Rosarito, BC.- La administración municipal de Playas de Rosarito se deslindó de la fijación de precios durante la pasada edición del Baja Beach Fest, luego de que asistentes cuestionaran en redes sociales los costos de alimentos y bebidas dentro del festival. El secretario general del Ayuntamiento, José Luis Alcalá Murillo, afirmó que el gobierno local no interviene en lo que cobran los puestos instalados en el evento y que esos montos quedan sujetos a la libre oferta y demanda.
De acuerdo con el funcionario, la actuación del municipio se limitó a verificar que los puntos de venta contaran con los permisos correspondientes y que operaran conforme a las condiciones autorizadas. “En cuestión de precios, pues sí, ahí no tenemos control”, dijo al explicar que la vigilancia municipal no alcanza la política comercial de cada vendedor. La declaración ocurre en medio de una discusión recurrente en eventos masivos: el precio final para el consumidor suele subir no sólo por la demanda concentrada, sino también por la logística del recinto y las restricciones de acceso.
Alcalá Murillo señaló que el Ayuntamiento sí recibió quejas por la percepción de costos elevados, pero insistió en que el tema no es competencia directa del gobierno municipal. En su lectura, la comparación con otros entornos de consumo ayuda a explicar el encarecimiento: dentro de un festival, como ocurre en aeropuertos o recintos cerrados, el público tiene menos alternativas para salir a buscar opciones más baratas y termina absorbiendo precios más altos. Esa lógica, aunque comprensible desde la operación privada, deja abierto el debate sobre hasta qué punto un evento de gran escala debe asumir algún tipo de criterio de moderación comercial.
Sobre el costo de los permisos eventuales otorgados a los vendedores durante los tres días del festival, el secretario general evitó dar una cifra exacta y sólo estimó que oscila entre mil 500 y 2 mil pesos. Dijo que se trata de una autorización temporal similar a la que se concede en ferias y otras concentraciones públicas, por lo que no representa, según su dicho, una carga excesiva para los comerciantes. Sin embargo, el dato vuelve a poner sobre la mesa una tensión conocida: mientras el municipio cobra por habilitar la operación, el mercado del evento define libremente el precio que paga el asistente, sin un mecanismo visible de contención o referencia para evitar abusos.
La controversia no se quedó en el plano institucional. Asistentes compartieron en redes sociales videos y testimonios sobre los precios que enfrentaron dentro del Baja Beach Fest. Uno de los casos que más circuló fue el de un usuario que mostró una quesadilla, presuntamente vendida en 200 pesos. En su grabación relató que compró cuatro piezas y desembolsó 800 pesos, comentario que acompañó con una advertencia dirigida a futuros asistentes para que “se pongan truchas” con los precios. La viralización de estos episodios amplificó la inconformidad y colocó al festival bajo una lupa que ya no sólo mide su oferta musical, sino también la experiencia económica que ofrece al público.
El episodio refleja una discusión más amplia sobre la regulación de precios en eventos de alto flujo turístico. Formalmente, el Ayuntamiento puede verificar permisos y ordenar la operación en materia administrativa y de seguridad, pero no fija tarifas de venta salvo que exista una disposición específica o una intervención extraordinaria que, por ahora, no fue mencionada. En la práctica, esto deja a los consumidores expuestos a una estructura de precios determinada por la demanda cautiva del recinto. Para los organizadores y vendedores, ese esquema es parte del modelo de negocio; para los asistentes, en cambio, puede traducirse en una sensación de sobrecosto que termina erosionando la percepción general del evento, aun cuando éste concluya con saldo blanco en materia de seguridad.
