El Gobierno de Panamá puso fin al régimen de precios máximos para los últimos cuatro alimentos que permanecían bajo control estatal: la carne molida de primera, el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco. La decisión, confirmada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, devuelve la fijación del valor de esos productos a la dinámica del mercado.
Con esta medida desaparece la última cobertura del sistema de topes aplicado a la canasta básica desde 2014. Los comercios ya no estarán sujetos a los precios máximos ni a los márgenes brutos de comercialización establecidos para esos bienes, de modo que los próximos movimientos dependerán de factores como los costos de importación, la oferta disponible, la competencia entre establecimientos y la evolución de la demanda.
El cambio afecta a cuatro productos, pero modifica una política completa
La decisión no representa únicamente la salida de cuatro alimentos de una lista administrativa. Marca el cierre de una política alimentaria que durante más de una década buscó contener los aumentos considerados desproporcionados en productos de consumo habitual. El esquema llegó a abarcar una parte amplia de los artículos esenciales para los hogares panameños y fue reducido de manera gradual mediante sucesivas prórrogas y modificaciones.
En 2025 todavía permanecían ocho alimentos bajo regulación. Las revisiones posteriores fueron recortando el alcance del mecanismo hasta dejar únicamente los cuatro productos anunciados. La eliminación del tope para el arroz formó parte de ese proceso y anticipó la decisión final: el Estado pasó de controlar una canasta relativamente extensa a retirar por completo los límites aplicados a los alimentos.
Una medida temporal que terminó convertida en una herramienta permanente
El origen del régimen se encuentra en el Decreto Ejecutivo n.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014. La norma fijó precios máximos de venta al por menor y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos, en un momento marcado por el aumento del costo de vida. Su propósito declarado era proteger a los consumidores de incrementos excesivos y corregir distorsiones que pudieran limitar la competencia.
La legislación concebía la intervención como una respuesta excepcional y temporal. Para activarla, debían existir condiciones capaces de impedir el funcionamiento eficiente del mercado, incluidas posibles prácticas monopólicas perjudiciales para los consumidores. El diseño original contemplaba una duración de seis meses; sin embargo, las extensiones y modificaciones mantuvieron el sistema vigente durante más de diez años.
La prolongación modificó el sentido político y económico de la herramienta. Lo que había sido presentado como una intervención de emergencia terminó funcionando como un mecanismo estable de referencia para determinados productos básicos. Esa permanencia alimentó una discusión que no se resuelve con la eliminación de los topes: si los controles frenan aumentos en el corto plazo, también pueden reducir los incentivos para competir, invertir o ajustar la oferta cuando los costos cambian.
El debate se traslada ahora del precio fijado al precio observado
Los defensores de los controles sostienen que los topes pueden proteger el presupuesto de los hogares, especialmente cuando los alimentos esenciales suben con rapidez y los ingresos no avanzan al mismo ritmo. Desde esa perspectiva, retirar la regulación puede aumentar la exposición de los consumidores a variaciones de precios y hacer más difícil la planificación del gasto familiar.
Las críticas, en cambio, se concentran en la duración excepcional del régimen y en sus posibles efectos sobre la competencia. Un precio máximo que no refleja los costos reales puede provocar ajustes en el tamaño, la calidad o la disponibilidad de los productos. También puede trasladar la presión a otros artículos no regulados. La eliminación permitirá observar con mayor claridad si la competencia entre proveedores es suficiente para contener los valores o si persisten condiciones de concentración capaces de generar aumentos injustificados.
Por esa razón, el retiro de los topes no equivale a la desaparición del problema que les dio origen. El resultado dependerá de la capacidad de las autoridades para vigilar prácticas anticompetitivas, mejorar la información disponible para los consumidores y detectar aumentos que no respondan a costos verificables. La liberalización de un precio solo produce mayor eficiencia cuando existe un mercado con oferta suficiente y reglas de competencia aplicables.
Los medicamentos seguirán bajo un modelo distinto
El fin del control alimentario tampoco significa que Panamá abandone toda intervención estatal sobre los precios. El país conserva un sistema específico para medicamentos de uso frecuente, basado en referencias de mercado y no en el mismo esquema de precios máximos utilizado para la canasta básica.
La Ley 419 de 2024 creó el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos y el Observatorio Nacional de Medicamentos. Ambas herramientas reúnen y analizan información para apoyar la negociación de compras públicas y facilitar el acceso de la población a tratamientos. La política prioriza los medicamentos destinados a enfermedades crónicas y busca reducir el peso que los gastos sanitarios representan para los hogares.
En septiembre de 2025, el Decreto Ejecutivo n.º 36 estableció referencias de precio para 51 medicamentos de uso frecuente. Posteriormente, el Decreto Ejecutivo n.º 7, fechado el 16 de abril de 2026, prorrogó esa regulación durante seis meses debido a las presiones sociales relacionadas con el costo de los tratamientos.
Panamá queda así con dos enfoques diferenciados: los alimentos que aún tenían topes pasan a regirse por el mercado, mientras determinados medicamentos mantienen referencias estatales. La diferencia refleja una nueva prioridad de la política económica: reducir la participación directa del Estado en la formación de precios generales, pero conservar instrumentos de intervención en sectores donde la necesidad, la cronicidad de los tratamientos y el limitado margen de sustitución pueden dejar a los consumidores en una posición especialmente vulnerable.
