La constitución de Arrendo Serv ante la Notaría Pública No. 4 de Villahermosa en 2013 marca el inicio de una cadena de relaciones que conecta a actores locales de Tabasco con adjudicaciones millonarias en Petróleos Mexicanos. Miguel Cachón Álvarez, entonces titular de esa notaría, inscribió la empresa en el Registro Público de Comercio bajo el expediente 16969. Esta firma, junto con Impulsa Tu Ganancia, obtuvo en julio de 2025 el contrato PMX-2025-98-347 por hasta 4 mil 838 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en combate al tráfico de hidrocarburos.
Redes notariales y poder regional
La notaría de Cachón Álvarez formó parte de un conjunto de cinco oficinas vinculadas al exgobernador Adán Augusto López Hernández. Entre 2013 y 2024 estas notarías certificaron la creación de sociedades, transferencias de acciones y modificaciones estatutarias de al menos diez empresas que luego recibieron contratos federales y estatales por más de 11 mil millones de pesos. El caso de Arrendo Serv ilustra cómo un instrumento público notarial puede servir de base para acceder a recursos de una empresa productiva del Estado sin pasar por procesos competitivos amplios.
La misma notaría había otorgado poderes a representantes de Consorcio Crismar, empresa asociada en expedientes judiciales a Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora. Además constituyó Portacelis Gas and Oil, vehículo utilizado para vincularse con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, propiedad del sobrino de Bermúdez. Estos antecedentes muestran un patrón de intermediación notarial que facilita la articulación entre capitales locales y contratos públicos de alto valor.
Modificaciones estatutarias tras la adjudicación
Después de recibir el contrato en julio de 2025, Arrendo Serv reformó su objeto social el 26 de enero de 2026 para incluir expresamente arrendamiento y administración de vehículos, logística, almacenaje, maniobras, custodia y servicios a organismos públicos como Pemex y CFE. Impulsa Tu Ganancia realizó un ajuste similar el 29 de enero, incorporando operación de autotransporte federal y compraventa de unidades pesadas, actividades ausentes en su acta constitutiva original como Sofom. Estas reformas amplían el margen operativo de las empresas más allá de los términos inicialmente presentados durante la licitación.
Incremento tarifario y concentración de recursos
La comparación entre el contrato PMX-2021-97-59 y el nuevo esquema revela que una partida de renta diaria pasó de mil 904 pesos a 3 mil 606 pesos, un aumento cercano al 90 por ciento. Impulsa Tu Ganancia acumuló entre 2022 y 2025 al menos ocho contratos públicos por más de 6 mil 261 millones de pesos; el 77 por ciento de esa cifra corresponde únicamente al acuerdo con Pemex. La concentración de recursos en una sola adjudicación directa reduce la diversificación de proveedores y eleva la exposición fiscal ante posibles irregularidades.
Riesgos para la seguridad energética
El contrato tiene como finalidad explícita el combate al robo de hidrocarburos. Sin embargo, los vínculos documentados entre la notaría, empresas beneficiarias y figuras asociadas a grupos delictivos generan interrogantes sobre la integridad de la cadena de custodia de los vehículos y de la información operativa que manejarán. Cuando proveedores estratégicos presentan lazos previos con actores investigados por delitos de alto impacto, la efectividad de las operaciones de vigilancia puede verse comprometida por filtraciones o conflictos de interés no declarados.
Efectos sobre la hacienda pública y la confianza institucional
Una adjudicación de casi 4 mil 839 millones de pesos representa una porción significativa del presupuesto de seguridad de Pemex. Cualquier simulación de competencia o falta de transparencia en el proceso de selección incrementa el costo de oportunidad para otras áreas de la empresa, como mantenimiento de infraestructura o inversión en tecnologías de detección. A nivel federal, casos como este alimentan la percepción de que los mecanismos de control interno no logran impedir que redes regionales capturen contratos de seguridad nacional.
La denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción, la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interés y simulación de competencia abre una vía de investigación que podría extenderse a la revisión de todos los contratos adjudicados a empresas constituidas o modificadas por las mismas notarías. Si se confirma la existencia de patrones sistemáticos, las consecuencias podrían incluir la rescisión de contratos vigentes, auditorías especiales y ajustes regulatorios en la participación de notarías en procesos de contratación pública.
Implicaciones para el marco normativo futuro
El episodio pone de relieve la necesidad de reforzar los filtros de origen sobre las empresas que acceden a contratos de seguridad en el sector energético. Una medida posible sería exigir que las notarías que intervengan en la constitución de proveedores declaren cualquier vínculo previo con funcionarios o exfuncionarios estatales. Otra línea de acción consistiría en ampliar los requisitos de competencia técnica y financiera demostrable antes de autorizar modificaciones estatutarias posteriores a la adjudicación.
En el mediano plazo, la persistencia de estos esquemas erosiona la capacidad del Estado para recuperar el control operativo sobre ductos y terminales. La experiencia de Tabasco muestra que las estructuras notariales regionales pueden funcionar como nodos de articulación entre intereses privados y recursos públicos cuando los mecanismos de supervisión se limitan a verificaciones formales. La evolución de este caso determinará si se implementan controles más estrictos o si el precedente se repite en otras entidades con presencia de grupos vinculados al robo de combustible.
