El sistema de peajes que conecta la provincia de Buenos Aires con la Costa Atlántica ha experimentado ajustes periódicos desde la concesión de las rutas a empresas privadas a fines de la década de 1990. En ese entonces, el modelo de financiamiento se basó en la idea de que los usuarios cubrirían el mantenimiento y las ampliaciones mediante tarifas que se actualizaban según índices económicos. Con el paso de los años, las revisiones trimestrales se volvieron habituales, aunque su frecuencia y magnitud variaron según los ciclos inflacionarios y las políticas provinciales de infraestructura.
La Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura bonaerense aplica un incremento del 6,71 % a partir de julio, justo antes del receso invernal. Este ajuste se calcula mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria, que pondera un 55 % el índice de salarios, un 25 % el índice de precios internos al por mayor y un 20 % el índice de precios al consumidor. La fórmula busca reflejar los costos operativos de la concesionaria, pero también revela cómo la inflación acumulada desde febrero impulsa nuevas correcciones.
Las obras financiadas con estos recursos incluyen la repavimentación de la Ruta 2, la ampliación a tercer y cuarto carril de la autopista Buenos Aires-La Plata, y la conversión en autovía de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Desde 2024, el plan de intervenciones contempla 25 proyectos por un total estimado de 354 481 millones de pesos, que abarcan 786 kilómetros de vías bajo concesión de Autopistas de Buenos Aires.
El encarecimiento afecta directamente a las familias que planean viajes a Mar del Plata y Pinamar durante las vacaciones de julio. Un vehículo liviano que utilice la Ruta 2 pagará 7900 pesos en Samborombón y Maipú, mientras que quienes cuenten con TelePASE abonarán 7856,80 pesos. Estas diferencias, aunque pequeñas, se acumulan cuando se considera el flujo de miles de vehículos diarios en temporada alta.
Las localidades costeras dependen en gran medida del turismo para sostener comercios, alojamientos y servicios durante el invierno. Un aumento sostenido de los costos de acceso puede reducir el número de visitantes de ingresos medios, que representan una porción significativa del mercado. En Mar Chiquita, por ejemplo, la tarifa de 3700 pesos ya representa un desembolso adicional que algunos grupos familiares evalúan antes de decidir el destino.
El beneficio de tarifas bonificadas en días hábiles busca mitigar el impacto, pero no aplica en fines de semana largos ni feriados. Esta restricción genera un efecto de concentración del tránsito en periodos de mayor demanda, lo que puede derivar en congestiones y mayor desgaste de las vías recién intervenidas.
En paralelo, las autopistas porteñas aplican un criterio similar de actualización vinculado a la inflación más dos puntos. Los vehículos livianos en la 25 de Mayo y Perito Moreno pagarán 4613,65 pesos en horario normal, mientras que en las autopistas Illia y Retiro las tarifas oscilan entre 1922,15 y 2718,21 pesos según la franja horaria. Esta sincronía entre jurisdicciones refuerza la percepción de que los costos de movilidad urbana y regional avanzan de manera coordinada.
A largo plazo, la dependencia de los peajes para financiar obras puede limitar la capacidad de respuesta ante imprevistos climáticos o necesidades de mantenimiento no programado. Si las tarifas continúan ajustándose trimestralmente sin un mecanismo de compensación para sectores de menores recursos, el acceso a los destinos turísticos podría concentrarse en estratos de mayores ingresos.
La experiencia de otras provincias que han implementado sistemas de peaje electrónico muestra que la adopción masiva de TelePASE reduce la fricción en las cabinas, pero también exige inversiones constantes en tecnología y fiscalización. En el caso de la Costa Atlántica, la diferencia entre la tarifa básica y la bonificada con telepeaje es inferior al uno por ciento, lo que podría incentivar el uso del dispositivo solo si se amplían los descuentos en horarios de baja demanda.
El movimiento turístico invernal genera empleos estacionales en gastronomía, hotelería y transporte local. Una contracción del flujo de visitantes por efecto de los costos de peaje podría traducirse en menor recaudación para los municipios y en una menor capacidad de inversión en servicios públicos durante los meses de menor actividad.
Las autoridades provinciales sostienen que las obras en marcha mejoran la seguridad vial y reducen tiempos de viaje, beneficios que a futuro podrían compensar el aumento tarifario. Sin embargo, la percepción de los usuarios dependerá de la calidad de las intervenciones y de la ausencia de nuevos ajustes antes del verano.
La evolución de los índices que componen el CVT seguirá determinando la magnitud de las actualizaciones trimestrales. Si la inflación de salarios y precios mayoristas se mantiene elevada, los incrementos podrían repetirse en octubre y enero, prolongando la presión sobre los presupuestos familiares que planifican escapadas cortas.
