CIUDAD DE MÉXICO (apro.).- La inversión física del sector público se contrajo durante el primer semestre de 2026 y descendió a un nivel que no se observaba para un periodo similar desde los años más severos de la pandemia de covid-19. Entre enero y junio, el gobierno federal destinó 382.7 mil millones de pesos a obras, infraestructura y adquisición de bienes, en un contexto marcado por el aumento de la deuda pública y un margen presupuestario más limitado para la administración de Claudia Sheinbaum.
La cifra representa una disminución de 7.9% respecto del mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público citados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). También se encuentra por debajo de los 400 mil millones de pesos registrados un año antes y es considerablemente menor al máximo de 552 mil millones alcanzado en el primer semestre de 2024.
El retroceso se concentra en hidrocarburos
El principal factor detrás de la caída fue la reducción del gasto en infraestructura de hidrocarburos, área a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante los primeros seis meses de 2026, la empresa recibió 108.6 mil millones de pesos para este tipo de inversión, frente a los 143.5 mil millones ejercidos en el mismo lapso de 2025. La diferencia equivale a una contracción de 27.3%.
“La inversión física se ubicó en 382.7 mil millones de pesos, una caída de 7.9%. La contracción es enteramente atribuible a hidrocarburos —a cargo de Pemex—”, señaló el IMCO en su análisis. Bajo esta lectura, la reducción del gasto de la petrolera no sólo explica una parte importante del descenso general, sino que determina por sí misma el resultado negativo de la inversión física pública.
El comportamiento de Pemex tiene un peso específico en las cuentas públicas debido al tamaño de sus necesidades operativas y financieras. La compañía mantiene una amplia red de refinerías, instalaciones de procesamiento, ductos y plataformas que requieren recursos constantes. Por ello, cualquier ajuste en su programa de infraestructura puede modificar de manera significativa el total de inversión del sector público, aun cuando otras dependencias conserven o incrementen su gasto.
Una comparación que devuelve la cifra a 2021
Los 382.7 mil millones de pesos reportados para el primer semestre de 2026 constituyen el nivel más bajo para un periodo enero-junio desde 2021, cuando se ejercieron 314 mil millones de pesos. En aquel momento, la economía todavía resentía los efectos de las restricciones sanitarias, la interrupción de cadenas productivas y la paralización de numerosos proyectos públicos y privados.
La comparación no implica que las condiciones económicas de 2026 sean idénticas a las de la emergencia sanitaria. Sin embargo, sí muestra que el esfuerzo de inversión pública se ha reducido hasta una magnitud que no se registraba desde aquella etapa. La diferencia es relevante porque la inversión física suele utilizarse como un indicador de la capacidad del gobierno para ampliar infraestructura, sostener la actividad constructora y elevar la productividad en el mediano plazo.
Las cifras disponibles corresponden a montos reportados en pesos corrientes. El dato proporcionado por Hacienda y el análisis del IMCO no detallan, en la información citada, un ajuste por inflación. En términos reales, es decir, descontando el aumento general de precios, la pérdida de capacidad de inversión podría ser mayor, aunque esa comparación requeriría una medición específica y homogénea.
Deuda y prioridades presupuestarias
El descenso ocurre mientras el gobierno enfrenta mayores presiones derivadas del servicio de la deuda y una menor flexibilidad para reasignar recursos. Cuando una proporción creciente del presupuesto se destina al pago de intereses, pensiones, transferencias y otros compromisos obligatorios, el espacio para financiar nuevos proyectos o acelerar obras se reduce.
En ese entorno, la disminución de la inversión de Pemex puede responder a una combinación de restricciones presupuestarias, prioridades financieras y ajustes en el calendario de proyectos. El dato semestral no permite determinar por sí solo si se trata de una reducción permanente, de retrasos en la ejecución o de una concentración del gasto en la segunda mitad del año. Para establecerlo sería necesario conocer el avance físico y financiero de cada proyecto, así como el presupuesto modificado y el calendario anual de la empresa.
También resulta relevante distinguir entre inversión aprobada e inversión ejercida. Un presupuesto elevado no garantiza que las obras se realicen en tiempo y forma, mientras que un gasto menor puede reflejar tanto una decisión de contención como problemas de planeación, licitación, permisos o capacidad de ejecución. El reporte citado se refiere al gasto destinado o ejercido durante el periodo, pero no ofrece un desglose suficiente para identificar cuál de esos factores tuvo mayor incidencia.
El impacto más allá del sector petrolero
La reducción de la inversión pública puede tener efectos distintos según la rama afectada. En el caso de Pemex, un menor gasto en infraestructura puede aliviar temporalmente las necesidades de financiamiento de la empresa, pero también limitar el mantenimiento y la modernización de sus activos si no existe una estrategia clara de priorización. En una compañía con altos niveles de endeudamiento y una operación compleja, posponer proyectos no elimina necesariamente los costos: puede trasladarlos hacia el futuro o incrementar los riesgos operativos.
Para la economía nacional, el menor gasto público en obras puede traducirse en una demanda más débil para empresas constructoras, proveedores de equipo y trabajadores vinculados con proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, una inversión más selectiva podría mejorar la eficiencia si los recursos se concentran en obras con mayor rentabilidad social y económica. La consecuencia final dependerá de la calidad de los proyectos que se mantengan, del cumplimiento de sus calendarios y de la capacidad del gobierno para evitar que el ajuste se convierta en rezago acumulado.
Hasta junio, los datos muestran una reducción clara y concentrada en hidrocarburos, pero no permiten anticipar por sí solos el resultado de todo 2026. La evolución del gasto en los siguientes meses, el desempeño financiero de Pemex y las decisiones presupuestarias de la administración de Sheinbaum definirán si la caída representa un ajuste temporal o el inicio de una etapa más prolongada de menor inversión pública.
