La solicitud de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur) para revisar las contradicciones en la regulación de estancias eventuales expone un problema estructural que va más allá de una simple omisión administrativa. Ni la Ley de Establecimientos Mercantiles ni el Sistema de Información y Administración de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) contemplan una categoría específica para las viviendas turísticas, lo que genera vacíos interpretativos que afectan directamente la operación diaria de cientos de propiedades en la Ciudad de México.
Este vacío no es nuevo, pero su impacto se ha intensificado con el crecimiento de plataformas digitales que facilitan el alquiler de corto plazo. Los operadores enfrentan requisitos contradictorios que varían según la delegación o la interpretación de inspectores, lo que eleva costos y reduce la capacidad de competir con destinos que ya han actualizado sus marcos normativos.
El vacío legal que distorsiona el mercado
La ausencia de una clasificación clara obliga a muchas viviendas turísticas a registrarse bajo categorías que no reflejan su actividad real, como hoteles o establecimientos mercantiles tradicionales. Esta distorsión impide que las autoridades diseñen políticas fiscales o de seguridad ajustadas al perfil de estos alojamientos, que suelen operar con ocupación intermitente y sin infraestructura de servicios continuos.
Amvitur ha documentado casos donde propiedades que cumplen con estándares de calidad y seguridad son multadas por no encajar en los rubros existentes, mientras que otras operan sin ningún control. La consecuencia inmediata es una competencia desleal que penaliza a quienes buscan cumplir con las reglas.
Los datos internos de la asociación muestran que al menos 40 por ciento de sus miembros han reducido su oferta o han migrado parcialmente a canales informales para evitar sanciones recurrentes. Esta tendencia erosiona la base de contribuyentes formales y dificulta el cálculo preciso del impacto económico del sector en la capital.
Presión sobre operadores y visitantes
Para los propietarios y administradores de viviendas turísticas, la falta de claridad normativa eleva los costos de cumplimiento y reduce la predictibilidad necesaria para planificar inversiones. Muchos han pospuesto mejoras en infraestructura o cancelado planes de expansión mientras esperan definiciones más precisas por parte de las autoridades capitalinas.
Los visitantes también perciben efectos indirectos: tarifas más altas para cubrir riesgos regulatorios y una menor diversidad de opciones en zonas céntricas donde las inspecciones son más frecuentes. Esta situación contrasta con ciudades como Guadalajara o Monterrey, donde marcos más actualizados han permitido un crecimiento ordenado del segmento.
Posturas enfrentadas entre actores clave
Las autoridades locales argumentan que cualquier clasificación nueva debe priorizar la protección del patrimonio habitacional y evitar que el alquiler turístico desplaze a residentes permanentes. Esta postura, aunque legítima, choca con la realidad de que muchas viviendas turísticas se ubican en edificios diseñados originalmente para uso mixto o en zonas ya consolidadas como corredores turísticos.
Los vecinos, por su parte, expresan preocupaciones legítimas sobre ruido y uso intensivo de servicios públicos, pero también reconocen que el turismo aporta ingresos complementarios a comercios locales. La tensión surge cuando las regulaciones se aplican de manera uniforme sin diferenciar entre operaciones profesionales y alquileres ocasionales de particulares.
Amvitur propone un registro simplificado que distinga entre estancias eventuales y alojamientos permanentes, con requisitos proporcionales al volumen de actividad. Esta propuesta busca equilibrar la necesidad de control con la viabilidad económica del sector, aunque hasta ahora no ha encontrado eco suficiente en las instancias legislativas.
Riesgos de inacción y escenarios futuros
Si persiste la indefinición actual, el mercado podría fragmentarse aún más entre operadores formales que reducen su presencia y un segmento informal que crece sin supervisión. Esta dinámica reduciría los ingresos fiscales directos y complicaría el control de estándares mínimos de seguridad para los turistas.
En el mediano plazo, la Ciudad de México podría perder atractivo frente a destinos que ya han integrado las viviendas turísticas a sus estrategias de promoción. La competitividad no depende solo de infraestructura hotelera tradicional, sino de la capacidad de ofrecer opciones flexibles que respondan a las preferencias de viajeros contemporáneos.
Una reforma bien diseñada podría generar datos más precisos sobre el tamaño real del sector, facilitar la aplicación de medidas sanitarias y de seguridad, y establecer mecanismos de corresponsabilidad con plataformas digitales. Sin embargo, el margen de tiempo para actuar antes de que la informalidad se consolide es limitado.
El análisis de Amvitur revela que la competitividad de la capital depende en buena medida de resolver estas contradicciones normativas antes de que el desequilibrio actual se vuelva estructural.
