El presidente Yamandú Orsi enfrenta una nueva controversia vinculada a su situación patrimonial. Una investigación del programa Informativo Carve reveló que una de sus propiedades mantiene una deuda vencida del Impuesto de Primaria correspondiente al ejercicio 2025 y a la primera cuota de 2026, mientras que la vivienda contigua presenta obras no registradas en los planos catastrales oficiales.
Las dos viviendas en Pine Park
Orsi reside con su familia en el barrio Pine Park de Salinas, Canelones. El predio incluye dos inmuebles linderos: uno adquirido en 2010 y otro comprado en octubre de 2024. La segunda casa, a nombre de su esposa Laura Alonsopérez, figura con 198 metros cuadrados declarados. Sin embargo, imágenes satelitales de Google Earth muestran modificaciones realizadas entre 2018 y 2019 en el patio, que podrían corresponder a una piscina, barbacoa o ampliación cubierta.
La deuda del Impuesto de Primaria asciende a 5.509 pesos uruguayos, equivalente a unos 137 dólares, más multas y recargos. Este tributo se destina directamente a programas de educación pública, por lo que su impago genera un impacto simbólico adicional en el contexto de un gobierno que enfatiza la prioridad educativa.
Regularización tras la difusión periodística
El asesor presidencial Camilo Cejas confirmó que la deuda fue saldada luego de la consulta del medio radial. Según sus declaraciones, se abonaron poco más de siete mil pesos una vez conocido el informe. Respecto a las obras, el entorno de Orsi sostiene que todas fueron declaradas y pagadas, aunque admite que se encuentran en trámite la actualización de planos ante la Intendencia de Canelones para su posterior registro en Catastro.
El intendente Francisco Legnani precisó que el trámite ingresa primero por Catastro y luego pasa a la intendencia, donde se regulariza el valor y comienza el cobro de la inspección correspondiente. Esta secuencia administrativa explica por qué las modificaciones no aparecen aún reflejadas en los registros públicos.
Voces de la oposición y exigencias éticas
Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, calificó el episodio como un bochorno adicional y sostuvo que el presidente, como primer ciudadano, tiene más obligaciones que derechos y debe dar ejemplo tanto en lo político como en lo ético. Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, diferenció entre el olvido de un impuesto y la falta de declaración de obras que podrían derivar en subtributación, y reclamó mayor profundidad en la información proporcionada.
Estas reacciones reflejan una tensión recurrente en Uruguay entre la expectativa de transparencia patrimonial de los altos funcionarios y las limitaciones prácticas de los registros catastrales, que dependen de la iniciativa del contribuyente para actualizarse.
Consecuencias sobre la contribución inmobiliaria
La actualización del valor catastral incide directamente en el monto de la contribución inmobiliaria que se abona a los gobiernos departamentales. En el caso de Canelones, cualquier incremento derivado de las obras no declaradas modificaría el tributo futuro y podría generar ajustes retroactivos si se comprueba que existió una base imponible inferior durante años.
El episodio pone en evidencia cómo pequeñas omisiones administrativas pueden escalar cuando involucran al jefe de Estado, amplificando la percepción pública sobre el cumplimiento de normas que el resto de los ciudadanos debe observar de manera estricta.
El peso del ejemplo institucional
Más allá de los montos involucrados, el caso plantea preguntas sobre los estándares que se exigen a quienes ocupan la presidencia. En un sistema donde la legitimidad se construye tanto por resultados como por coherencia personal, cualquier demora en regularizar obligaciones fiscales alimenta el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.
La respuesta rápida del entorno presidencial, aunque posterior a la publicación periodística, muestra la sensibilidad del gobierno ante este tipo de revelaciones. Sin embargo, la necesidad de aclaraciones adicionales y la intervención del intendente sugieren que el proceso de regularización aún no está completamente cerrado en los registros oficiales.
