El presidente Gustavo Petro advirtió que la reforma tributaria que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella podría gravar los huevos con IVA, un producto que actualmente está exento. La declaración surge tras las observaciones de la Federación Nacional de Avicultores sobre el impacto que la simplificación fiscal podría tener en los precios de alimentos básicos.
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, confirmó que la nueva administración presentará un proyecto orientado a reducir la cantidad de tributos administrados por la Dian y concentrar el recaudo en IVA, IVA externo y renta. Gómez describió la iniciativa como una reforma sistémica destinada a simplificar el sistema y hacerlo más eficiente y controlable.
Advertencias del sector avícola
Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que la propuesta podría afectar tanto a pequeños y medianos productores como a los consumidores. Recordó que el pollo y los huevos representan el 65 % de las proteínas consumidas en Colombia y que cada colombiano ingiere en promedio 38 kilogramos de carne de pollo y 366 huevos al año. Según Moreno, cualquier incremento en los costos de producción se trasladaría directamente a los precios finales y afectaría los esfuerzos contra la desnutrición.
La posición de Fenavi se basa en el hecho de que los insumos para la avicultura, como el maíz y la soya, ya enfrentan variaciones de precio en el mercado internacional. Una carga tributaria adicional podría reducir los márgenes de los productores nacionales, muchos de ellos de escala media, y limitar la capacidad de mantener precios estables en la canasta familiar.
Reacción presidencial y contexto político
Petro comparó la situación con la reforma tributaria presentada durante el gobierno de Iván Duque, que generó fuertes protestas sociales en 2021. En su mensaje en X, el mandatario señaló que la nueva propuesta busca financiar el pago de intereses de la deuda con recursos provenientes del consumo básico de la población que trabaja. Recordó además que sus propias iniciativas de reforma, orientadas a gravar más a los sectores de mayores ingresos, fueron archivadas por las comisiones económicas del Congreso.
El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, defendió en su momento la decisión de archivar las reformas de Petro argumentando que el país atravesaba un momento inoportuno para aumentar la carga fiscal sobre las familias. Esta postura refleja una tensión persistente entre la necesidad de ampliar el recaudo y el temor a efectos inflacionarios o de contracción del consumo.
Implicaciones económicas y fiscales
La simplificación propuesta por el equipo de De la Espriella busca reducir la dispersión de normas y mejorar la capacidad de fiscalización de la Dian. Sin embargo, el traslado de la carga hacia el IVA plantea interrogantes sobre su incidencia en productos de primera necesidad. Aunque el IVA es un impuesto al consumo que puede aplicarse de forma general, la exención actual de los huevos responde a criterios de protección al acceso alimentario de los hogares de menores ingresos.
Analistas independientes señalan que cualquier modificación en la estructura del IVA requiere evaluar no solo el impacto recaudatorio inmediato, sino también los efectos en la cadena productiva avícola, que emplea a miles de personas en regiones rurales. Un aumento en el precio de los huevos podría tener consecuencias en los índices de inflación de alimentos y en los programas de alimentación escolar y subsidios nutricionales.
El debate también pone de relieve las diferencias de enfoque entre el gobierno saliente y el entrante. Mientras Petro priorizó la progresividad fiscal, la administración de De la Espriella enfatiza la eficiencia y la simplificación. La discusión en el Congreso determinará si se mantiene la exención de ciertos alimentos básicos o si se introduce un esquema de gravamen compensado con otras medidas de alivio para los productores.
La reacción de Petro subraya además el rol que el progresismo podría asumir como oposición en los próximos años, vigilando que las políticas fiscales no erosionen el acceso a productos esenciales. El resultado de esta reforma dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para articular un proyecto que equilibre las metas de recaudo con la protección del poder adquisitivo de la población.
