerdo con que los estudiantes no utilicen celulares durante todo el tiempo que permanecen en la escuela. La presidenta presentó ese porcentaje como uno de los elementos que respaldan la posibilidad de establecer restricciones.
En una conferencia anterior, el Gobierno federal había difundido otro ejercicio de opinión, según el cual 71% de las personas consultadas consideró necesario que las autoridades regularan el uso de celulares en las escuelas. Aunque ambas cifras apuntan a un respaldo mayoritario a la intervención pública, no significan necesariamente que exista apoyo a una prohibición absoluta.
La diferencia es relevante para el diseño de la medida. Regular puede implicar limitar el uso recreativo, establecer horarios, exigir que los dispositivos permanezcan guardados o autorizar su utilización únicamente con fines pedagógicos. Una prohibición total, en cambio, tendría que justificar cómo se atenderían las necesidades médicas, de accesibilidad, seguridad y comunicación familiar.
Atención, convivencia y uso académico
El análisis parte de la preocupación por el impacto del uso constante de los dispositivos en la concentración y la convivencia dentro de los planteles. En los encuentros organizados por el Gobierno se han señalado las notificaciones permanentes, los algoritmos de recomendación, la reproducción automática de videos y otras funciones diseñadas para prolongar el tiempo de conexión.
Sin embargo, el debate no presenta a los teléfonos únicamente como un problema. Los dispositivos pueden servir para consultar materiales, utilizar aplicaciones educativas o desarrollar actividades autorizadas por las maestras y los maestros. Por ello, la futura regulación tendrá que diferenciar entre el uso recreativo sin supervisión y las herramientas digitales empleadas dentro de una estrategia pedagógica.
Ese equilibrio será uno de los principales desafíos de la decisión. Una regla uniforme podría facilitar su comunicación y aplicación, pero también ignorar las diferencias entre edades, contextos escolares y necesidades específicas. Un esquema flexible permitiría adaptaciones, aunque podría producir criterios desiguales entre estados, escuelas públicas y planteles privados.
Las reglas que aún deben definirse
Antes de aplicar cualquier medida, el Gobierno deberá resolver dónde se guardarían los celulares, quién asumiría la responsabilidad sobre ellos y cómo se actuaría ante pérdidas o daños. También tendrá que establecer las consecuencias por incumplimiento y los mecanismos para que los estudiantes mantengan contacto con sus familias en situaciones justificadas.
Entre las posibles excepciones figuran las emergencias familiares, las necesidades médicas o de accesibilidad, las situaciones de seguridad y las actividades académicas autorizadas. La inclusión de estas salvedades será determinante para evitar que la norma convierta una restricción de uso en una barrera para estudiantes que dependen de sus dispositivos por razones de salud o apoyo educativo.
Tampoco se ha informado si la decisión requerirá un acuerdo administrativo, nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación Pública o modificaciones a otras disposiciones educativas. La respuesta jurídica y administrativa definirá si los planteles podrán establecer reglas propias o si deberán aplicar un protocolo nacional sin ajustes locales.
Un debate que va más allá del aula
La decisión anunciada para agosto se concentrará en los celulares dentro de las escuelas, pero forma parte de una discusión más amplia sobre la relación de los menores con las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. El Gobierno estudia también posibles criterios sobre el diseño de esos servicios, el acceso a determinados contenidos y las herramientas destinadas a mantener la atención de los usuarios.
Esas propuestas todavía no constituyen normas aprobadas. La definición sobre los teléfonos deberá aclarar el alcance de la medida, los niveles educativos incluidos, las excepciones permitidas y las responsabilidades de estudiantes, familias, docentes y autoridades escolares. Hasta entonces, el dato confirmado es que el Ejecutivo busca presentar una resolución a finales de agosto, mientras continúa el proceso de consulta y permanece abierta la posibilidad de que la regulación adopte un esquema distinto a una prohibición general.
