Albacete, 8 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado al Gobierno central la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para discutir el nuevo modelo de financiación autonómica antes de que se avance en una propuesta que, según él, surge del chantaje de los independentistas. Además, ha insistido en que primero deben aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para garantizar que el debate sobre recursos no quede supeditado a negociaciones particulares.
Contexto de la demanda autonómica
La petición se produce en un momento en que varias comunidades autónomas expresan reservas sobre la reforma del sistema de financiación. García-Page considera que una reunión de presidentes permitiría un diálogo directo y respetuoso con todas las regiones, evitando que el modelo se defina de manera unilateral. Ha recordado que el retraso de doce años en la actualización del sistema afecta especialmente a servicios esenciales como sanidad y educación en territorios con menor capacidad recaudatoria.
El presidente castellanomanchego inauguró este miércoles el Centro de Referencia de Alzheimer y otras demencias de Albacete, donde también abordó la cuestión presupuestaria. Subrayó que la igualdad entre comunidades debe preservarse y que cualquier privilegio otorgado a cambio de apoyos parlamentarios compromete el principio de equidad territorial consagrado en la Constitución.
Prioridad de los Presupuestos Generales
García-Page ha defendido que la aprobación de las cuentas estatales debe preceder cualquier negociación sobre financiación autonómica. De esta forma, según su criterio, se evitaría que el debate sobre recursos sanitarios y educativos se vea influido por exigencias de grupos independentistas durante la tramitación presupuestaria. El objetivo es que el Gobierno central demuestre que las decisiones sobre reparto de fondos responden a criterios objetivos y no a acuerdos puntuales.
El líder autonómico ha advertido que, si no se separan ambos procesos, la percepción pública podría ser que la igualdad entre territorios queda sometida a un mercado de apoyos políticos. Esta separación, en su opinión, dotaría de mayor credibilidad al conjunto de las negociaciones y permitiría evaluar con claridad si las propuestas responden a necesidades reales o a intereses coyunturales.
Posición de Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha, según García-Page, solo aceptará un modelo que garantice la igualdad y elimine privilegios. Ha denunciado que planteamientos presentados como progresistas puedan erosionar ese principio más que en etapas anteriores. El presidente ha pedido que el diálogo sea sincero y que todas las comunidades puedan expresar sus posiciones sin que el debate se limite a quienes buscan ventajas exclusivas.
En paralelo, ha alertado sobre la necesidad de proteger los servicios públicos frente a incrementos en gasto militar que podrían beneficiar principalmente a empresas estadounidenses. Aunque reconoce que la inseguridad tiene un coste elevado, considera que los presupuestos deben destinarse prioritariamente a mantener la calidad de la sanidad, la educación y los cuidados de larga duración.
Repercusiones en el debate territorial
La intervención de García-Page añade presión para que el Gobierno organice la Conferencia de Presidentes antes de cerrar cualquier acuerdo definitivo. Varias comunidades han manifestado posiciones similares sobre la necesidad de transparencia y participación colectiva. El retraso acumulado en la reforma del sistema de financiación ha generado tensiones que ahora se centran en la secuencia temporal entre presupuestos y reparto autonómico.
El planteamiento del presidente castellanomanchego busca situar el principio de igualdad como eje central de cualquier acuerdo futuro. De este modo, se pretende que las decisiones sobre recursos no dependan de mayorías parlamentarias puntuales ni de concesiones a demandas territoriales específicas.
