El debate sobre el desempeño económico de México ha cobrado nueva relevancia tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la centralidad del Producto Interno Bruto como único termómetro del progreso. Sin embargo, la discusión no surge de manera aislada. Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la política económica priorizó la redistribución y los programas sociales por encima de la expansión agregada. Esa orientación se mantuvo durante los primeros seis trimestres de la administración Sheinbaum, periodo en el que el PIB registró crecimientos trimestrales alternados y un retroceso acumulado del 2 % entre el tercer trimestre de 2024 y el primero de 2026.
El contexto internacional ayuda a dimensionar el problema. México sigue siendo la decimotercera economía mundial en términos absolutos gracias a su tamaño demográfico y territorial, pero ocupa el lugar 66 en PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo. Esta brecha refleja una productividad laboral persistentemente baja que se arrastra desde décadas anteriores y que las políticas recientes no han logrado revertir de manera significativa.
Continuidad de políticas y acumulación de presiones fiscales
El origen de las tensiones actuales se encuentra en la combinación de ingresos tributarios estructuralmente bajos con compromisos de gasto rígidos. Durante el sexenio anterior se cancelaron licitaciones energéticas y se canalizaron recursos hacia proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la aerolínea Mexicana. Estas decisiones, justificadas como rescate de la soberanía energética y conectividad regional, generaron pasivos que ahora se suman a las transferencias crecientes hacia Pemex. La empresa productiva del Estado sigue requiriendo aportaciones anuales superiores a los 200 mil millones de pesos para cubrir pérdidas operativas, una cifra que erosiona el espacio fiscal disponible para otras prioridades.
La decisión de eliminar el INAI añade otra capa de riesgo. Al reducir los mecanismos de acceso a información gubernamental, se dificulta el monitoreo de irregularidades en la asignación de contratos y subsidios. Organismos internacionales como Transparencia Internacional ya ubican a México en el lugar 140 de 180 países en percepción de corrupción, con una puntuación de 27 sobre 100. La menor transparencia puede traducirse en primas de riesgo más altas para la deuda soberana y menor apetito de inversionistas institucionales.
Calificaciones crediticias y sostenibilidad de la deuda
Las tres principales agencias calificadoras han expresado preocupación. Fitch y Moody’s sitúan la deuda soberana en el último escalón antes de perder grado de inversión, mientras que Standard & Poor’s mantiene dos escalones de margen pero con perspectiva negativa. El deterioro no responde únicamente al ciclo económico actual. La combinación de pensiones no contributivas universales, que ya cubren a hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60, con una población que envejece rápidamente, genera presiones demográficas que se intensificarán en la próxima década. Sin ajustes en la edad de retiro o en las fuentes de financiamiento, el gasto en pensiones podría absorber más del 5 % del PIB hacia 2035, según proyecciones de organismos multilaterales.
Impacto en el mercado laboral y la informalidad
El empleo constituye otro termómetro revelador. Entre enero y mayo de 2026 se crearon apenas 26 mil puestos de trabajo netos. Mientras el empleo formal perdió 343 mil plazas, el informal sumó 370 mil. Este desplazamiento reduce la base de cotizantes al IMSS y debilita la recaudación de cuotas obrero-patronales. A largo plazo, la mayor informalidad también limita el acceso a créditos hipotecarios y de consumo, frenando la formación de capital humano y la movilidad social intergeneracional.
Desarrollo humano y competitividad regional
Los indicadores de desarrollo humano confirman la distancia respecto a los socios comerciales. En el Índice de Desarrollo Humano 2023 de la ONU, México ocupa el puesto 81 de 193 países, muy por debajo de Canadá (16) y Estados Unidos (17). El Índice Global de Progreso Social, que mide necesidades básicas, bienestar y oportunidades, ubica al país en el lugar 70 de 170. Estas posiciones no son accidentales: reflejan rezagos acumulados en calidad educativa y sistemas de salud que afectan directamente la productividad de la fuerza laboral. Las empresas que buscan nearshoring evalúan no solo costos salariales, sino también la disponibilidad de técnicos calificados y la estabilidad institucional. La brecha en estos rubros puede limitar la relocalización de cadenas de valor hacia México, especialmente en sectores de alta tecnología.
Perspectivas de mediano y largo plazo
La estrategia de privilegiar múltiples indicadores por encima del PIB tiene sentido conceptual, pero su aplicación práctica enfrenta restricciones presupuestarias cada vez más estrechas. Si las calificadoras retiran el grado de inversión, el costo de refinanciar la deuda aumentaría de forma inmediata y reduciría los márgenes para mantener los programas sociales sin elevar impuestos o recortar gasto de capital. Al mismo tiempo, la persistencia de altos niveles de informalidad y corrupción erosiona la legitimidad de las instituciones y dificulta la construcción de consensos para reformas estructurales pendientes, como la fiscal o la de pensiones contributivas.
El futuro cercano dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar las demandas sociales con la disciplina fiscal. Sin un crecimiento sostenido de la productividad y una mejora tangible en la percepción de transparencia, los indicadores alternativos que la presidenta propone mostrarán también señales de agotamiento. México cuenta con ventajas geográficas y demográficas que siguen intactas, pero su aprovechamiento requiere corregir las debilidades institucionales y productivas que hoy limitan el potencial de desarrollo inclusivo.
