El encuentro de Julieta Ramírez Padilla con el grupo Mujeres que Transforman en Mexicali marca un momento concreto en el proceso interno de Baja California para definir la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. La senadora con licencia utilizó la reunión para escuchar experiencias directas de mujeres de distintos sectores productivos y sociales, en lugar de limitarse a discursos generales. Este formato de diálogo cercano contrasta con las giras tradicionales y revela una estrategia que busca anclar la narrativa de soberanía nacional en la vida cotidiana de las participantes.
Los testimonios recogidos durante la sesión destacaron retos comunes: acceso limitado a financiamiento para proyectos comunitarios, falta de espacios de formación técnica y tensiones entre responsabilidades familiares y participación política. Ramírez Padilla respondió señalando que la inclusión femenina constituye un pilar estructural del movimiento, no un complemento simbólico. La afirmación adquiere peso cuando se observa que el llamado “segundo piso” de la 4T se presenta como una fase de consolidación que requiere contacto directo con la ciudadanía para evitar que las políticas se queden en el nivel declarativo.
El impacto inmediato se percibe en dos niveles. Para las organizaciones de mujeres locales, el encuentro funciona como validación institucional que puede traducirse en mayor visibilidad y acceso a recursos dentro del proceso interno. Para el propio movimiento, representa un intento de ampliar la base de apoyo más allá de los círculos militantes tradicionales, incorporando voces que hasta ahora se mantenían en la periferia de las decisiones estratégicas.
La participación como variable estratégica
Uno de los puntos centrales que emerge del diálogo es que el fortalecimiento de espacios femeninos no es solo un imperativo de equidad, sino una herramienta para sostener la cohesión territorial del proyecto político. En Baja California, donde la competencia electoral suele ser cerrada, la capacidad de movilizar redes de mujeres en colonias y sectores productivos puede inclinar el balance en procesos de selección interna. Datos de participación en consultas previas de Morena muestran que las mujeres representan entre el 48 y el 52 por ciento de los asistentes en asambleas distritales, cifra que se mantiene estable desde 2018 pero que aún no se refleja en proporción equivalente en cargos de coordinación estatal.
Este desequilibrio sugiere que el encuentro en Mexicali busca corregir una brecha estructural antes de que el proceso de definición de la coordinación avance a etapas más cerradas. La apuesta implica un cálculo político claro: si las mujeres logran articular propuestas concretas sobre soberanía económica y desarrollo comunitario, su peso negociador dentro del movimiento aumenta de manera significativa.
Tensiones entre discurso y práctica
Distintos actores observan el proceso con reservas. Integrantes de organizaciones independientes señalan que los diálogos organizados por figuras con licencia legislativa pueden funcionar como filtros que priorizan lealtades sobre diversidad de opiniones. Por otro lado, sectores más cercanos al liderazgo estatal argumentan que la presencia de Ramírez Padilla garantiza continuidad con los principios originales del movimiento y evita que la coordinación quede capturada por grupos locales con agendas fragmentadas.
La controversia se concentra en el equilibrio entre participación genuina y control de agenda. Mientras algunas participantes valoran la oportunidad de exponer problemas cotidianos directamente a una figura con proyección nacional, otras advierten que sin mecanismos formales de seguimiento las propuestas corren el riesgo de diluirse una vez concluido el recorrido. Esta tensión no es nueva en procesos internos de Morena, pero adquiere relevancia particular en Baja California por la cercanía de la definición de la coordinación y la necesidad de proyectar unidad hacia la ciudadanía.
Escenarios de consolidación y fragilidad
De mantenerse el ritmo de encuentros similares en los próximos meses, es probable que la coordinación estatal incorpore criterios explícitos de paridad en su estructura operativa. Esto podría traducirse en la creación de comités temáticos liderados por mujeres sobre temas como economía solidaria, seguridad comunitaria y defensa de recursos naturales. Sin embargo, el avance depende de que las propuestas recogidas en Mexicali y otras localidades se conviertan en compromisos verificables y no queden como registro anecdótico.
El principal riesgo radica en la posible fragmentación si los distintos grupos de mujeres perciben que sus aportes no influyen en las decisiones finales. En ese escenario, la narrativa de soberanía nacional perdería fuerza movilizador y el proceso interno podría derivar en una disputa entre facciones más que en un ejercicio de construcción colectiva. La experiencia de otras entidades donde la participación femenina se limitó a actos protocolarios muestra que la desmovilización posterior afecta la capacidad del movimiento para retener apoyo en elecciones intermedias.
El encuentro de Mexicali, por tanto, no constituye un evento aislado sino un indicador del grado de apertura real que el proceso de coordinación está dispuesto a sostener. Su desenlace dependerá de si las palabras de Ramírez Padilla sobre diálogo permanente se traducen en estructuras que permitan a las mujeres influir de manera continua en la definición del segundo piso de la Cuarta Transformación en Baja California.
