La negociación salarial de la rama siderúrgica de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a quedar sin acuerdo tras una audiencia realizada este jueves en la Secretaría de Trabajo. La Cámara Argentina del Acero mantuvo su propuesta de incrementos escalonados y un pago retroactivo, mientras que los delegados paritarios del sindicato la rechazaron y formularon una contraoferta. El conflicto, sin embargo, ya no se limita a la distancia entre empresas y trabajadores: la seccional Villa Constitución cuestionó también la posición sostenida por los propios representantes sindicales.
La discusión corresponde a la rama 21, que agrupa a la actividad siderúrgica y arrastra una situación singular dentro de la UOM: hace dos años no se cierran aumentos mediante la negociación colectiva regular. La falta de una recomposición integral, sumada a la inflación acumulada y a la demora institucional que atravesó el gremio, elevó la presión sobre una mesa paritaria en la que las partes difieren tanto sobre los porcentajes como sobre la forma de calcular y consolidar los incrementos.
La oferta empresaria y el reclamo sindical
La Cámara Argentina del Acero, presidida por Federico Amos, de Acindar, propuso un aumento no remunerativo del 4% en agosto y otro 4% en noviembre. A esa oferta añadió una mejora remunerativa del 81,7%, a pagarse en febrero de 2027 y calculada sobre los salarios básicos de julio de 2024, además de un bono de 1.500.000 pesos por retroactividad. La estructura de la propuesta combina pagos inmediatos no incorporados al básico con una recomposición posterior, un punto que suele ser decisivo para los sindicatos por su impacto en aguinaldos, vacaciones, horas extras y futuros aumentos.
Los delegados paritarios de la UOM rechazaron esos términos y reclamaron un 8% no remunerativo sobre el salario neto de bolsillo para agosto, septiembre y octubre, seguido de otro 8% para noviembre y diciembre. Su planteo incluye el compromiso de incorporar esas sumas a los salarios básicos desde el 1 de enero de 2027. Aunque la demanda busca elevar el ingreso disponible en el corto plazo, tampoco supone una incorporación inmediata de todos los incrementos al básico, lo que expone el peso que tienen las restricciones empresarias y el atraso acumulado en la negociación.
Villa Constitución objeta ambas propuestas
La seccional Villa Constitución, conducida por Pablo González, tomó distancia de la propuesta empresaria y de la contraoferta sindical. Tras la audiencia, sostuvo que no aceptará ninguna de las dos alternativas. Según su cálculo, pedir un 8% desde agosto y otro 8% desde octubre llevaría el aumento acumulado al 95,10% sobre los salarios de junio de 2024, una cifra que considera insuficiente frente a la evolución esperada de los precios hacia diciembre.
La seccional comparó esa variación con una proyección de 106,62% del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y advirtió que persistiría una pérdida de poder adquisitivo. También cuestionó que la Cámara del Acero haya señalado que no reabriría la discusión para compensar una eventual inflación superior a los porcentajes acordados. La diferencia refleja una disputa sobre el criterio central de la paritaria: para Villa Constitución, un acuerdo debe contener mecanismos que eviten que el salario vuelva a quedar rezagado; para la representación que negocia, la prioridad parece ser destrabar una actualización después de un prolongado congelamiento.
Una negociación condicionada por la crisis interna
El trasfondo institucional explica parte de la demora. La negociación había permanecido paralizada porque la Secretaría de Trabajo no reconocía a los delegados paritarios designados por Alberto Biglieri, interventor judicial de la UOM. La situación se modificó tras un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló las facultades del interventor para participar en las paritarias y nombrar a sus representantes.
Biglieri fue designado luego de que la misma sala anulara, el 22 de mayo, las elecciones de la seccional Zárate-Campana y la elección nacional de autoridades de la UOM celebrada el 18 de marzo, en la que había resultado proclamado Abel Furlán. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González dispusieron una intervención por 180 días y ordenaron convocar a nuevos comicios bajo condiciones de transparencia y respeto de la libertad sindical. Los nuevos delegados paritarios responden a sectores enfrentados con la anterior conducción, por lo que la discusión salarial quedó atravesada por una reorganización política todavía abierta.
También se abre el frente metalmecánico
La Secretaría de Trabajo convocó una nueva audiencia para el próximo miércoles a las 14.30, con el objetivo de acercar posiciones en la rama siderúrgica. Un día después, a la misma hora, reunirá a los delegados de la rama 17, correspondiente a Mecánica, Electromecánica y Manufactura, y a las cámaras empresarias del sector. En ese ámbito participan, entre otras entidades, ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC y FEDEHOGAR.
La reunión virtual de la rama 17, realizada esta semana, también registró discusiones intensas. Los dirigentes de la UOM plantearon que deben compensarse entre 13 y 14 puntos de pérdida frente a la inflación. No trascendieron las cifras ofrecidas por las cámaras, pero fuentes sindicales indicaron que los representantes del gremio las desestimaron y presentaron una última contraoferta. Cerca del 60% de los trabajadores metalúrgicos percibiría un salario básico de 1.036.390 pesos, según esas fuentes, un monto ubicado por debajo de la línea de pobreza.
El último acuerdo salarial de la actividad, firmado en noviembre de 2025, contempló mejoras hasta marzo mediante sumas no remunerativas de 160.000 pesos y un incremento acumulado del 14%. Al no incorporarse esas sumas al básico, el desfase se profundizó. Las próximas audiencias pondrán a prueba no sólo la posibilidad de recuperar parte de esa pérdida, sino también la capacidad de la intervención de la UOM para construir una posición sindical común frente a empresas que, hasta ahora, no aceptaron mecanismos de ajuste ligados a la inflación futura.
