El Gobierno de México ha intensificado sus cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024. La controversia se centra en la posible participación del FBI en la operación, un aspecto que las autoridades estadounidenses habían negado de forma reiterada hasta la aparición de un reportaje periodístico reciente.
Contradicciones entre versiones oficiales y evidencia periodística
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó durante la conferencia matutina una cronología que revela inconsistencias claras. El entonces embajador Ken Salazar aseguró en agosto de 2024 que ninguna agencia estadounidense intervino en la captura. Sin embargo, un reportaje publicado el 2 de julio de 2025 indica que la aeronave utilizada forma parte de una exhibición del FBI, donde se presenta como parte de una operación de esa agencia. Esta revelación obliga a revisar las declaraciones previas y plantea interrogantes sobre quién proporcionó información inexacta al Gobierno mexicano.
La discrepancia no es menor. Mientras Salazar descartó cualquier participación estadounidense, la exhibición del avión sugiere que el FBI tuvo acceso directo al operativo. Esta contradicción afecta la credibilidad de los canales diplomáticos utilizados hasta ahora y genera dudas sobre la transparencia en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Solicitud formal de información al FBI a través de la FGR
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que la Cancillería pidió a la Fiscalía General de la República que requiera directamente al FBI detalles sobre su eventual intervención. La embajada de Estados Unidos ya entregó información preliminar sobre el avión, señalando que fue prestado a un museo en El Paso, Texas. Aun así, México considera insuficiente esa respuesta y busca confirmación oficial sobre el grado de participación de la agencia.
De confirmarse que el FBI actuó sin previo aviso a las autoridades mexicanas, el hecho podría constituir una violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional. El Gobierno ha dejado claro que estas gestiones se realizarán de manera simultánea por vía diplomática y judicial, sin descartar consecuencias en el ámbito bilateral.
Impacto en la soberanía y relación bilateral
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el tema trasciende lo judicial y afecta directamente la relación entre ambos países. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había instruido a la SRE solicitar información sobre la salida de Zambada y Guzmán López del territorio nacional. La nueva información periodística contradice la versión sostenida durante casi dos años por Washington, lo que obliga a una revisión profunda de los mecanismos de coordinación.
Sheinbaum también pidió a la FGR informar públicamente sobre el estado de las investigaciones derivadas del caso y determinar si existe algún delito. Al mismo tiempo, reiteró que el Gobierno mexicano no establecerá acuerdos con ninguna organización criminal, rechazando cualquier insinuación sobre pactos con grupos del narcotráfico. Esta postura busca preservar la integridad institucional frente a posibles presiones externas.
Las gestiones actuales evidencian que México prioriza el respeto a su soberanía por encima de la conveniencia operativa. La exigencia de respuestas concretas al FBI representa un esfuerzo por restablecer la confianza en los canales de cooperación, pero también deja en evidencia las limitaciones de la comunicación previa entre ambas naciones en temas de alto impacto.
