La Contraloría General de la República anunció una auditoría forense a Cable & Wireless Panamá y la reapertura de una investigación sobre Naturgy, en una decisión que vuelve a poner bajo examen dos empresas con participación accionaria del Estado y alta exposición pública por el costo y la calidad de sus servicios. El contralor Anel Flores adelantó la medida en una entrevista con TVN Noticias, donde cuestionó el beneficio que recibe el país de ambas compañías y sugirió que la revisión buscará establecer si la relación entre ingresos empresariales, dividendos y resultados para el Estado es proporcional.
En el caso de Naturgy, Flores centró sus críticas en el reciente giro de $9.87 millones al Estado por dividendos correspondientes a las utilidades de 2023. Contrastó esa cifra con el volumen de ventas atribuido a la empresa y con el nivel de quejas acumuladas por el servicio eléctrico. “Nos entregaron $9.8 millones en ventas de $1,000 millones, con un servicio pésimo, que todo el mundo se queja de ello”, dijo. También apuntó al endeudamiento de la compañía, al asegurar que, desde su llegada a Panamá, habría pasado de una deuda cercana a $90 millones a una superior a $1,000 millones, un salto que la Contraloría intentará explicar con documentos y trazabilidad financiera.
La presión sobre el negocio eléctrico
Naturgy opera en Panamá mediante EDEMET y EDECHI, distribuidoras que cubren a más de 750,000 clientes en Panamá Centro, Panamá Oeste, provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro. La empresa entró al mercado en 1998, después de la privatización del antiguo IRHE, y obtuvo el 51% de las acciones de ambas sociedades. El Estado mantiene participaciones relevantes, de 48.24% en EDEMET y 47.86% en EDECHI, por lo que cualquier variación en dividendos, deuda o rentabilidad tiene efecto directo sobre las finanzas públicas.
La auditoría llega además en un momento sensible para el sistema de distribución eléctrica. Los contratos vigentes de EDEMET, EDECHI y ENSA vencen en octubre de 2028, y la ASEP ya inició trabajos técnicos y legales previos al proceso que deberá definir la siguiente etapa de la actividad. La legislación contempla la venta del paquete mayoritario de acciones antes de que concluya el período vigente, lo que impide una renovación automática. En ese contexto, la revisión de Contraloría no solo apunta a hechos pasados, sino también al peso que tendrán estas compañías en la negociación del próximo ciclo regulatorio.
El debate se cruza con un problema más amplio: la electricidad sigue entre los servicios que más presionan el gasto de los hogares panameños, especialmente cuando hay ajustes tarifarios. Eso explica que el escrutinio sobre Naturgy no se limite a su contabilidad, sino a la calidad del servicio y a la percepción de que el retorno económico al Estado no guarda relación suficiente con el tamaño del negocio.
Telecomunicaciones bajo la lupa
La decisión sobre Cable & Wireless incorpora una carga política y técnica distinta. La Contraloría hará una auditoría forense, un mecanismo más profundo que una revisión ordinaria de cumplimiento, después de detectar situaciones que, según Flores, “no son del mejor agrado” ni estarían al servicio del país. El proceso deberá determinar si hubo irregularidades, y en caso de hallarlas, precisar su naturaleza y alcance. Entre los puntos mencionados por el contralor figura la presencia de Julio Spiegel, cuñado del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en cargos directivos de la compañía durante el gobierno anterior, un elemento que abre la puerta a revisar posibles conflictos de interés.
La relación de Cable & Wireless con el Estado se remonta a la privatización del antiguo INTEL en 1997. Entonces, la firma británica adquirió 49% de las acciones por $652 millones, mientras Panamá conservó otro 49% y el 2% restante quedó en manos de trabajadores. Ese modelo convirtió a la telefónica en una sociedad de capital mixto con participación directa del Gobierno. Con el tiempo, sus concesiones fueron renovadas, incluida la operación móvil, extendida por 20 años desde octubre de 2017 hasta 2037, con un pago aproximado de $100 millones al Estado por la renovación del derecho de concesión.
Las telecomunicaciones también han vuelto al centro del debate por los aumentos en varios servicios. En julio, la ASEP reconoció la preocupación ciudadana por los incrementos aplicados por las empresas, aunque recordó que la ley permite a los operadores fijar libremente los precios de sus planes. El regulador puede revisar el procedimiento previo a los ajustes, pero no tiene facultades para aprobar o fijar las tarifas al consumidor. A la vez, los registros de atención muestran el peso de Cable & Wireless en el sector: durante 2025, 4,520 usuarios acudieron a la ASEP por temas de telecomunicaciones y 45% de las atenciones clasificadas por prestador correspondieron a esa empresa.
El anuncio sobre Naturgy y Cable & Wireless se produjo mientras Flores detallaba otra auditoría, esta vez sobre la compra de computadoras portátiles por el Ministerio de Educación. En ese caso, la Contraloría revisa el pliego, la contratación, las condiciones de pago, las modificaciones posteriores y las especificaciones técnicas de los equipos, luego de las controversias que rodearon el proceso y la salida de Lucy Molinar del ministerio. Flores calculó que esa revisión podría concluir en alrededor de mes y medio. El cruce de auditorías refuerza una señal política clara: el órgano fiscalizador buscará convertir las denuncias públicas sobre servicios esenciales y compras estatales en hallazgos verificables, con impacto potencial sobre empresas y funcionarios.
