El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, ha manifestado que México respondió puntualmente a los requerimientos del Departamento de Transporte de Estados Unidos y espera que las sanciones se levanten antes de que termine 2026. Esta expectativa se basa en el memorándum de entendimiento firmado tras las mesas de diálogo y en la publicación de los reglamentos y decretos que atienden las observaciones regulatorias estadounidenses.
El memorándum como punto de inflexión bilateral
El acuerdo alcanzado el 5 de mayo estableció un marco claro de compromisos recíprocos. México se comprometió a modificar su marco normativo para fortalecer la certeza jurídica y alinear las prácticas con estándares internacionales. El documento, hecho público por ambas partes, marca un cambio de tono respecto a la tensión previa y convierte el cumplimiento verificable en el principal criterio para la eventual reapertura de rutas desde el AIFA hacia territorio estadounidense.
La comunicación sostenida entre la subsecretaria Tania Carro y el subsecretario Dan Edwards confirma que el seguimiento técnico continúa. Este canal directo reduce la probabilidad de malentendidos y permite que cualquier observación adicional se resuelva antes de una decisión formal del DOT.
Reconocimiento explícito del AIFA y sus consecuencias operativas
El memorándum incluye un reconocimiento formal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta mención tiene efectos prácticos inmediatos: permite que aerolíneas estadounidenses consideren al AIFA como alternativa viable para redistribuir operaciones sin violar las restricciones actuales, siempre que las sanciones se levanten.
Para las aerolíneas mexicanas el reconocimiento reduce la incertidumbre sobre la viabilidad de rutas de largo alcance desde la nueva terminal. Sin embargo, la conectividad real dependerá de que las autoridades estadounidenses acepten certificaciones emitidas bajo el nuevo marco regulatorio mexicano.
Perspectivas de las aerolíneas y los usuarios
Las aerolíneas de ambos países enfrentan costos adicionales mientras persistan las restricciones. Las compañías estadounidenses han debido reprogramar frecuencias y absorber incrementos en gastos de combustible y tripulaciones. Del lado mexicano, las empresas han perdido participación de mercado en rutas que antes operaban sin impedimentos. Los pasajeros, por su parte, enfrentan menos opciones y tarifas más elevadas en los corredores más demandados.
Organismos como la Cámara Nacional de Aerotransportes y asociaciones de consumidores han señalado que la prolongación de las sanciones erosiona la competitividad del mercado bilateral, uno de los más importantes del mundo por volumen de pasajeros y carga.
Tres implicaciones estructurales que suelen subestimarse
La primera es que los ajustes regulatorios mexicanos no solo responden a exigencias puntuales del DOT, sino que modifican permanentemente las reglas del juego para toda la aviación civil nacional. Esto genera mayor previsibilidad para inversionistas extranjeros, pero también eleva los estándares de cumplimiento para operadores locales de menor tamaño.
La segunda radica en el rol del AIFA como válvula de escape de capacidad. Si las sanciones se levantan, el aeropuerto puede absorber parte del tráfico que hoy se concentra en el AICM, reduciendo la presión sobre la saturación del sistema y permitiendo una redistribución más eficiente de slots internacionales.
La tercera implica un riesgo de asimetría temporal: si Estados Unidos demora su respuesta más allá del invierno, las aerolíneas mexicanas perderán la ventana de la temporada alta de viajes de fin de año, con consecuencias financieras que podrían extenderse hasta 2027.
Riesgos de implementación y escenarios futuros
El principal riesgo radica en la verificación de cumplimiento. Aunque México afirma haber publicado los reglamentos requeridos, el DOT podría solicitar auditorías adicionales o evidencias de aplicación efectiva. Cualquier hallazgo de incumplimiento parcial reiniciaría el reloj de las negociaciones.
Un escenario optimista contempla la resolución favorable antes de diciembre de 2026, lo que permitiría reanudar operaciones desde el AIFA y recuperar parte del tráfico perdido. Un escenario intermedio contempla una prórroga de las sanciones hasta mediados de 2027, obligando a las aerolíneas a mantener planes de contingencia costosos. El escenario más adverso implica que persistan restricciones selectivas sobre ciertas rutas o aerolíneas, fragmentando aún más el mercado.
La evolución de estas negociaciones dependerá tanto de la capacidad técnica de las autoridades mexicanas para demostrar cumplimiento como de factores políticos en Washington que escapan al control de la SICT. Las próximas semanas de seguimiento entre Carro y Edwards serán determinantes para definir cuál de estos caminos se materializa.
