La persistencia del efectivo en México no surge de una simple preferencia individual, sino de un entramado de condiciones acumuladas durante décadas. Desde la crisis de 1994, que erosionó la confianza en las instituciones financieras, hasta la expansión de la economía informal que hoy representa más del 55 por ciento del empleo, el uso de billetes y monedas se ha consolidado como una respuesta práctica ante la volatilidad económica y la escasa penetración bancaria en amplias capas de la población.
El investigador de la UNAM César Francisco Duarte Rivera señala que ocho de cada diez transacciones aún se realizan en efectivo, una proporción que contrasta con el 40 por ciento en Brasil y el 30 por ciento en Estados Unidos. Esta brecha refleja no solo diferencias tecnológicas, sino también trayectorias distintas en la construcción de sistemas de pago y en la relación entre ciudadanía y banca.
El peso de la informalidad y la memoria colectiva
La alta informalidad económica actúa como un freno estructural. En sectores como el comercio ambulante, los servicios domésticos y la agricultura de subsistencia, las transacciones se realizan al margen del sistema financiero formal porque carecen de registros fiscales o porque los márgenes de ganancia no justifican el costo de una cuenta bancaria. Esta realidad se refuerza por experiencias pasadas de devaluaciones y rescates bancarios que dejaron en la memoria colectiva la idea de que el dinero físico es más seguro que los depósitos electrónicos.
Además, el desconocimiento de herramientas como CoDi o las aplicaciones de transferencia sigue siendo elevado en zonas rurales y entre adultos mayores. Muchas personas no perciben la necesidad de adoptar mecanismos digitales cuando el efectivo cumple con la función inmediata de pago sin requerir conectividad ni alfabetización financiera previa.
Políticas públicas y herramientas del Banco de México
El Banco de México ha impulsado desde hace años el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma CoDi, diseñada para facilitar pagos mediante códigos QR. Estas iniciativas buscan reducir la dependencia del efectivo y ampliar la inclusión financiera sin exigir la apertura de cuentas tradicionales. Sin embargo, su adopción enfrenta límites derivados de la infraestructura de telecomunicaciones desigual y de la desconfianza hacia cualquier registro que pueda vincularse con obligaciones fiscales.
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas de peaje ha acelerado ciertas transiciones, alcanzando ya el 30 por ciento de pagos con tarjeta en esos sectores. No obstante, estas medidas también evidencian la tensión entre el objetivo de formalización y la resistencia de quienes operan al margen del sistema.
Impactos en la inclusión financiera y la desigualdad
La transición hacia pagos digitales puede profundizar brechas existentes si no se acompaña de estrategias de educación financiera accesible. Los hogares de menores ingresos, que dependen del efectivo para controlar gastos diarios, podrían enfrentar dificultades adicionales al migrar a sistemas que registran cada movimiento y que requieren acceso constante a dispositivos móviles. Por otro lado, la tokenización de pagos y la expansión de plataformas digitales ofrecen oportunidades para reducir costos de transacción y mejorar la trazabilidad de subsidios gubernamentales, siempre que se garantice la protección de datos personales.
En términos regulatorios, el fortalecimiento de la supervisión del Banco de México resulta indispensable para evitar que el avance tecnológico quede en manos exclusivas de grandes grupos financieros. Una regulación actualizada podría equilibrar la innovación con la privacidad, evitando que los registros de operaciones se conviertan en herramientas de vigilancia excesiva.
Perspectivas a cinco años y transformaciones estructurales
La proyección de que el uso de efectivo podría reducirse de ocho a cinco de cada diez transacciones en cinco años depende de cambios simultáneos en la formalización laboral, la cobertura de internet móvil y la confianza institucional. Si la informalidad persiste, el efectivo mantendrá su rol como mecanismo de resiliencia económica para millones de personas. En cambio, una combinación de incentivos fiscales para pagos digitales y mejoras en la educación financiera podría acelerar la transición sin generar exclusiones abruptas.
El futuro de los pagos en México no se define únicamente por la disponibilidad de tecnología, sino por la capacidad del Estado y del sector financiero de construir puentes de confianza con sectores históricamente marginados del sistema bancario. La permanencia del efectivo no representa un atraso inevitable, sino el reflejo de estructuras económicas que requieren reformas más amplias que la mera digitalización de transacciones.
