El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) abrió una convocatoria laboral que, más allá de la cifra salarial, expone varias tensiones del empleo público especializado en el Perú. El proceso, publicado el 14 de agosto de 2026 y abierto hasta el 25 de agosto, está dirigido principalmente a profesionales con formación universitaria y contempla puestos en Lima y Cusco bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
La entidad comunicó una oferta de 18 vacantes, con remuneraciones que van de S/ 3.364 a S/ 8.864. Las áreas requeridas incluyen Derecho, Economía, Administración, Ciencias de la Comunicación e ingenierías vinculadas con electrónica, telecomunicaciones y sistemas. La convocatoria llega en un momento relevante para los trabajadores CAS: desde julio de 2026, según la normativa citada en el anuncio, este régimen empezó a incorporar de manera progresiva una gratificación por Fiestas Patrias.
La convocatoria ofrece oportunidades, pero también exige una lectura cuidadosa
Entre las plazas anunciadas figuran cuatro puestos de Asistente II en Orientación, correspondientes al CAS N.° 047, y otros ocho cargos con la misma denominación mediante el CAS N.° 048. Ambos grupos están destinados a Lima, requieren grado de bachiller en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración o Ciencias de la Comunicación y ofrecen S/ 3.800 mensuales.
El CAS N.° 049 incorpora un puesto de Asistente III en Supervisión de Contact Center, con una remuneración de S/ 4.800. Pueden postular bachilleres de Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Administración, Derecho o carreras afines. En Cusco, el CAS N.° 050 ofrece una plaza de Asistente III en Orientación por S/ 4.364, para profesionales de Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Administración o Ciencias de la Comunicación.
La franja de mayor especialización incluye un puesto de Analista II de Instrucción, con sueldo de S/ 6.364, reservado para abogados titulados, colegiados y habilitados. También se anuncia una plaza de Asistente Técnico II, dirigida a bachilleres de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con una remuneración de S/ 3.364. Otro puesto de Analista II en Fiscalización ofrece S/ 6.364, mientras que el CAS N.° 054, para Especialista II en Fiscalización, alcanza S/ 8.864 y exige título, colegiatura y habilitación en ingenierías relacionadas con el sector tecnológico.
Hay, sin embargo, un punto que los postulantes no deberían pasar por alto. La suma de las vacantes detalladas en la información disponible no parece coincidir con las 18 plazas anunciadas: cuatro del CAS 047, ocho del CAS 048 y una por cada uno de los cargos posteriores arrojan, en principio, 17 puestos. Además, la numeración salta del CAS N.° 052 al CAS N.° 054. Esto no demuestra necesariamente un error —podría existir una plaza no desarrollada en el resumen o un proceso identificado con otro documento—, pero sí justifica revisar las bases oficiales antes de presentar la inscripción.
Primer hallazgo: Osiptel compite por talento en un mercado más técnico
La estructura de los cargos revela que el regulador no busca únicamente personal administrativo. La combinación de orientación al usuario, supervisión de centros de contacto, instrucción, fiscalización e ingeniería refleja la complejidad creciente de las telecomunicaciones. Las disputas regulatorias actuales no se limitan a contratos o reclamos: incluyen calidad del servicio, interconexión, infraestructura, sistemas, continuidad operativa, protección de datos y cumplimiento de obligaciones técnicas.
El puesto mejor remunerado resulta particularmente ilustrativo. Los S/ 8.864 ofrecidos al Especialista II en Fiscalización superan en más de 2,6 veces el sueldo de S/ 3.364 previsto para el Asistente Técnico II. La brecha no solo remunera experiencia o responsabilidad; también funciona como un mecanismo para atraer perfiles capaces de interpretar redes, sistemas y obligaciones técnicas que las empresas reguladas suelen abordar con salarios competitivos del sector privado.
Mi primera conclusión es que la convocatoria constituye una señal de profesionalización del regulador, aunque de alcance limitado. El número de vacantes es pequeño frente al tamaño del mercado y no permite resolver por sí solo déficits institucionales. Pero la distribución salarial muestra dónde está el valor estratégico: en fiscalización e ingeniería, precisamente las áreas que pueden determinar si una obligación empresarial se verifica en la práctica o queda reducida a un expediente.
