El Gobierno de Panamá autorizó la contratación de la firma internacional Wordstone Dispute Resolution por un máximo de 4.35 millones de dólares para representar al Estado en el arbitraje iniciado por Orla Mining ante el Ciadi. La medida busca defender al país frente a una demanda de aproximadamente 400 millones de dólares relacionada con el proyecto minero Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos.
Detalles de la contratación aprobada
La Resolución de Gabinete N.° 62 formalizó el acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el bufete especializado en disputas internacionales. Wordstone actuará como apoderado legal externo en el caso Ciadi ARB/24/27. El monto máximo de honorarios se fijó en 4.351.934 dólares, aunque podrían sumarse gastos adicionales cubiertos inicialmente por la firma y luego reembolsados por el Estado.
La firma ya había intervenido en etapas previas del proceso. Documentos del Ciadi confirman que Wordstone y su socio Eduardo Silva Romero representaron a Panamá en incidencias procesales desde 2025, lo que permitió una continuidad en la estrategia legal.
Origen de la controversia
Orla Mining reclama compensación por la no renovación de permisos para desarrollar una mina de oro a cielo abierto. La empresa canadiense afirma haber invertido alrededor de 120 millones de dólares en depósitos de oro y cobre, además de áreas de exploración que superan las 10.000 hectáreas. El reclamo se basa en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
La situación de Cerro Quema quedó afectada por el contexto regulatorio surgido tras las protestas contra el contrato de Minera Panamá a finales de 2023. El gobierno anterior aprobó la Ley 407, que estableció una moratoria indefinida para nuevas concesiones mineras. Orla sostiene que estas decisiones frustraron su inversión y generaron un daño indemnizable.
Avances procesales y disputas
El arbitraje ha registrado varias incidencias. En julio de 2025, Orla solicitó la recusación del presidente del tribunal, Yves Derains, alegando falta de independencia por sus vínculos profesionales con Silva Romero. Los otros dos árbitros, Horacio Grigera Naón e Ignacio Torterola, rechazaron la solicitud en septiembre de 2025 por falta de elementos suficientes y por presentación extemporánea de parte de los cuestionamientos.
Posteriormente, el tribunal extendió el plazo para que Panamá presente su memorial de contestación hasta el 11 de marzo de 2026. La resolución de enero de ese año exigía documentos, testimonios y posibles objeciones a la jurisdicción, lo que motivó la solicitud de tiempo adicional por parte del Estado.
Contexto más amplio y exposición fiscal
El caso de Cerro Quema se suma a otros arbitrajes mineros que enfrenta Panamá, aunque avanza de forma independiente. Mientras los reclamos relacionados con Cobre Panamá acumulan miles de millones de dólares, este proceso sigue su curso sin suspensión. La contratación de Wordstone representa poco más del uno por ciento del monto reclamado por Orla, lo que refleja la magnitud de los recursos que el Estado destina para defender su posición.
El resultado dependerá de si Panamá logra acreditar que las decisiones sobre Cerro Quema fueron legítimas y compatibles con sus obligaciones internacionales. El tribunal deberá evaluar si existió afectación indemnizable a la inversión canadiense o si las medidas respondieron a un marco regulatorio de interés público.
