El Gobierno colombiano estudia ampliar de manera excepcional el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar la reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto de magnitud 7,4. La propuesta permitiría que empresas obligadas a declarar renta destinen parte de ese tributo a ejecutar directamente proyectos de vivienda, infraestructura y servicios esenciales, incluso en localidades que hoy no cumplen los requisitos territoriales del esquema.
La discusión se desarrolla mientras la emergencia deja un balance de 288 personas fallecidas, 4.018 heridas y 202 desaparecidas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El sismo afectó 80.744 viviendas, de las cuales 12.504 quedaron destruidas. También se reportan daños en 260 centros de salud, 2.595 instituciones educativas, 267 vías, 87 acueductos y 55 puentes vehiculares distribuidos en 15 departamentos y 448 municipios.
Una emergencia que exige ampliar la capacidad de respuesta
La respuesta oficial contempla subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron su vivienda, alivios en el pago de servicios públicos, maquinaria para retirar escombros y un banco de materiales destinado a apoyar a alcaldías y gobernaciones. A partir de la próxima semana, equipos técnicos comenzarán a diagnosticar los inmuebles para establecer cuáles pueden ser mejorados y cuáles requieren reconstrucción total.
Ese inventario será determinante para asignar responsabilidades y recursos entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado y el sistema financiero. El programa oficial busca atender a más de 44.000 familias afectadas, una escala que pone a prueba tanto la disponibilidad presupuestal como la capacidad de contratación y ejecución de las administraciones locales.
Cómo funciona el mecanismo tributario
Obras por Impuestos permite a contribuyentes, personas naturales o jurídicas, cumplir una parte de su obligación de renta mediante la ejecución directa de proyectos de inversión con impacto económico y social. En vez de transferir la totalidad del impuesto al fisco, la empresa financia una obra previamente estructurada, evaluada y priorizada por el Estado.
Los proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos y contar con el concepto de viabilidad de la entidad nacional competente. La Agencia de Renovación del Territorio coordina el proceso junto con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades sectoriales.
Actualmente, el instrumento está dirigido principalmente a municipios incluidos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y a territorios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). La modificación que analiza el Ejecutivo buscaría extenderlo temporalmente a los municipios golpeados por el terremoto, sin limitar la participación a esas categorías.
El mecanismo opera bajo las modalidades de Opción Fiducia y Opción Convenio, con posibilidad de participación individual o conjunta. La primera publica anualmente su banco de proyectos entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. La segunda tiene dos ventanas de postulación: del 2 al 31 de marzo y del 2 al 31 de agosto. Entre los sectores habilitados están salud, educación, agua potable, saneamiento, energía, conectividad, transporte, infraestructura productiva, gestión del riesgo y bienes públicos rurales.
Empresas y municipios piden reglas extraordinarias
Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, sostuvo en entrevista con Blu Radio que la figura podría transformar parte de la tributación empresarial en obras concretas en las zonas afectadas. Según explicó, una compañía presenta o adopta un proyecto aprobado y lo ejecuta en lugar de girar ese valor como impuesto de renta.
Como referencia, Calle mencionó una intervención vial en Dabeiba cuyo primer tramo tenía un presupuesto de 18.000 millones de pesos. De acuerdo con su relato, la empresa entregó cuatro kilómetros de vía antes del plazo previsto y devolvió el 50% de los recursos. El directivo consideró que el límite actual del mecanismo es insuficiente frente a la magnitud de la emergencia y pidió aumentarlo de forma significativa dentro del denominado Fondo Milagro.
El Grupo Argos también manifestó que cuenta con soluciones técnicas para levantar módulos de vivienda en 45 días y estructuras de dos pisos destinadas a diez familias en un plazo de 90 días. A ello sumó una donación de 13.000 millones de pesos realizada en alianza con el cantante Nicky Jam. Estas iniciativas, sin embargo, tendrían que articularse con los diagnósticos oficiales, los permisos urbanísticos y las normas de construcción aplicables a zonas sísmicas.
La Federación Colombiana de Municipios propuso que, de forma excepcional, las empresas puedan destinar hasta el 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en las localidades afectadas. La solicitud incluye obras residenciales, comerciales, educativas, productivas y viales, tanto en áreas urbanas como rurales.
El debate fiscal acompaña la propuesta
Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la Federación, pidió flexibilizar el uso de recursos territoriales, crear alivios tributarios y facilitar la inversión pública y privada. El gremio planteó además utilizar de manera extraordinaria el 7% de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a deporte y cultura, liberar excedentes del Fonpet y flexibilizar el Sistema General de Regalías.
También solicitó exoneraciones temporales del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio, con compensación nacional, así como excepciones a los límites de gasto de funcionamiento durante 2026 y 2027 para las entidades cuyos ingresos disminuyan por efecto del terremoto.
Los senadores Julia Correa Nuttin y Esteban Quintero, del Centro Democrático, pidieron extender de inmediato la cobertura de Obras por Impuestos a todos los municipios y territorios afectados. Además, propusieron autorizar el uso de esos recursos para construir, reconstruir y mejorar viviendas de interés social en zonas rurales y urbanas.
La ampliación podría acelerar la llegada de recursos y aprovechar capacidades técnicas privadas, pero también exigiría controles estrictos para evitar que la urgencia reduzca la transparencia, la calidad de las obras o la coordinación entre proyectos. El diagnóstico de las viviendas y la definición de prioridades serán claves para impedir inversiones aisladas o duplicadas. Si el Gobierno modifica la normativa, Obras por Impuestos se convertiría en una de las vías para recuperar casas, hospitales, escuelas, vías, parques y redes de servicios, dentro de un esquema que aún debe precisar sus límites, plazos y mecanismos de supervisión.
