El Gobierno de México rechazó de forma contundente las declaraciones del subdirector del Gabinete de Políticas Públicas de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien equiparó a los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda. La respuesta, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió en que Estados Unidos debe concentrarse en sus propios problemas de consumo de drogas, distribución y lavado de dinero, en lugar de convertir a México en pieza central de la contienda electoral que se avecina en noviembre.
Las afirmaciones de Miller se produjeron durante un discurso pronunciado desde el Pentágono, en el que sostuvo que las organizaciones criminales mexicanas “controlan al país” y han dejado sin funcionamiento al sistema judicial. El asesor del presidente Donald Trump llegó a sostener que dichos grupos se encuentran “en la misma situación jurídica” que ISIS o Al Qaeda, un paralelismo que reabrió tensiones retóricas entre ambos gobiernos y obligó a una respuesta oficial desde Ciudad de México.
Sheinbaum descartó entrar en un debate frontal con el funcionario estadounidense y atribuyó el tono de las declaraciones al calendario político de Estados Unidos. “Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos”, señaló la mandataria. En ese mismo mensaje reiteró un llamado que el gobierno mexicano ha repetido en distintas ocasiones: que Washington mire hacia adentro, sobre todo en lo relativo al mercado de consumo de estupefacientes y a las redes financieras que sostienen el narcotráfico.
El discurso desde el Pentágono y su alcance político
Miller no es un personaje menor dentro del entorno de Trump. Como arquitecto de varias de las posturas más duras en materia migratoria y de seguridad fronteriza, sus intervenciones suelen anticipar líneas de discurso que después se convierten en promesas de campaña o en directrices de política pública. Al situar a los cárteles en el mismo plano jurídico que grupos designados como terroristas internacionales, el asesor abrió la puerta a un debate que va más allá de la retórica: la posibilidad de aplicar herramientas legales y militares pensadas para el antiterrorismo a organizaciones criminales con base en territorio mexicano.
Esa comparación no es nueva en ciertos círculos de Washington, pero su reiteración desde el Pentágono eleva el nivel simbólico del mensaje. Analistas de la relación bilateral advierten que equiparar cárteles con ISIS implica, en la práctica, justificar medidas extraordinarias que podrían chocar con la soberanía mexicana y con los mecanismos de cooperación existentes. El gobierno de Sheinbaum ha sido claro al respecto: la seguridad dentro del territorio nacional es responsabilidad del Estado mexicano y no admite tutela externa.
La presidenta subrayó que existe una coordinación operativa con las autoridades estadounidenses en temas de seguridad, pero enfatizó el carácter soberano de las decisiones internas. “Hay buena coordinación y saben que nosotros, en México, gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país y hay resultados”, afirmó.
Consumo, lavado de dinero y la frontera de las responsabilidades
El núcleo del argumento mexicano no es nuevo, pero recupera fuerza cada vez que desde Estados Unidos se endurece el discurso sobre los cárteles. México sostiene que el problema del narcotráfico es de demanda y de finanzas tanto como de oferta. El consumo de opioides sintéticos, cocaína y otras sustancias en territorio estadounidense genera un mercado de decenas de miles de millones de dólares anuales, mientras que el lavado de activos y la venta de armas de alto poder con destino al sur de la frontera siguen siendo puntos de fricción en la agenda bilateral.
Al pedir que Estados Unidos “se mire a sí mismo”, Sheinbaum apunta a una asimetría que las autoridades mexicanas documentan desde hace años: mientras se exige a México resultados visibles en detenciones y decomisos, el lado estadounidense mantiene tasas de consumo elevadas y redes de distribución domésticas que no siempre reciben el mismo escrutinio político. La presidenta vinculó de manera explícita el consumo, la distribución y el lavado de dinero como eslabones de una misma cadena que no puede resolverse únicamente con presión sobre el territorio de origen de las drogas.
En el plano operativo, ambos gobiernos mantienen canales de intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo y mecanismos de extradición. Sin embargo, el clima político previo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos suele tensionar esos canales. La experiencia de ciclos electorales anteriores muestra que México se convierte con frecuencia en referente de discursos sobre inmigración, crimen organizado y control fronterizo, independientemente de los avances concretos en la cooperación técnica.
Una relación bajo presión electoral
La reacción mexicana busca, al mismo tiempo, desactivar la escalada verbal y dejar constancia de que no se aceptará el uso del país como pieza de campaña. Sheinbaum evitó personalizar la respuesta en Trump o en Miller y prefirió enmarcar el episodio dentro de una lógica electoral previsible. Esa estrategia le permite mantener abiertos los puentes institucionales sin ceder en el principio de no intervención en los asuntos internos de cada nación.
Para el electorado estadounidense, el tema de los cárteles y la frontera sur conserva un alto potencial movilizador. Para México, en cambio, la prioridad es demostrar resultados en seguridad sin que ello se traduzca en cesiones de soberanía ni en una narrativa que presente al Estado como capturado por el crimen organizado. La insistencia de Sheinbaum en que “gobierna el pueblo” y en que hay resultados cotidianos en materia de paz responde directamente a la acusación de Miller de que las organizaciones criminales controlan el país y han anulado el sistema de justicia.
El episodio deja en evidencia la fragilidad del equilibrio entre cooperación y autonomía que caracteriza la relación en seguridad. Mientras las burocracias de ambos lados continúan el trabajo técnico, la retórica política avanza por un carril distinto, más expuesto a la polarización y a las necesidades de campaña. La demanda mexicana de que Estados Unidos asuma su parte en el consumo y en el flujo financiero del narcotráfico seguirá siendo el contrapeso oficial cada vez que desde Washington se recurra a comparaciones de alto voltaje como la formulada por Stephen Miller.
Con las elecciones estadounidenses a pocos meses de distancia, es previsible que este tipo de declaraciones se repita. El gobierno mexicano ha fijado ya su línea: no debatir en los términos planteados por los asesores de Trump, reivindicar la soberanía y devolver la mirada hacia los problemas estructurales del mercado de drogas en Estados Unidos. Esa posición busca preservar el margen de maniobra diplomático sin abandonar la defensa pública de la narrativa nacional sobre seguridad y gobernabilidad.
