Panamá endurecerá control del mercado eléctrico

El Gobierno de Panamá presentará un proyecto de ley, avalado por el Consejo de Gabinete, para corregir deficiencias del mercado eléctrico y elevar las exigencias a las empresas del sector. La propuesta contempla multas de hasta 20 millones de dólares, créditos automáticos para los usuarios afectados y mayores facultades de supervisión para la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

La iniciativa responde a reclamos persistentes por fluctuaciones de voltaje, interrupciones frecuentes y daños en electrodomésticos. Las distribuidoras deberán informar con mayor claridad, resolver las quejas dentro de plazos definidos y cumplir parámetros verificables de calidad. Cuando esos estándares no se alcancen, los clientes podrán recibir compensaciones conforme a la reglamentación.

Más sanciones y control operativo

El régimen sancionatorio se endurecerá y la ASEP podrá ampliar la fiscalización, aplicar cobros coactivos e intervenir temporalmente a compañías que incurran en faltas graves. Durante la intervención, un administrador externo asumirá la operación y deberá mantener independencia comercial del grupo supervisado por dos años. El costo de esa gestión será cubierto por la empresa intervenida.

El proyecto también incorpora una obligación de alto impacto social: las distribuidoras deberán electrificar zonas rurales que actualmente no son atendidas por razones de rentabilidad o falta de concesión. Según Zelmar Rodríguez, de la autoridad reguladora, esta medida podría llevar electricidad por primera vez a unas 150.000 familias.

La reforma exige además redes inteligentes, mejores sistemas de medición y estándares reforzados de transparencia. También busca evitar la concentración del mercado y hacer competitiva la venta de paquetes accionarios mayoritarios de las concesionarias. El reconocimiento de las inversiones dentro de la estructura de costos pretende generar incentivos para modernizar la infraestructura, aunque el resultado dependerá de la reglamentación, la capacidad de fiscalización y el financiamiento efectivo de la expansión rural.

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