La discusión sobre el uso de pantallas en niñas, niños y adolescentes suele concentrarse en una pregunta inmediata: cuánto tiempo pasan frente al celular, la tableta, los videojuegos o las redes sociales. En las escuelas, el debate ha derivado en restricciones, protocolos y llamados a recuperar la atención en el aula. Sin embargo, ese enfoque, aunque necesario, deja fuera una parte decisiva del problema: muchas pantallas no ocupan el lugar del juego por una elección pedagógica de las familias, sino porque ocupan el vacío que deja un sistema de cuidados insuficiente frente a jornadas laborales, traslados, tareas domésticas y calendarios escolares poco compatibles con la vida productiva.
La evidencia sobre los riesgos de una exposición temprana y prolongada es amplia. Estudios clínicos y de salud pública han asociado el uso intensivo de redes y contenidos digitales con alteraciones del sueño, dificultades de concentración, ansiedad, comparación corporal y menor interacción presencial. La relación no es mecánica ni afecta de la misma manera a todas las infancias: importan la edad, el contenido, la supervisión adulta, el contexto emocional y el tiempo desplazado de actividades como dormir, jugar, conversar o hacer ejercicio. Pero el consenso es suficientemente sólido para advertir que el dispositivo no puede convertirse en un cuidador permanente.
El dispositivo como respuesta a una ausencia
La pregunta relevante, por tanto, no es únicamente por qué una madre o un padre entrega un teléfono, sino qué condiciones hacen que esa decisión parezca la alternativa más disponible. Cuando una persona debe preparar alimentos, responder mensajes de trabajo, limpiar, trasladarse o resolver una emergencia sin apoyo cercano, una pantalla ofrece silencio, inmovilidad y entretenimiento inmediato. Es una solución de bajo costo aparente: no requiere inscripción, transporte, horarios ni otra persona adulta. En hogares con ingresos limitados, donde contratar cuidado privado es inviable y la oferta pública es escasa o tiene horarios restringidos, esa accesibilidad pesa más que cualquier recomendación abstracta sobre crianza digital.
El estudio citado de iADDICT Group apunta a una relación importante entre la falta de tiempo y recursos de las familias y los periodos prolongados frente a pantallas. También observa que el estrés cotidiano incrementa el uso de tecnología por parte de las madres. Esa conexión ayuda a desplazar el debate de la culpa individual hacia las condiciones materiales. No elimina la responsabilidad adulta de poner límites, elegir contenidos y acompañar el uso; explica, en cambio, por qué esa responsabilidad se ejerce de manera desigual. Pedir supervisión constante a quien trabaja diez horas, hace dos trayectos largos y llega a casa a resolver la cena puede ser correcto como principio, pero insuficiente como política pública.
La desigualdad aparece incluso dentro del mismo hogar. En muchas familias, las mujeres siguen absorbiendo la mayor parte del trabajo no remunerado: organizar consultas médicas, atender tareas escolares, cocinar, lavar, cuidar a personas mayores y responder a necesidades imprevistas. La pantalla puede funcionar entonces como un recurso para abrir una franja de tiempo mínima. El problema es que esa franja se multiplica: unos minutos mientras se cocina, otra hora durante una videollamada, más tiempo al final de la tarde mientras se concluyen pendientes. La suma diaria puede convertir una medida ocasional en una rutina estructural.
Calendarios que producen dependencia
La incompatibilidad entre el reloj escolar y el laboral es una de las raíces menos atendidas del fenómeno. Muchas escuelas operan aproximadamente de las ocho de la mañana a la una de la tarde, mientras que una jornada de oficina puede extenderse de nueve a seis, sin contar traslados. A ello se agregan vacaciones escolares cercanas a dos meses, frente a periodos vacacionales laborales mucho más cortos para buena parte de la población. No se trata de un desfase menor: es una brecha de cientos de horas al año que cada familia debe resolver mediante abuelos, vecinas, estancias, permisos informales, reducción de ingresos o dispositivos conectados.
Un caso cotidiano permite ver la cadena completa. Una trabajadora que sale de casa antes de las ocho deja a su hijo con un familiar; al terminar la escuela, el menor espera varias horas hasta que alguien puede recogerlo. Si el adulto cuidador también debe trabajar desde casa o atender tareas domésticas, el teléfono se convierte en un mecanismo para mantenerlo ocupado. Cuando esa rutina se repite durante meses, el contenido digital no solo llena el tiempo: reemplaza conversaciones, juego libre, actividad física y convivencia comunitaria. La consecuencia no es únicamente individual; se debilitan las redes informales de cuidado que históricamente compensaban las fallas institucionales.
La expansión del trabajo remoto tampoco resolvió por sí sola esa tensión. En algunos hogares redujo traslados y permitió mayor presencia física, pero también trasladó a la vivienda una exigencia de disponibilidad permanente. Una persona conectada a reuniones no necesariamente está disponible para acompañar a una niña o un niño. De hecho, el teletrabajo puede intensificar la paradoja: el adulto está en casa, pero necesita silencio y concentración para conservar su empleo. En ese escenario, restringir las pantallas sin crear alternativas puede aumentar el conflicto doméstico y profundizar la carga sobre quien cuida.
La escuela ante un problema que no empieza en el aula
Las restricciones escolares tienen una lógica comprensible. El teléfono interrumpe la atención, facilita el acceso a contenidos inapropiados, amplifica conflictos entre pares y puede exponer a estudiantes a acoso digital. Recuperar patios, conversaciones y clases sin notificaciones es una medida valiosa. Sin embargo, una prohibición aislada corre el riesgo de tratar el síntoma dentro de la escuela y dejar intactas las condiciones que impulsan el consumo intensivo fuera de ella. El alumnado puede pasar menos horas conectado durante la jornada escolar, pero volver a un hogar donde la pantalla sigue siendo la principal herramienta de espera y entretenimiento.
