El informe de TRACIT sobre vulnerabilidades en el comercio ilícito ha reavivado tensiones en torno a la Zona Libre de Colón. Panamá responde con datos de controles modernizados y volúmenes comerciales que minimizan la incidencia de delitos, mientras la organización internacional señala persistentes brechas en zonas francas y comercio electrónico.
¿Equilibrio entre motor económico y riesgos transnacionales?
La Zona Libre de Colón genera más de 25.000 millones de dólares anuales y emplea a miles de personas en logística y redistribución regional. Sin embargo, el 0,00042% de operaciones vinculadas a actividades ilícitas, según el gobierno, plantea una pregunta central: ¿cómo preservar ese flujo económico sin que las zonas francas se conviertan en puntos de entrada para contrabando y falsificaciones que afectan a toda Centroamérica?
El comunicado oficial enfatiza que la administración actual incorporó escáneres de última generación y cientos de cámaras, financiados en parte por Estados Unidos. Estas medidas redujeron casos detectados, pero TRACIT advierte que el contrabando de cigarrillos sigue representando hasta el 96% de ciertos productos de tabaco que transitan por redes ilícitas hacia Sudamérica.
Responsabilidades divididas y vacíos operativos
Una de las tensiones más claras radica en la distribución legal de controles. La Gerencia de la Zona Libre insiste en que la fiscalización de salidas hacia puertos o territorio nacional corresponde exclusivamente a la Autoridad Nacional de Aduanas. Esta separación, aunque jurídicamente correcta, genera espacios donde la trazabilidad se diluye cuando intervienen múltiples actores públicos y privados.
El encuentro entre Jeffrey Hardy, la gerente de la ZLC y funcionarios de Aduanas reveló que parte de las conclusiones del informe se basaban en datos de hace más de dos años. No obstante, el director de TRACIT reconoció avances recientes, ubicando a Panamá como segundo país de mejor desempeño en la región, aunque insistió en que la regulación de zonas francas sigue siendo la principal debilidad detectada en Centroamérica.
El peso del comercio electrónico en las nuevas vulnerabilidades
El crecimiento de envíos de pequeños paquetes desde Asia introduce un desafío distinto al modelo tradicional de contenedores. El volumen masivo de estas operaciones supera la capacidad actual de inspección aduanera, que requiere más personal especializado y tecnología de escaneo adaptada a paquetes individuales. Esta tendencia, aún en fase inicial en la región, amplifica el riesgo de falsificaciones que ingresan sin detección efectiva.
Desde la perspectiva del sector privado, las afirmaciones de TRACIT dañan la reputación internacional de un activo estratégico que sustenta el prestigio de Panamá como hub logístico. La administración de la ZLC sostiene que las publicaciones basadas en información desactualizada generan un impacto directo en la atracción de inversión legítima.
Perspectivas contrapuestas entre gobierno, organismo y operadores
El Ministerio de Relaciones Exteriores defiende una política de tolerancia cero y destaca la modernización tecnológica como prueba de compromiso. En contraste, TRACIT subraya que las zonas francas continúan representando un punto débil estructural en toda Centroamérica, independientemente de los avances puntuales en Colón. Los operadores privados, por su parte, priorizan la defensa del volumen comercial y rechazan cualquier narrativa que asocie el complejo con el crimen organizado de manera sistemática.
Esta divergencia de enfoques refleja intereses distintos: el gobierno busca mantener estabilidad diplomática y económica, TRACIT persigue estándares regionales más estrictos, y la gerencia de la ZLC protege su operación diaria frente a señalamientos que podrían afectar contratos y flujos de mercancías.
Riesgos futuros y ajustes necesarios
Si el comercio electrónico sigue expandiéndose sin una aceleración paralela en capacidad de inspección, el porcentaje de casos aislados podría aumentar y erosionar la narrativa oficial de mínima incidencia. Al mismo tiempo, la cooperación reforzada entre Aduanas y la Zona Libre, evidenciada en la reunión con Hardy, ofrece una vía para cerrar vacíos operativos que la división legal actual no resuelve por sí sola.
El verdadero desafío radica en equilibrar la modernización tecnológica ya implementada con reformas regulatorias que alineen responsabilidades compartidas. Sin ese ajuste, Panamá corre el riesgo de que informes sucesivos sigan destacando vulnerabilidades que, aunque no sean mayoritarias, afectan la percepción global de uno de sus principales motores económicos.