Para las compañías de telecomunicaciones, el ingreso de especialistas puede significar controles más consistentes y una mayor capacidad del Estado para detectar incumplimientos. Para los usuarios, la eventual consecuencia sería indirecta: mejores tiempos de respuesta, supervisión más rigurosa y decisiones con mayor sustento técnico. No obstante, esos beneficios dependen de que la contratación sea estable, de que los puestos tengan objetivos medibles y de que los profesionales dispongan de herramientas y autonomía suficientes.
Orientación concentra plazas y plantea otra pregunta
La convocatoria dedica 12 de las plazas expresamente identificadas a funciones de Asistente II en Orientación: cuatro del CAS 047 y ocho del CAS 048. Incluso si la diferencia entre el total anunciado y el detalle se aclara posteriormente, la concentración es evidente. Osiptel parece priorizar la atención y canalización de consultas en un entorno donde los usuarios enfrentan problemas cada vez más complejos: interrupciones, cobros, portabilidad, velocidad contratada, servicios empaquetados y dificultades para reclamar ante las empresas.
La segunda conclusión es que la expansión de los canales de atención no equivale automáticamente a una mejor protección del consumidor. Doce puestos de orientación pueden ampliar la capacidad de respuesta, pero también pueden convertirse en una solución cuantitativa para un problema cualitativo. Si el personal se limita a entregar información estandarizada, el incremento de dotación tendrá un efecto modesto. Si, en cambio, identifica patrones de reclamos y los conecta con la supervisión y la fiscalización, puede generar inteligencia regulatoria.
Esta diferencia es importante. Un reclamo individual suele verse como un caso aislado, pero cientos de quejas similares pueden revelar fallas sistémicas de una empresa, de un procedimiento comercial o de la propia regulación. El valor de los asistentes no debería medirse solo por llamadas atendidas o expedientes derivados, sino también por la capacidad de transformar la información de los usuarios en decisiones de supervisión.
Desde el punto de vista laboral, los cargos de orientación ofrecen una puerta de entrada para bachilleres de varias carreras. La remuneración de S/ 3.800 está por encima del puesto técnico de S/ 3.364, pero la comparación salarial no basta para evaluar su atractivo. La carga emocional de atender reclamos, la presión por cumplir indicadores y la posibilidad de renovación condicionada del CAS pueden afectar la permanencia del personal. Una alta rotación debilitaría justamente la experiencia que la entidad necesita acumular.
El régimen CAS gana beneficios, pero no elimina su incertidumbre
El otro componente relevante de la convocatoria es la modificación de las condiciones económicas del régimen CAS. La Ley N.° 32563 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, establecen —según la información difundida— una aplicación progresiva de la gratificación por Fiestas Patrias para trabajadores CAS de entidades públicas.
Para 2026, el beneficio equivaldría al 10% de la remuneración mensual, con una garantía mínima de S/ 300. En términos concretos, un trabajador con sueldo de S/ 3.364 recibiría, bajo esa fórmula, S/ 336,40; uno con S/ 3.800, S/ 380; quien perciba S/ 6.364 obtendría S/ 636,40; y el especialista con S/ 8.864 alcanzaría S/ 886,40. La norma prevé que la proporción aumente durante los siguientes años fiscales hasta llegar al equivalente de una remuneración mensual completa en 2030. También contempla una implementación progresiva de la gratificación navideña y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
El Ministerio de Economía y Finanzas estimó que más de 350.000 trabajadores CAS podrían acceder al beneficio desde julio de 2026. La cifra convierte la medida en una reforma de amplio impacto presupuestario y no en un ajuste exclusivo para Osiptel. Su efecto inmediato es mejorar el ingreso anual de un grupo que durante años estuvo en una posición intermedia: trabaja para el Estado, pero no disfruta de todas las condiciones asociadas a otros regímenes públicos.
Mi tercer hallazgo es que la gratificación puede hacer más atractivas estas plazas, pero no resuelve el problema central del CAS: la temporalidad. Un beneficio económico mejora la compensación, pero no garantiza continuidad, carrera pública, indemnidad frente a cambios de gestión ni estabilidad de los equipos. Para un ingeniero con experiencia en telecomunicaciones, una gratificación parcial puede ser insuficiente para compensar el riesgo de que el contrato no sea renovado o de que las funciones cambien con una nueva administración.