Además, la regulación debe evitar una contradicción frecuente: pedir desconexión a estudiantes mientras se digitalizan tareas, avisos, plataformas y evaluaciones sin considerar el acceso desigual. La alfabetización digital no equivale a exposición ilimitada. La escuela puede enseñar a distinguir publicidad, desinformación, manipulación algorítmica y riesgos de privacidad, al mismo tiempo que establece espacios sin teléfonos. Esa combinación es más sólida que presentar la tecnología como un enemigo absoluto o como una herramienta inevitablemente benéfica.
Para docentes, el desafío también es laboral. La pérdida de atención y las consecuencias emocionales asociadas al uso problemático de plataformas añaden presión a aulas ya saturadas. Cuando un estudiante duerme menos, llega irritable o tiene dificultad para sostener una actividad sin estímulos rápidos, el efecto repercute en el grupo entero. La respuesta no puede recaer exclusivamente en la maestra o el maestro, que suele ser la primera persona en detectar cambios de conducta, pero carece de tiempo, capacitación especializada y canales suficientes de atención psicológica o familiar.
Un mercado que convierte atención en valor
La discusión sobre cuidados también obliga a mirar el modelo económico de las plataformas. Buena parte de las aplicaciones populares se diseñan para prolongar la permanencia: reproducción automática, notificaciones, recomendaciones sucesivas y desplazamiento infinito reducen los momentos en que una persona podría decidir detenerse. En el caso de menores de edad, esa arquitectura entra en contacto con capacidades de autorregulación todavía en desarrollo. No basta con trasladar toda la carga a las familias cuando las empresas compiten por capturar tiempo y datos mediante sistemas que premian la atención continua.
Esto abre un campo regulatorio más amplio: configuraciones de privacidad protectoras por defecto, límites claros a la publicidad dirigida a menores, transparencia sobre algoritmos de recomendación y herramientas de control realmente utilizables. También exige cautela. Una regulación basada solo en la verificación de edad puede terminar recolectando más datos sensibles o excluyendo a adolescentes de espacios de información y participación. La pregunta de fondo es cómo proteger sin vigilar en exceso y cómo exigir responsabilidad empresarial sin convertir a las familias en administradoras técnicas de riesgos que no diseñaron.
Los cuidados como infraestructura social
La reciente Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México coloca el tema en una dimensión institucional relevante: cuidar no es una actividad privada sin consecuencias públicas, sino una infraestructura que permite estudiar, trabajar, enfermar, envejecer y criar. Su eficacia dependerá de presupuesto, coordinación, cobertura territorial y mecanismos de evaluación. Una ley sin centros accesibles, horarios extendidos, personal capacitado y servicios para distintas edades puede reconocer el derecho sin alterar la vida diaria de quienes enfrentan el desajuste de tiempos.
La experiencia de guarderías, estancias comunitarias, programas extraescolares y centros culturales muestra que las alternativas importan cuando están cerca, son seguras y tienen costos compatibles con el ingreso familiar. Un taller deportivo dos tardes a la semana, una biblioteca con actividades supervisadas o una escuela de jornada ampliada no sustituyen el vínculo familiar, pero reducen la necesidad de que el teléfono desempeñe funciones de niñera. También generan beneficios acumulativos: convivencia con pares, movimiento físico, apoyo escolar y detección temprana de problemas emocionales o de violencia.
La política de cuidados debe considerar que las necesidades cambian con la edad. Las primeras infancias requieren atención directa y especializada; niñas y niños en edad escolar necesitan espacios seguros durante las horas fuera de clase; adolescentes requieren oportunidades de autonomía, deporte, cultura y participación que no los empujen exclusivamente a la sociabilidad digital. Tratar a todas las edades con una misma solución reproduce vacíos. El acompañamiento adecuado no significa vigilancia permanente, sino condiciones para que la independencia se construya con opciones reales.
El costo de posponer la respuesta
Si el problema se aborda solamente con campañas de “menos pantalla”, es probable que la brecha social se profundice. Los hogares con mayor ingreso pueden pagar actividades extracurriculares, transporte, apoyo doméstico o cuidado privado; los demás dependerán más de recursos digitales baratos y disponibles. Así, una recomendación de salud que parece universal puede terminar funcionando como un privilegio de tiempo y dinero. La desigualdad digital no consiste solo en quién tiene conexión, sino en quién puede decidir cuándo no depender de ella.
A largo plazo, el riesgo combina salud mental, aprendizaje, empleo y equidad de género. Infancias con menos oportunidades de interacción presencial pueden enfrentar mayores dificultades para sostener vínculos, tolerar frustraciones o concentrarse en tareas extensas. Las personas cuidadoras, especialmente mujeres, pueden ver limitada su inserción laboral si deben compensar con trabajo no remunerado lo que no ofrecen las instituciones. Y las empresas asumirán costos indirectos en ausentismo, rotación y menor productividad cuando ignoren que la vida laboral depende de arreglos de cuidado funcionales.
Reducir la exposición dañina a pantallas exige límites domésticos razonables, educación digital y acompañamiento adulto, pero también horarios escolares compatibles, licencias suficientes, servicios de cuidado de calidad y reglas para plataformas que monetizan la atención infantil. La pantalla seguirá siendo una herramienta útil para aprender, comunicarse y entretenerse. El objetivo no es expulsarla de la vida cotidiana, sino impedir que se convierta en la respuesta automática a una falla colectiva: la falta de tiempo, recursos y apoyos para cuidar.
