Andrés Hernández Ramírez, jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, enfrenta cuatro nuevas denuncias por presuntas deudas, incumplimientos de pago y una posible estafa relacionadas con su etapa como cónsul de Colombia en Ciudad de México. La investigación, publicada por El País, reúne testimonios, conversaciones de WhatsApp, un pagaré y otros documentos aportados por personas que aseguran haberle entregado dinero, productos o servicios sin recibir posteriormente el pago acordado.
Los señalamientos no constituyen por sí mismos una decisión judicial ni prueban la responsabilidad del funcionario. Sin embargo, los casos descritos por el diario presentan un elemento común: los denunciantes sostienen que Hernández asumió obligaciones económicas, prometió cancelarlas en fechas determinadas y luego dejó pendientes los pagos o interrumpió la comunicación. El funcionario no respondió de fondo a las acusaciones antes de la publicación.
Cuatro relatos y un mismo patrón de pagos pendientes
Uno de los testimonios corresponde a Carla Fernández Franco, auxiliar administrativa del Consulado de Colombia en México. Según su versión, era habitual que los nuevos cónsules utilizaran temporalmente la tarjeta de crédito personal de empleados mientras abrían una cuenta bancaria en el país. Fernández afirmó que Hernández pagó con normalidad durante los primeros meses, pero después continuó usando la tarjeta sin cubrir los consumos acumulados.
La exfuncionaria calculó la deuda en 196.000 pesos mexicanos, equivalentes a cerca de 42 millones de pesos colombianos. También aseguró que le prestó dinero para un viaje a Estados Unidos, bajo el compromiso de que sería reembolsado. La investigación incluye un pagaré firmado el 11 de noviembre de 2024, en el que Hernández reconocería la obligación y se comprometería a pagarla antes del 31 de diciembre de ese año, además de asumir intereses en caso de incumplimiento.
En una conversación citada por El País, fechada el 8 de julio de 2025, Hernández habría explicado que estaba reuniendo el dinero y que dos procesos disciplinarios habían retrasado la solución del caso. Fernández sostuvo que, hasta la fecha de la investigación, la obligación continuaba pendiente.
Trabajadoras y pequeños proveedores entre los denunciantes
El reportaje también recoge la declaración de María Ricardina Sánchez, quien trabajó entre 2013 y 2024 en el consulado en labores de cocina y servicios generales. Paralelamente, preparaba desayunos y almuerzos para funcionarios de la sede diplomática. Sánchez afirmó que Hernández consumió alimentos durante su permanencia como cónsul y acumuló una deuda de 34.800 pesos mexicanos, cercana a ocho millones de pesos colombianos. Según su relato, solicitó el pago en varias ocasiones, pero terminó sin recibir respuesta.
El tercer caso involucra a una emprendedora colombiana residente en México, identificada con el nombre ficticio de Camila. La mujer afirmó que fabricaba velas artesanales y que, con ocasión del Día de las Velitas de 2024, ofreció sus productos en el consulado. Hernández habría realizado un pedido por más de 4.000 pesos mexicanos, unos 800.000 pesos colombianos, y habría indicado al momento de la entrega que pagaría después. La emprendedora aseguró que nunca recibió el dinero pese a sus mensajes de cobro.
La naturaleza de estos dos reclamos amplía el alcance de las denuncias: no se trata únicamente de una controversia entre particulares con capacidad económica similar, sino también de obligaciones atribuidas por exempleadas y una pequeña empresaria a quien ocupaba un cargo diplomático. Esa diferencia no determina jurídicamente el caso, pero sí explica el interés público que ha generado la investigación y la necesidad de establecer si existieron compromisos formales, pagos parciales o mecanismos institucionales de reclamación.
Una deuda que ya había sido divulgada
La cuarta denuncia es la de Sonia Cuesta, quien trabajó durante 26 años en el Consulado de Colombia en México. Al pensionarse, en 2023, necesitaba trasladar a Colombia sus ahorros, equivalentes a 24.564 dólares. Según contó al diario, el banco le exigía una cuenta en el país para hacer la transferencia y Hernández le ofreció recibir temporalmente los recursos en una cuenta a su nombre y enviárselos posteriormente.
Cuesta afirmó que una parte del dinero fue transferida, pero que aún faltan 20 millones de pesos colombianos. Una conversación de WhatsApp citada en el reportaje muestra un mensaje en el que Hernández le habría escrito: “Estos días ya te dejo los 20 que faltan, perdón la demora”. El caso ya había sido publicado por El País en 2024. En aquel momento, el funcionario lo describió como una deuda personal que pagaría; Cuesta sostiene que el pago no se ha concretado y que presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa, todavía en trámite.
El antecedente del nombramiento consular
Los nuevos señalamientos se suman a cuestionamientos previos sobre la trayectoria de Hernández dentro del Estado. En 2024, El País había informado sobre otra denuncia relacionada con una deuda económica. El medio también recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento como cónsul de Colombia en Ciudad de México al concluir que no cumplía los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Después de esa decisión, Hernández volvió a ocupar funciones en el Gobierno nacional como asesor de prensa, gestor de comunidades y medios digitales. Más tarde llegó a la jefatura de comunicaciones de la Presidencia, desde donde participa en la coordinación de la estrategia comunicativa del Ejecutivo y de la agenda mediática del presidente. Por esa posición, las denuncias tienen una dimensión adicional: aunque corresponden a hechos privados que deberán ser comprobados por las autoridades competentes, afectan la percepción sobre los controles aplicados para designar y mantener a funcionarios cercanos al poder presidencial.
Hernández remite el caso a sus abogados
Antes de publicar la investigación, El País informó que buscó la versión de Hernández. Inicialmente, el funcionario habría indicado que respondería mediante un cuestionario escrito. Después de recibir las preguntas, señaló que no formularía declaraciones y que el asunto sería atendido por su abogado, Julio César Ortiz Gutiérrez, a quien identificó como su vocero. El diario aseguró que también contactó la oficina del abogado, pero no había recibido respuesta al momento de publicar el reportaje.
La falta de una respuesta detallada deja sin conocer la posición del funcionario sobre cada documento, el pagaré, las conversaciones divulgadas y el estado de las obligaciones reclamadas. La Fiscalía y las demás autoridades que eventualmente intervengan deberán determinar la autenticidad de las pruebas, la existencia de los acuerdos y si los hechos corresponden a incumplimientos civiles, faltas disciplinarias o conductas con relevancia penal. Hasta que esos procedimientos concluyan, las acusaciones deben entenderse como denuncias de los afectados y no como hechos judicialmente establecidos.