La ventaja para el Estado puede convertirse en presión fiscal
Desde la perspectiva de los trabajadores, la reforma corrige una desigualdad evidente. Dos personas que cumplen funciones comparables en una entidad pública pueden haber recibido beneficios distintos únicamente por estar bajo regímenes laborales diferentes. La incorporación gradual de gratificaciones y CTS reduce esa brecha y mejora la previsibilidad del ingreso.
El MEF, sin embargo, enfrenta una tensión de sostenibilidad. Si más de 350.000 trabajadores acceden al beneficio y la proporción aumenta hasta 2030, el gasto permanente crecerá de manera significativa. El reto no consiste únicamente en financiar el primer pago, sino en incorporar la obligación a presupuestos futuros, evitar retrasos y asegurar que las entidades no compensen el mayor costo reduciendo contrataciones, fragmentando servicios o limitando renovaciones.
Las entidades públicas podrían intentar responder con menos plazas, contratos más cortos o una mayor exigencia de productividad. Esa reacción no es inevitable, pero representa un riesgo que debe ser vigilado. Una reforma diseñada para mejorar derechos laborales perdería parte de su propósito si produce una sustitución masiva de trabajadores por servicios tercerizados o si dificulta la incorporación de jóvenes profesionales.
Postular no es solo cumplir el título profesional
La fecha de cierre para las plazas mencionadas es el 25 de agosto de 2026. Los interesados deben revisar las bases de cada CAS, porque el grado académico es apenas uno de los filtros. En los puestos jurídicos e ingenieriles especializados se exige título, colegiatura y habilitación vigente. También deben verificarse la experiencia general y específica, los documentos sustentatorios, los anexos, los formatos y el mecanismo de presentación.
En las convocatorias públicas, una candidatura puede quedar fuera por omitir un anexo, presentar una constancia incompleta o no acreditar correctamente una experiencia. La diferencia entre ser bachiller y contar con título profesional tampoco es formal: en los cargos de Analista y Especialista puede determinar la admisión misma. Del mismo modo, la condición de colegiado y habilitado debe estar vigente cuando lo exijan las bases, no solo haber sido obtenida en algún momento de la trayectoria.
La discrepancia entre las 18 vacantes anunciadas y las 17 que pueden identificarse en el desglose refuerza la necesidad de consultar el documento oficial. También conviene confirmar la ubicación exacta, las funciones, la duración contractual, la unidad orgánica, las etapas de evaluación y la forma en que se aplicará la remuneración y la gratificación. La información periodística permite conocer el alcance general, pero no reemplaza las bases del concurso.
El próximo desafío será retener el conocimiento
Si Osiptel logra cubrir las plazas con perfiles adecuados, el impacto más importante no se verá necesariamente en agosto. La supervisión de telecomunicaciones requiere continuidad: conocer expedientes, entender redes, comparar indicadores y acumular antecedentes. El personal que abandona la institución poco después de ser capacitado genera un costo doble, porque se pierde conocimiento y comienza nuevamente el proceso de selección.
Durante los próximos años, los reguladores enfrentarán una demanda creciente de especialistas en infraestructura digital, calidad de internet, despliegue de nuevas tecnologías, ciberseguridad y análisis de datos. La competencia con empresas privadas será intensa. Para atraer talento, el Estado necesitará combinar remuneraciones razonables con capacitación, líneas de carrera y contratos suficientemente previsibles.
El riesgo final es que la convocatoria sea evaluada solo por el sueldo máximo de S/ 8.864. La cifra llama la atención, pero representa una sola plaza dentro de un conjunto donde predominan posiciones de entre S/ 3.364 y S/ 4.800. La verdadera medida del proceso será la transparencia de la selección, la correspondencia entre funciones y remuneraciones, la permanencia del personal y la capacidad de convertir los reclamos ciudadanos y la información técnica en una fiscalización efectiva. En un sector esencial para la economía digital, contratar más personas importa; contratar a las personas adecuadas y conservar su experiencia importa mucho más.
